El Principado califica el vertido de Aboño de «muy grave», con multa de hasta 2 millones

El Principado ha calificado como «muy grave» la infracción cometida por Hidroeléctrica del Cantábrico (HC Energía) por el vertido de más de diez toneladas de fuelóleo a la ría de Aboño el pasado 26 de junio, según informó ayer la consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Belén Fernández, durante su comparecencia en la Comisión de Fomento de la Junta General del Principado. La consejera apuntó que la sanción que conlleva esa calificación es de 200.001 a dos millones de euros, además de tener la obligación de restaurar todos los daños que haya producido el derrame y abonar las correspondientes indemnizaciones por los perjuicios sufridos por los particulares.

La de ayer fue una jornada dedicada por completo a este accidente en la Junta General, ya que previamente había comparecido el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, que en su intervención levantó la primera polémica del día. Martínez explicó que HC Energía sabía y no informó al Gobierno de que se había producido un vertido y que fue un particular quien alertó de ello, a las 8.50 horas, más de tres horas y media después de que se advirtiera del accidente en la central térmica. La consejera Belén Fernández explicó, no obstante, que la empresa había informado a las autoridades medioambientales del Principado a las 9.20 horas.

HC Energía explicó ayer a este periódico que «se informó nada más tener conocimiento del vertido» y es que la empresa indica que tardó ese tiempo en arreglar la fuga y recoger el combustible, pensando que sólo afectaba al interior de sus instalaciones. Pasó un tiempo hasta que los operarios advirtieron que el hidrocarburo se había vertido a la ría.

Proceso judicial

El Gobierno regional sopesa, por otro lado, ejercer la acusación particular por este accidente en el proceso judicial que se lleva a cabo en el Juzgado de Instrucción número uno de los de Gijón. En un principio, Belén Fernández, explicó a preguntas del diputado de UPyD Ignacio Prendes que «personarse en estos momentos no aporta nada. A lo mejor tenemos que paralizar la acción administrativa». Más tarde, ante la insistencia de los diputados, añadió que esperarán a tener toda la documentación y el pliego de descargos que presente HC Energía para que los servicios jurídicos estudien los documentos y tomen una decisión al respecto.

La puesta en marcha de las acciones judiciales y administrativas no serán obstáculo, sin embargo, para revisar la autorización ambiental integrada que el Principado otorgó a la central térmica de Aboño. La consejera de Fomento informó en la Junta General de que se exigirán a la empresa medidas adicionales a las incluidas en ese documento para evitar que sucesos similares puedan volver a producirse en un futuro. En concreto, Belén Fernández manifestó que «exigiremos un estudio de estanqueidad real de las redes de suministro de la central térmica y la construcción de una estación de medida para controlar los hidrocarburos».

Pescado y mariscos

El único rifi-rafe que se vivió durante la comparecencia de Belén Fernández lo tuvo la consejera con los diputados de Foro Asturias Albano Longo y Juan Ramón Campo. Éstos se interesaron por si se habían hecho los análisis necesarios para saber si los pescados y mariscos de la zona son aptos para el consumo -la Cofradía de Pescadores de Candás anunció que no volverán a faenar hasta el uno de agosto, debido a que no venden sus capturas-. La consejera eludió responder a esta cuestión y remitió a los diputados foristas a Sanidad Ambiental. Eso sí, no dejó pasar la oportunidad de acusarles de «querer infundir dudas» entre los consumidores y respecto a los análisis respondió que «no está la Administración para dilapidar medios». Ante esa respuesta, Juan Ramón Campo se preguntó bajo qué análisis «se ha decidido abrir las playas al baño».

En la fijación de posiciones tras el debate, los grupos de la oposición coincidieron en que HC Energía había tenido una actitud «negligente» y acusaron al Gobierno regional de mantener una «actitud pasiva» ante el accidente. La gestión de esta situación llevada a cabo por el Principado sólo recibió el respaldo del grupo socialista, cuyo portavoz, Fernando Lastra, quien aseguró que «hay grupos parlamentarios que quieren tener su 'Prestige'» y comparó la polémica política surgida en este asunto con la actitud de todos los grupos «el año pasado, con motivo del incendio de Valledor». Lastra reconoció que hay que acometer modificaciones técnicas y normativas y aseguró que «estamos aquí para valorar la actitud de la empresa», aunque no hizo comentario alguno al respecto. Eso sí, explicó que «Asturias es una comunidad industrial y quiere seguir siéndolo, con plenas garantías medioambientales».