«El martes me echan a la calle con mis hijos; ya he llamado a veinte pisos y no me alquilan»

«El martes me echan a la calle con mis hijos y no tengo adonde ir; ya he llamado a veinte pisos y no me alquilan». Casi entre lágrimas, Belén Giménez, una madre de familia con dos menores al cargo (de 11 y 16 años), contó ayer que será desahuciada de su vivienda de alquiler en La Tenderina el próximo martes 4 de junio. Lo hizo frente a la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado, durante una concentración de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Oviedo. Allí Manuel Carerro, miembro del colectivo, denunció que el Ayuntamiento y el Principado «han denegado a la familia el acceso a una vivienda pública, recomendando la búsqueda de otra en el mercado libre, pero no la encuentran».

No obstante, desde la consejería advirtieron que «en este caso, la familia que va a ser desahuciada ha recibido una propuesta de solución habitacional, que ha rechazado, y que es la que los profesionales de Servicios Sociales han visto como más adecuada una vez analizadas sus circunstancias personales».

Según la PAH, los «únicos» ingresos de la familia ascienden a 750,49 euros al mes, «correspondientes al Salario Social Básico y otras ayudas sociales menores que apenas les permiten hacer frente a los gastos básicos de alimentación, y que les sitúa en el grupo de las más de 20.000 familias asturianas en situación de pobreza severa». «En Oviedo no se ha construido una sola vivienda de protección (VPO) en cuatro años», manifestó Carrero.

La concejala de Atención a las Personas en funciones, Marisa Ponga, explicó que «en todos los casos en los que se puedan producir situaciones de lanzamientos operamos conjuntamente y con muy buena coordinación los Servicios Sociales municipales, la consejería y los juzgados».

Por su parte, el TSJA informó ayer que el Jugado de Primera Instancia número de Oviedo «ha cumplido absolutamente todos los protocolos vigentes al respecto de este desahucio». De hecho, explicaron, «el caso es un desahucio de una vivienda de alquiler por impago de la renta, del que fue suspendido un anterior lanzamiento, precisamente para la valoración de manera absolutamente precisa de la situación de vulnerabilidad de la familia afectada».