Una red de feministas pide la dimisión de Irene Montero y critica su gestión

En un hipotético caso, ¿un agresor enjuiciado por violencia de género se podría declarar mujer ante el tribunal para que se retire el agravante de machismo? Según una red de varias organizaciones feministas puede pasar si se aprueba la «ley de autodeterminación sexual» (la llamada 'ley trans'). «Afecta a la ley contra la violencia de género y dejará aún más desprotegidas a las víctimas», afirma Beatriz San José, miembro de Vanguardia Feminista y portavoz de Confluencia Movimiento Feminista, en una rueda de prensa para hacer «balance al primer año de gestión del Ministerio de Igualdad».

Este futuro distópico podría suceder si «la noción de mujer se diluye», prosigue San José, que dice representar a unas 50 asociaciones bajo el paraguas de la confluencia, más otras organizaciones feministas por la abolición de la prostitución que no se han integrado a la plataforma. «Hay leyes que están específicamente hechas para proteger a la mujer. Si se diluye el concepto de mujer, para qué van a servir».

El «balance negativo» del Gobierno de Pedro Sánchez, al que han enviado una carta exigiendo la dimisión de Irene Montero y la «reconducción» de su política, se basa sobre todo en la preparación de la ley de autodeterminación del sexo «porque cualquier hombre que diga que es mujer será considerado como tal a todos los efectos, accediendo a cuotas reservadas a mujeres». «Pone en jaque toda la normativa de igualdad en vigor», mantiene Dennyris Castaño, presidenta del Foro de Política Feminista de Granada.

Las feministas críticas con el Gobierno se muestran también preocupadas por las consecuencias que podría tener la 'ley trans' en los menores, al permitir, según aseguran, el cambio de sexo en niños y niñas, con bloqueadores de pubertad, por ejemplo, sin «siquiera un informe psicológico». Y piden, además, que se incluya un «criterio científico» en un «debate transparente».

Otro foco de enfrentamiento entre la red de feministas y el Ministerio de Igualdad está en la posición contraria del Gobierno a abordar una ley de abolición de la prostitución. La confluencia solicita «la aprobación de una ley abolicionista de la prostitución para erradicar la desigualdad y la violencia, que persiga al proxeneta y al putero». En este punto señalan como responsable directamente a la ministra. «Igualdad ya no es el ministerio de las mujeres», indica Castaño.

Frente a las palabras de la Confluencia Feminista, son muchas las voces que se alzan para defender a Irene Montero y la 'ley trans'. «Me parece muy problemático utilizar el feminismo para cuestionar derechos», opina Sara Combarros, de AMA Asturies. Con ella coincide Jessica Castaño, de la Asociación de Mujeres Divorciadas y Separadas. «A mí nadie me borra de ser mujer porque se apruebe una ley. Cuantas más mujeres seamos, mejor», considera. Para ella, pedir la dimisión de la ministra «está fuera de bolos» y el objetivo del feminismo debe ser «tender puentes y no buscar enfrentamientos».

Tampoco quieren esta dimisión en la plataforma Feministas d'Asturies, desde donde entienden que la propuesta de la 'ley trans' puede resultar «polémica», pero apoyan «los derechos y reivindicaciones de las personas trans» y consideran que «el feminismo debe incluirlas», dice Eva Irazu, su portavoz.

Mientras se desataba esta polémica, la ministra de Igualdad mantenía ayer una primera reunión de trabajo con la vicepresidenta Carmen Calvo, anterior ministra del ramo, para tratar «los textos de las leyes LGTBI y Trans, que iniciarán su trámite legislativo en la primera semana de febrero», según Igualdad.