Los sidreros piden diez mil euros a los vecinos por la paralización del mercado de la Gascuña
La actividad, prevista el primer domingo de cada mes, suma tres informes técnicos municipales negativos, insisten los vecinos
ALBERTO ARCE
OVIEDO.
Lunes, 26 de noviembre 2018, 04:16
Los enfrentamientos judiciales entre la Asociación de Vecinos de Gascona e Indalecio Prieto y las sidrerías hicieron que a finales del pasado mes de agosto el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 paralizase de forma cautelar el mercado de la Gascuña, una iniciativa apuntada en el calendario cada primer domingo de mes con treinta y cinco puestos de productores de proximidad y artesanos, y la animación de grupos folclóricos. Ahora, tras el recurso de los sidreros, los tribunales obligan a los vecinos a abonar una fianza de diez mil euros «por los posibles perjuicios económicos» que pudiera traer la medida, aún sin sentencia firme, para los establecimientos hosteleros de la zona: trece sidrerías.
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«El mercadillo es solo uno de los muchos problemas que provocan las sidrerías, con sus eventos, en el marco de la calle Gascona; no obstante, esto no es una batalla personal, solo buscamos que se cumplan las ordenanzas en materia de Seguridad Ciudadana», comentó Germán Abad, presidente del colectivo vecinal, en declaraciones a este periódico. Y añadió: «La iniciativa cuenta con tres informes desfavorables del Ayuntamiento de Oviedo; de la sección de Comercio, de la Polícia y de Infraestructuras».
El área de Ana Rivas determinó que «ya que no se garantizan las condiciones higiénico-sanitarias exigidas», y basándose en los otros dos documentos, «esta actividad no es autorizable», según reza el texto. Previamente, la Concejalía de Seguridad Ciudadana ya había asegurado que «este tipo de eventos suponen la total ocupación de espacios solicitados con los consiguientes efectos para residentes, accesos y salidas de garajes, y vehículos de emergencias».
Sin embargo, los vecinos se encuentran en estos momentos ante una «encrucijada» económica, y la cuantía a abonar, que en un principio había sido solicitada en noventa mil euros por los hosteleros, es «desmesurada». «Nosotros no tenemos diez mil euros para afrontar una fianza de ese tipo, somos una asociación sin ánimo de lucro cuyo único objetivo es velar por el bienestar y los derechos de los residentes de la zona», afirmó su presidente. Aun así, «estamos estudiando las opciones» y, según explicó, existe la «posibilidad» de entregar un aval bancario para cubrir los posibles riesgos y gastos del requerimiento.
Otro «entendimiento»
Por su parte, Pedro Caramés, portavoz de la asociación de hosteleros de la calle Gascona, el Bulevar de la Sidra, admitió que «la suspensión cautelar del evento conlleva perjuicio para los artesanos». Expuso, a su vez, que los sidreros «consideramos que las personas que pretenden optar por la vía judicial, en vez de a través de un entendimiento negociado, deben experimentar que sus actos conllevan garantías, costes y consecuencias para otros». Además, también quiso destacar la «alegría» del colectivo al verse «tenida en cuenta» su petición de establecer una fianza, y que en estos momentos «solo» cabe una «prudente» espera ante las comunicaciones judiciales futuras.
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Según la asociación, «en la calle Gascona se dedican setenta días al año a actuaciones festivas», una cada cinco días de media. La Feria del Quesu, la de embutidos, los Cantares de Chigre, las distintas actuaciones musicales o la subida en madreñes son «problemas que aún esperan la cola», manifestó. «Eso sin contar los frecuentes atascos, las invasiones de la calzada por las terrazas, el ruido y la inseguridad», clamó.
Esta no ha sido la única demanda que los residentes han interpuesto al Ayuntamiento por «permitirlas». La otra petición por vía de lo contencioso, que en este caso no fue concedida por el juzgado, fue «la paralización cautelar de la Preba de la Sidra de 2018». No obstante, el «hecho» de que en esta ocasión no se haya «parado, no es obstáculo para tramitar el contencioso para otros años», pues, según Abad, el decreto por el que se aprobó la celebración podría ser «anulado».
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