Más de 2.000 grandes dependientes perderán una de las prestaciones que reciben

Más de 2.000 asturianos considerados grandes dependientes perderán, desde el próximo viernes, una de las dos prestaciones que recibe. La reforma de la Ley de la Dependencia que aprobará ese día el Consejo de Ministros suprime la compatibilidad de prestaciones, situación en la que se encuentran en Asturias 2.017 personas, según figura en las últimas cifras publicadas por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). En una fecha aún sin precisar, estas personas deberán decidir con cual de las prestaciones que tiene quiere quedarse y renunciar a la otra. O, según explicó la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, pagársela de su bolsillo «o que la comunidad autónoma la pague».

Según pudo saber EL COMERCIO, la mayoría de los afectados por el recorte cuenta ahora mismo con ayuda a domicilio y centro de día -o centro de integración a la discapacidad si se trata de personas jóvenes- con lo que al renunciar a uno de ellos su atención pasará a depender, de nuevo, de sus familias. Tal y como explicó el vicepresidente del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) de Asturias, José Luis Crespo, «es volver a lo de antes».

Precisamente, el Cermi español dará a conocer hoy su posición respecto a este recorte, aunque ya avanzó su rechazo a la medida y anunció posibles movilizaciones. Algo que a Crespo no le es ajeno, ya que como también presidente de la Federación Asturiana de Personas con Discapacidad (Feaps) convocó el mes pasado la primera gran manifestación de la dependencia, en la que contó con el apoyo de otras entidades, como Cocemfe y Aspaym.

Unas quejas en las que también estarán acompañados por la Plataforma de Afectados por la Ley de la Dependencia en Asturias, fundada por el abogado Alberto Zurrón, que sólo encuentra como dato positivo en la reforma la universalización del asistente personal. «Esta medida llega tarde, pero es bien recibida, es una vieja aspiración con la que se cualifica la atención al dependiente y se fomenta el empleo».

Pero el resto, en su opinión, son medidas «demoledoras», como la moratoria a 2015 «para las personas con dependencia leve». Aunque otras comunidades han anunciado para descongelar la medida con fondos propios, como han hecho el País Vasco y Navarra, «dudo mucho que lo haga el Principado».

Morir esperando por la ayuda

También lamenta Zurrón la retroactividad de dos años para el cobro de prestaciones, ya que entiende que «encierra un peligro encubierto, porque pasamos de un plazo de resolución máximo de seis meses a dos años». El abogado asturiano reconoció que «mueve al desaliento», porque «no va a fomentar, precisamente, la tasa de reposición de los dependientes más graves. Sólo hemos de atender a las cifras insoportables de peticionarios que fallecen esperando la resolución de la Consejería de Bienestar Social».

Precisamente la titular del departamento desde junio pasado, la socialista Esther Díaz, reiteró ayer en una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno los datos adelantados ayer a EL COMERCIO. Advierte la consejera del «gran recorte» que suponen estas medidas. De hecho, para ella sólo son «la derogación, por fases, de la Ley de la Dependencia».

En su opinión, si se quiere fortalecer la ley y hacer más sostenible el sistema debe hablarse de su viabilidad, «es decir, de una financiación suficiente», pero, asegura, el Gobierno central plantea como solución el copago «que en absoluto la fortalece, sino que la debilita y por eso creo que el camino elegido es el de ir desmantelando poco a poco el sistema de protección».

Por el momento, el Principado está a la espera de conocer con exactitud la aplicación de la medida, ya que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad no ha traducido aún cómo se llevará a cabo la eliminación de niveles de cada grado de la dependencia, ya que cada uno tiene diferentes aportes económico. «Pero serán a la baja», adelantó.