La térmica de Lada abandona el Nalón

La semana pasada se dio a conocer una propuesta que sacudió la cuenca del Nalón y la comarca de Langreo en particular. Iberdrola solicitó permiso al Ministerio de Industria y Energía para cerrar su central térmica en Asturias, previsto para el 2021. La empresa energética comunicó también que la plantilla –90 trabajadores directos, sin contar a los de las subcontratas– serían recolocados en los trabajos para el desmantelamiento del complejo, así como en otras instalaciones de la empresa, aunque buena parte de ellos optarán por la prejubilación. Vecinos, políticos y sindicatos se oponen a esta decisión por el daño económico y social que puede causar esta clausura en todo el valle.

«Primero cerraron la minería y ahora esto. Quieren que nos quedemos todos en paro», comenta Iván González, vecino de El Entrego, en el concejo de San Martín del Rey Aurelio. Trabaja en el entorno de la central langreana y mira con pena todo lo que está sucediendo.

Muy cerca se encuentra Luis Díaz. Vive, desde 1950, en la barriada que está a escasos metros de la térmica. «Llegué aquí cuando inauguraron estas casas», señala. Este vecino recuerda que «la central siempre dio muchos problemas, por ruidos y por la suciedad que genera en el entorno, pero desde hace varios años –en 2016 Iberdrola cerró una de las secciones que más contaminaba– estaba más controlado. Nos llegaron a decir que cambiaría de sitio. Ahora queremos que se mantenga porque da trabajo a muchas familias de todo el valle del Nalón». Tres años después que Luis Díaz, llegó Antonio Casas a la barriada langreana. Corría el año 1953. Desde entonces, aquí sigue, ha sido testigo de grandes cambios, pero éste será el más duro. «Si finalmente se produce el cierre, no solo perjudicaría a las familias de los trabajadores de la térmica, sino también a los comercios de la zona», dice. Casas afirma que «hay mucha inquietud entre la gente. Cada vez es más habitual que se produzcan este tipo de decisiones sin contar con la población y sin dar explicaciones».

Por este motivo, asegura que «si se llevan a cabo movilizaciones para impedir el cierre de la térmica, nosotros participaremos y ayudaremos en todo lo que podamos». Junto a él estarán, sin duda, más voces vecinales. Es el caso de Josefa Albes. Es portuguesa pero lleva viviendo en Lada desde que tenía dos años y comparte la opinión de Casas. «Vine con mi familia. Mi padre trabajaba en Duro Felguera», cuenta. En su opinión, «esta decisión la sufrirá todo el valle, no solo aquí en Langreo». Josefa Albes vaticina que desmantelar la térmica causará estragos en toda la comarca. «Últimamente ya había poco trabajo y ahora nos encontramos con esto», dice.

Al igual que sus vecinos, Albes piensa que lo único que puede detener a Iberdrola de su marcha son las movilizaciones ciudadanas en defensa de la continuidad de la central. «Yo no tengo hijos, pero entre todos tenemos que mirar por las próximas generaciones para que, llegado el momento, tengan oportunidades para trabajar en la zona en la que viven y no tengan que irse fuera de la región, del país e incluso al extranjero. No nos podemos permitir que otra industria abandone el Nalón».

El alcalde de Langreo, Jesús Sánchez, será otro participante en las protestas. «La idea sería movilizar al mayor número de agentes sociales. Hay que intentar dar una respuesta contundente a la decisión que ha tomado Iberdrola. Yo asistiré y colaboraré en todo lo que pueda», comenta. El primer edil de Langreo se siente doblemente afectado con el anuncio de cierre. En primer lugar, porque perjudica al municipio donde gobierna y porque, en su caso, ha trabajado durante cuatro décadas en las instalaciones de la térmica de Lada. «Esta última semana enviamos una carta al Ministerio de Industria y Energía mostrando nuestro rechazo al cierre de la central. Siento orgullo de haber trabajado 40 años en la misma empresa, algo difícil de ver en el mundo laboral en la actualidad», destaca. Para el regidor langreano, «esta decisión de Iberdrola es una barbaridad. Es un final lamentable».

Jesús Sánchez sabe que los primeros que sufrirán el cierre son los propios trabajadores de la empresa. «A buena parte de ellos los recolocarán en otros lugares, pero otros, por temas de edad, no podrán continuar trabajando. Estamos hablando de que con la clausura de la térmica, se perderían en torno a 200 puestos de trabajo. La plantilla más los subcontratados de las auxiliares, los que se encargan de transportar el camión y de otras muchas labores que se realizan dentro del recinto», afirma. Pensando en ellos, asegura que «será una medida que afectará al municipio, al valle y también a toda la región, ya que son muchos los consumidores de la energía que generan estas instalaciones».

En cuanto a cómo afectará esta decisión a la economía del concejo, Sánchez lo tiene claro. «Tendrá un gran impacto. Estamos en una zona muy golpeada por el paro y la desindustrialización. El cierre de la térmica sería un golpe muy importante», confiesa, sin olvidar que «el comercio de los alrededores también lo sufrirá, dado que este tipo de negocios vive de la gente que viene a trabajar aquí. Si se va la central, también los trabajadores y estas tiendas no tendrán a quien vender».

La secretaria general del sindicato Comisiones Obreras (CC OO) en el Nalón, Esther Barbón, coincide con el regidor langreano en que «serán más de 200 puestos de trabajo los que se perderán. El valle entero se verá afectado. Iberdrola tiene un compromiso con la comarca, y con Langreo en particular, desde hace en torno a 60 años». En su organización consideran que «siempre se apostó por una transición energética justa, pero esto de justo no tiene nada. Para nosotros es un golpe de estado. Hace falta más consenso y una propuesta de futuro para las instalaciones».

Para Barbón, «la térmica tiene vida para quince o veinte años más. Nos oponemos de manera frontal a su cierre». Y advierte de que «hablaremos con vecinos, asociaciones, colectivos y partidos políticos para hacer un frente común y luchar para que estas instalaciones sigan operativas». A día de hoy, tanto partidos políticos como sindicatos y vecinos están pendientes de la decisión del Gobierno, que tiene la última palabra. Los trabajadores ya han salido a la calle.