Zapatero solivianta a otras autonomías por reunirse sólo con Montilla y Chaves

Las reuniones 'discretas' de José Luis Rodríguez Zapatero y los presidentes de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, y la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, han agitado el patio territorial. Lo que surgió como un intento del presidente del Gobierno de aplacar los ánimos de las fuerzas políticas catalanas y evitar un polvorín en torno al debate de la financiación puso en pie de guerra a las comunidades autónomas gobernadas por el PP, e incluso obligó a reaccionar a varios gobernantes socialistas. El Ejecutivo defiende que los encuentros bilaterales no empecen un acuerdo multilateral, pero el primer partido de la oposición le acusa de querer cerrar «de espaldas al resto de los españoles» un sistema para todos.

Este es el discurso, entre otros, del presidente asturiano del PP. Ovidio Sánchez cree que el Gobierno prima la pretensión de Cataluña de tener una situación «privilegiada» y Zapatero «cede» ante los socialistas catalanes.

Ni el encuentro con Montilla sirvió para firmar todavía el «acuerdo político» con el que el Gobierno aspiraba a encarrilar las negociaciones ni la inclusión de Chaves valió para que las comunidades menos ricas interpretaran que también se las estaba teniendo en cuenta. La secretaria general del PP, María Dolores Cospedal, se mostró implacable. «No es de recibo que dos socialistas se sienten a estudiar la financiación autonómica, cuando es un tema que afecta a todas las comunidades autónomas». En la misma línea, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, aliado de Asturias en esta negociación, interpretó que el Ejecutivo aspira a alcanzar una «solución rápida» con Cataluña y Andalucía para imponerla «a capón» al resto.

Ovidio Sánchez va más lejos y expresa su temor ante el hecho de que se rompan principios como la igualdad o la solidaridad. «El Gobierno quiere propiciar un callejón sin salida para el resto de las comunidades», asegura el líder del PP asturiano.

La llamada de Zapatero a sus dos 'barones' obedece, en realidad, a una cuestión estratégica. Fue Cataluña la que abrió la espita de la negociación de un nuevo sistema durante el debate del 'Estatut'.

Al carro se sumaron luego el resto de las comunidades, pero es la que preside Montilla la que fija 2008 como fecha tope para cambiar el modelo de 2001. Y es su presidente el que se enfrenta a un problema de estabilidad política si el pacto no llega antes de que acabe el año. La urgencia de los demás obedece a razones económicas.

Entre los más interesados en modificar el modelo están, además de Cataluña, dos comunidades del PP que también se han resentido de las deficiencias del sistema vigente, Madrid y la Comunidad Valenciana, así como Baleares, gobernada por los socialistas. Pero, al margen de las coincidencias de criterio con su homólogo catalán, el presiente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, fue uno de los críticos con el encuentro de La Moncloa.

Ronda autonómica

El gobernante popular reclamó a Zapatero que abra una ronda de contactos con todos los presidentes autonómicos e instó a un encuentro sobre financiación entre el presidente del Gobierno y Mariano Rajoy. «Este asunto no se puede despachar con reuniones bilaterales y sin la transparencia que requiere», señaló. El jefe del Ejecutivo no está cerrado a mantener conversaciones con cada uno de los dirigentes regionales, aunque desde La Moncloa se apunta más bien a conversaciones telefónicas.

El Gobierno asturiano apela a la cautela. No considera adecuado tensar la cuerda como hacen otras administraciones y confía en que el trabajo hecho previamente surta efecto positivo. De momento, nadie oculta que esta semana se pueden producir nuevas reuniones que permitirían revitalizar el proceso y avanzar en un acuerdo que, a día de hoy, aseguran, «está aún lejos».

Otros socialistas también hicieron oír su voz. Dos socios de Asturias como Galicia o Extremadura no han ocultado su inquietud por las últimas actuaciones del Ejecutivo central. El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, pretende reunirse en los próximos días con el presidente del Gobierno para hacer valer la necesidad de que en el nuevo sistema se tenga en cuenta la dispersión de la población y su grado de envejecimiento. Y el extremeño, Guillermo Fernández Vara, avisó de que a Extremadura «no la representa nadie que no sea su presidente», en alusión a las pretensiones de Andalucía de convertirse en garante de un acuerdo satisfactorio «a quince».