Ángel González tiene ocho días para alegar contra el informe del letrado de la Junta

La polémica que rodea al portavoz parlamentario de IU, Ángel González, condenado a siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa, ha pasado del plano estrictamente político al institucional. La dirección de la coalición, presionada por el sector crítico y apremiada por las urgencias electorales, ya instó el lunes a González a dimitir de forma «inmediata». Y ayer fue la Junta General la que, a partir de un informe del letrado, inició el trámite para forzar su salida. El citado documento establece que la condena que pende sobre el diputado, aun no siendo firme, acarrea automáticamente la pérdida del escaño. El afectado tiene ahora ocho días para presentar alegaciones antes de que el asunto se derive al pleno de la Cámara para oficializar su inhabilitación.

El debate se mueve, pues, en ese doble plano. En el político las noticias fueron ayer escasas, después de la reunión de la Presidencia de IU del lunes en el que se acordó pedir a González su renuncia urgente al escaño, aparcando a más adelante la posibilidad de tomar medidas más contundentes. Y aunque continuaron los movimientos internos, no se produjeron novedades de relevancia. La dirección que encabeza Manuel González Orviz espera ahora a que el portavoz parlamentario mueva ficha, sobre todo después de lo acontecido en la Junta.

En la Cámara se reunió a última hora de la mañana su órgano rector, la Mesa, con todos sus integrantes -representantes de los distintos partidos y el presidente- conociendo ya el informe elaborado por los servicios jurídicos sobre la situación de Ángel González. El texto viene a explicitar lo que en los pasillos ya se barruntaba, más por sensaciones políticas que por certezas legales, en los últimos días. Que, atendiendo a lo que establece la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, González incurre en causa de incompatibilidad y, por tanto, está obligado a abandonar su escaño. Hay, eso sí, todo un trámite intermedio que cumplir.

El letrado sustenta su conclusión sobre el artículo seis de la citada ley, que establece que los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por una serie de delitos, entre los que tipifica aquellos contra la administración pública, que acarree una pena de inhabilitación para el ejercicio de cargo público, incurren en causa de incompatibilidad y, por tanto, no pueden ejercer como diputados. Ello aunque el afectado tenga margen para recurrir el fallo ante los tribunales, como González piensa hacer ante el Supremo.

«Condenado por delito contra la administración pública, el diputado Ángel González incurre en causa de incompatibilidad, aunque la sentencia no sea firme», reza el texto firmado de puño y letra por el letrado mayor de la Cámara, Alberto Arce. La declaración de incompatibilidad por el pleno de la Cámara, añade, «acarreará automáticamente la pérdida de la condición de diputado» del portavoz de IU.

Ese es el punto final, la discusión y votación del asunto en sesión plenaria, pero hay varias escalas previas. El proceso comenzó a moverse ayer concediendo a González un plazo de ocho días hábiles para que, por escrito, presente las alegaciones que considere oportunas. A partir de ahí, ya se ha convocado para el día 26 una reunión de la Comisión de Reglamento. Es el paso anterior al traslado al pleno de la Junta de la declaración de incompatibilidad del diputado de IU. Ahí, en una votación que no necesita de mayorías reforzadas, se consumaría en la práctica la inhabilitación.

Que todo este camino se llegue a recorrer depende de varias cosas. Sobre todo, de la actitud del afectado, que, al menos hasta el lunes, cuando habló por última vez, mantenía su voluntad de no renunciar al escaño por voluntad propia. En la cúpula de Izquierda Unida, que el lunes le exigió la dimisión, no tienen noticias en sentido contrario. González acudirá esta misma mañana al Tribunal Superior de Justicia de Asturias, el órgano que le condenó, para realizar los trámites previos al recurso de casación que presentará ante el Supremo. La voluntad de González es utilizar, según él mismo ha dicho, todos los recursos posibles en defensa de su inocencia.