Los cambios que introduce la nueva ley del aborto

La nueva ley del aborto, cuyo anteproyecto aprobó ayer el Gobierno, incluye una baja para las mujeres que han sufrido una interrupción del embarazo, sea voluntaria o indeseada. La convalecencia, cuya duración fijará el médico, busca paliar situaciones con frecuencia incapacitantes tanto desde el punto de vista físico como anímico. Esta baja se suma a las otras dos ya desveladas, una incapacidad temporal especial pionera en Europa para mujeres con menstruaciones muy dolorosas y la instauración de un permiso prenatal retribuido.

La futura ley garantiza que la mujer que acude a abortar -sea el proceso quirúrgico o farmacológico- tendrá acompañamiento especializado y que las autonomías crearán centros de atención sexual y reproductiva que entregarán gratis la píldora del día después, un producto que se vende en farmacias a 20 euros.

Las prestaciones que creará la norma tendrán un coste de 104 millones al año, con el permiso prenatal (57 millones), la baja menstrual (24) y la baja por aborto (7,8) como gastos principales. Son 30 millones menos del cálculo inicial, pues no habrá supresión del IVA de compresas y tampones -que se cayó del borrador- como también ha desaparecido, en este caso por la oposición de Justicia, la habilitación a los jueces nacionales para perseguir a las parejas españolas que contraten los servicios de vientres de alquiler en otros países.

El texto puede sufrir alteraciones porque ahora recibirá las alegaciones del Poder Judicial, la Fiscalía y el Consejo de Estado antes de la aprobación final del Consejo de Ministros. Se usará la tramitación de urgencia para que entre en vigor a principios de 2023.

No varía los plazos establecidos por la ley de 2010. El límite para la interrupción voluntaria del embarazo son las primeras 14 semanas, pero permite la interrupción hasta la semana 22 si se dan malformaciones fetales o riesgo vital para la madre.

Revierte el cambio que el PP hizo en solitario en 2015. Las chicas de 16 y 17 años y las discapacitadas ya no precisan de permiso paterno para poder abortar.

Suprime el período de reflexión de tres días, el tiempo que por ley debía esperar la mujer antes de ratificar su intención de abortar. La solicitante dejará de recibir el sobre sellado con información sobre prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad.

El punto central de la nueva ley es que garantiza los abortos en hospitales públicos y deja las clínicas privadas como excepción. Para lograrlo, regula de forma más estricta la objeción de conciencia. Habrá un registro autonómico para que las autoridades organicen los servicios y se aseguren de que siempre hay un especialista que realiza las intervenciones. La objeción será individual, previa, por escrito e impedirá practicar abortos en la pública y en la privada.

La mujer tendrá derecho a que la interrupción se haga en el centro público preparado para ello más cercano a su casa, esté en su comunidad o en una vecina. Se pretende acabar con la actual falta de equidad. Muchas españolas han tenido que recorrer cientos de kilómetros porque donde viven no hay un solo centro que haga abortos. Solo el 21% de los casi 90.000 abortos son en hospitales públicos, el grueso es en clínicas concertadas. En nueve provincias nunca se ha practicado un aborto y Madrid no los realiza en ninguno de sus 38 hospitales públicos.

Un nuevo teléfono específico y gratuito, tipo 016, informará a las embarazadas que lo demanden, les ayudará a elegir método abortivo, las dirigirá al hospital o centro indicado y les dirá dónde acudir y qué hacer si les pone trabas.

La ley garantiza la financiación pública de todos los métodos anticonceptivos hormonales (pastillas, parches, anillos o dispositivos intrauterinos), con preferencia de última generación, y la píldora del día después se entregará de forma gratuita en centros de salud y de planificación familiar. Se fomentará el uso de anticonceptivos masculinos.

El anteproyecto, al final, mantiene la 'tasa rosa'. No habrá supresión del IVA de los productos de higiene femenina. Llegará en 2023, augura Montero.

Crea un permiso laboral específico y retribuido para que las mujeres que sufren menstruaciones muy dolorosas e incapacitantes vinculadas a patologías puedan descansar esos días en sus casas. Para evitar discriminaciones, los días de baja serán sufragados por completo por el Estado. No fija número de días concreto.

Todas las embarazadas tienen garantizado por ley un permiso remunerado desde la semana 39 de gestación hasta el parto. Este permiso ha menguado durante la negociación gubernamental. Igualdad lo pedía desde la semana 36. Al final, las embarazadas tendrán de media una licencia de una semana en vez de las cuatro que se barajaban inicialmente.

La gestación subrogada es una práctica ilegal en España que ahora pasa a definirse como «explotación reproductiva» y como un acto de violencia contra la mujer. Se prohibirá y sancionará la publicidad de los intermediarios (agencias, clínicas y abogados) que burlan la ley poniendo en contacto a españoles con vientres de alquiler en el extranjero y gestionando el proceso.

El texto incluye también explícitamente como formas de violencia contra la mujer, prohibidas y perseguibles en España, la esterilización forzosa de mujeres con discapacidad y el embarazo y aborto forzados

Establece protocolos de buenas prácticas médicas en todas las etapas del embarazo, especialmente en el parto y el postparto, procesos en los que en todos los casos se deberá recabar el consentimiento informado de la embarazada o parturienta, que será quien decida qué procedimientos autoriza y cuáles no. Por contra, se perseguirán las malas prácticas ginecológicas y obstétricas como el abuso de cesáreas o de episiotomías.