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Depósitos a salvo. Un cliente utiliza un cajero el miércoles, tras el anuncio de la operación.
Los accionistas de Banco Popular preparan un aluvión de demandas por su dinero

Los accionistas de Banco Popular preparan un aluvión de demandas por su dinero

La UCE estudia emprender una campaña para reclamar por vía judicial la nulidad de los contratos de compra en la ampliación de capital de 2016

S. BAQUEDANO

Viernes, 9 de junio 2017, 03:26

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Los 305.000 accionistas de Banco Popular han perdido toda su inversión. La solución a la crisis de esta entidad financiera, vendiéndola al Santander por un euro tras cargar las pérdidas contra sus antiguos dueños e inversores, ha provocado mucho enfado. Los afectados, que en Asturias rondan los 6.000 inversionistas, ya han comenzado a moverse. Y también los despachos de abogados especialistas en demandas masivas.

Vallverdú Abogados, expertos en abusos de la banca, como las clásusulas suelo, ganaron la primera demanda de España por bonos convertibles del Banco Popular. A raíz de la ampliación de capital de la entidad financiera de 2012, por la que los inversores perdieron el 70% de su capital, comenzaron a llegar las demandas. Hasta cien casos están gestionando, y desde 2016 han ido ganando todas y cada una de las sentencias. Anteayer, nada más conocerse la compra por parte del Santander y la situación en que quedaban los accionistas, el despacho en Gijón recibió una docena de demandas. Rubén Cueto, socio director de Vallverdú Abogados, prevé «un conflicto judicial muy grande». Porque en este caso, a diferencia del de Bankia, se dan otros componentes, como el hecho de que la propia entidad concediera los préstamos para la compra de sus acciones, «algo totalmente irregular».

Además, entre los inversores que lo han perdido todo se encuentran importantes familias e instituciones, como el Opus Dei, que ya estudian tomar medidas legales. Pero también inversores más pequeños y trabajadores de la entidad financiera, la mayoría accionistas del banco, acabarán querellándose contra lo que Hermino García, califica de «expolio o robo». Este abogado asturiano, que es a la vez accionista de Popular y ex representante de Banca de UGT en Asturias, considera que «lo primero debe identificarse ahora es el ilícito y a los responsables, que son muchos». En este caso, reflexiona, «hay mucho desconocimiento porque se trata de la primera vez que se aplica el Mecanismo Único de Resolución por el que los accionistas pierden su inversión para evitar poner sobre la mesa ayudas públicas». «Habrá que analizar por qué la Unión Europea decidió abrir una subasta a las tres de la madrugada. ¿A quién se llamó? Esta operación parece más bien un acuerdo de amigos entre De Guindos y Botín para repartirse, nunca mejor dicho, el botín», critica.

Un caso similar al de Bankia

Apunta, por otra parte, a que no solo los accionistas del banco se han visto afectados. «También los planes de pensiones que tenían invertido en Popular, han perdido valor».

Pablo García Vallaure, de Vallaure Abogados, con despacho en Oviedo, considera que aún es precipitado para sacar conclusiones. «Hay muchas cosas que no se han explicado», resalta, para recordar que en el caso de Bankia «el fraude se descubrió a raíz de las querellas». A su juicio, «hay que distinguir entre los accionistas que adquirieron bonos u obligaciones convertibles en acciones, que lo han perdido todo y que tienen un claro recorrido judicial y pueden emprender acciones penales, de los accionistas que adquirieron los títulos en el mercado contínuo. En este último caso, habría que identificar previamente si su situación obedece a una gestión equivocada de la entidad financiera, a una posible alteración de cuentas o la propia situación del mercado».

Por otra parte, la Unión de Consumidores de Asturias (UCE) ya ha comenzado a recibir consultas, tanto de clientes con acciones o algún otro producto financiero y de trabajadores que formalizaron créditos para comprar un paquete de acciones en la última ampliación de capital, de junio de 2016.

Por ello, según su presidente, la entidad están analizando la viabilidad de iniciar una campaña para reclamar en vía judicial la nulidad de los contratos de compra de acciones de esa última ampliación de capital, por entender que «se falseó» la información sobre el nivel de solvencia del banco, «un caso similar a la salida a bolsa de Bankia», recuerda Alonso.

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