No a los cierres exprés

Las declaraciones de Teresa Ribera, ministra de la Transición Ecológica, en las que afirmó que el carbón carece de futuro y las centrales térmicas «no tienen sentido» afectan de lleno a Asturias, una región con minas de carbón, cinco centrales térmicas, el principal puerto carbonero de España y tres de las cinco plantas industriales más consumidoras de energía de todo el territorio nacional. Javier Fernández manifestó que «no estoy en absoluto de acuerdo con la posición de la ministra y si esa fuera la posición del Gobierno tampoco estaremos de acuerdo con el Ejecutivo».

El desarrollo de las energías renovables no está en discusión. El asunto está en la secuenciación del cambio de modelo energético hasta llegar al horizonte del largo plazo en que la mayor parte de la energía será de naturaleza renovable. En el corto plazo los ideales tienen que compatibilizarse con la realidad. En la Unión Europea hay más de 300 centrales de carbón; Bélgica es el único país que carece de centrales. En Alemania, más del 40% de la energía generada proviene del carbón. En España hay 15 centrales de carbón. El exministro de Energía, Álvaro Nadal, declaró hace seis meses que el cierre de las centrales encarecería la factura eléctrica en más de un 26% anual en el mercado mayoritario. Solo con el cierre de las centrales de Lada y Velilla, anunciado por Iberdrola, ya se encarecería en 2,5 euros el recibo mensual de la luz. Las posiciones de la ministra, una persona especializada en la reducción de emisiones de CO2 a través de la negociación en foros internacionales, ya estuvo precedida de la posición del consejo asesor del PSOE para la transición energética en el que pedían cerrar las centrales de carbón antes de 2025, apoyados en la peregrina premisa de que su sustitución por fuentes renovables haría descender el precio de la electricidad.

Tal parece que el loable objetivo de evitar el efecto invernadero permite manipular el mix energético con desparpajo sin reparar en los costes que tendría para la economía española y para la industria. ¿Qué pasa cuando no sopla el viento y no hace sol? ¿Qué hubiese ocurrido con el suministro energético y con el precio de la electricidad en los primeros meses de 2017 cuando la elevada demanda colisionó con la parada de una parte de las centrales nucleares francesas y con los precios elevados del gas? Gracias al carbón las industrias españolas estuvieron alimentadas y los consumidores no tuvieron que hacer frente a una subida disparatada del precio.

Desde el Gobierno no se pueden hacer experimentos y menos en un tema tan sensible como la energía. Hay que evitar el supremo ejercicio de demagogia de anunciar a corto plazo el cierre de las térmicas de carbón, en paralelo al cierre de las centrales nucleares, como ha hecho el consejo asesor del PSOE, hace menos de tres meses, presidido por Teresa Ribera, actual ministra. El éxito de la lucha contra el cambio climático no puede venir acompañado del regreso a la Edad Media. En veinte países comunitarios se presentaron planes para cerrar las térmicas de carbón en 2030. Alemania todavía no ha movido ficha. En el pasado año, el carbón aportó el 17% de la generación eléctrica española, así que no estamos en condiciones de ir por delante del resto de países en la descarbonización. Asturias, tampoco. Más del 70% de la energía generada en la región procede del carbón, bien sea importado o autóctono. Contar con centrales térmicas cerca de las grandes industrias electrointensivas es una garantía de suministro y de reducción de costes de transporte. Los gobiernos de Asturias, Aragón y Castilla-León (las regiones productoras de carbón), junto con los agentes sociales, aprobaron un documento exigiendo mantener las térmicas hasta 2030 y reservar un hueco del 5% en el mix para el carbón autóctono. El Gobierno de Pedro Sánchez no puede dar la espalda a esas peticiones.