Sanidad cede y abre la puerta a que las farmacias hagan test de covid

De hecho, la publicación de este documento hizo que el departamento de Salvador Illa se replanteara su tajante negativa a implicar a las farmacias, incluso después de haber garantizado poco antes por carta al Consejo General de Enfermería (CGE) que no iba a autorizar en ningún caso a hacer pruebas rápidas a los boticarios. Pero el toque de atención de Bruselas lo cambió todo. Y es que la Comisión Europea reclamó específicamente que se capacite a «operadores de prueba adicionales que no sean personal sanitario» para realizar test de antígenos, entre los cuales estarían los farmacéuticos, con el fin de «garantizar capacidades y recursos suficientes para el muestreo, las pruebas y la presentación de informes».

Este espaldarazo era el que precisamente el martes había pedido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que había reclamado el auxilio de Bruselas para poder llevar a cabo su plan de hacer millones de pruebas de antígenos a los madrileños aprovechando la red de las 2.900 farmacias de la comunidad con vistas a que las reuniones de Navidad no desemboquen en una tercera ola.

El propio Salvador Illa fue el encargado de anunciar el golpe de timón de última hora. Él mismo fue el que instó a las comunidades interesadas en hacer pruebas en las farmacias a que «hagan un plan y nos hagan saber qué quieren hacer y cómo lo quieren hacer. Qué personal y con qué medidas de seguridad van a hacer esos test. Y cómo van a vincular los datos al servicio de salud pública».

El ministro negó haber «cambiado de criterio», pero lo cierto es que Sanidad reculó de forma exprés tras el tirón de orejas de Bruselas, solo horas después de que sus responsables, entre ellos Fernando Simón el pasado lunes, hubieran insistido en todo tipo de foros en que su oposición a los test farmacéuticos era cuádruple: dudas sobre la fiabilidad de las pruebas de antígenos que en solo quince minutos dan resultados; temor a que las propias farmacias se puedan convertir en centros de contagios por la falta de protocolos; falta de formación de los boticarios en recogida y tratamiento de muestras; y posibles problemas a la hora de incorporar los datos de estas pruebas a las estadísticas oficiales, distorsionando las tablas en las que se basa la lucha contra la pandemia.

De hecho, hoy mismo, antes de que se conocieran las recomendaciones de Bruselas, la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, se mostraba especialmente reticente al uso masivo de los test de antígenos en las farmacias porque, dijo, podrían generar una «falsa seguridad» en la población. La número 2 de Salvador Illa es epidemióloga de formación y una de las voces que con más fuerza se oponían en el Gobierno al proyecto de Ayuso de intentar someter al mayor número de madrileños a pruebas en las boticas. Calzón reconoció que los test de antígenos han «aportado muchísimo» en la «estrategia de diagnóstico» pero solo para detectar casos de personas con cinco días de síntomas. Esta deficiencia podría provocar el «riesgo» de numerosos «falsos negativos» y causar una «falsa tranquilidad» que lleve a no cumplir las normas básicas de distanciamiento, lavado de manos o el uso de mascarillas, entre otras.

Las iniciales reticencias de Sanidad a dar luz verde a la petición de Madrid, en cualquier caso, no habían hecho mella en los responsables del Gobierno de Ayuso. El viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, anunció este miércoles que la Comunidad de Madrid tendrá una «estructura de testeo» de carácter «masivo» y «permanentemente» durante los próximos meses y dejó claro que solo pensaba en las farmacias como base para esa iniciativa.

«Es una red potente que puede aumentar esa capacidad de diagnóstico y sería una buena noticia para los madrileños disponer de esa red de 2.900 farmacias para los test», subrayó por su parte el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, quien dijo que «evidentemente habrá que buscar las condiciones de las farmacias que puedan realizar estas pruebas de forma segura». En esta línea, defendió que los farmacéuticos, «como personal sanitario», puedan hacer test de antígenos, porque su realización «no conlleva ninguna medida especial», más que «la protección que se ponen los sanitarios para hacer los test» y «la eliminación del producto en los contenedores amarillos», aunque «habría que revisar las características arquitectónicas de los locales».

Escudero, no obstante, puso en duda que, incluso recurriendo a las casi tres millares de boticas de la región, la Comunidad sea capaz de realizar test de antígenos a la totalidad de los 6,7 millones de habitantes de la autonomía, tal y como anunció el vicepresidente Ignacio Aguado, quien hoy insistió en que sí que lo ve posible. «Si no somos capaces de llegar a todos los madrileños antes de Navidad, habrá que preguntarle al ministro Illa por qué. Ya hemos perdido mucho tiempo en la pandemia», dijo hoy Aguado.