El Comercio

Una expropiación que «se inició sin fundamentos»

  • El informe insinúa una acción concertada entre expropiante y expropiado, en el que las decisiones erróneas «no son mera coincidencia»

Durante la expropiación de Villa Magdalena, «las decisiones más trascendentales» tomadas por ambas partes, expropiante y expropiada, Ayuntamiento y Comamsa, «no se han dejado al azar, ni son consecuencia de la casualidad o la mera coincidencia». Es la frase más dura del informe de la Universidad sobre el procedimiento. La que da a entender que los 63 millones de euros que ha pagado el Ayuntamiento por un palacete, que le costó 3,1 al expropiado, no son un error sino una actuación culpable y concertada.

Para llegar a esta conclusión, la Fundación Universidad de Oviedo repasa «los puntos de inflexión» del procedimiento -la decisión de expropiar, la urgente ocupación, la determinación del primer justiprecio, y la primera petición de retasación- y entiende que los pasos del Ayuntamiento y la expropiada no fueron casuales. Vincula así el parón que sufre el expediente entre finales de 1997 y mediados de 1998, cuando el Ayuntamiento debería haber formulado su hoja de aprecio, con la entrada en vigor de la nueva Ley del Suelo, la que daría pie en pocas semanas a Comamsa a hacer cálculos del valor sobre el polígono fiscal -como marcaba la nueva norma- y no por el método residual, como se empeñó el Ayuntamiento con resultados nefastos.

Pero también señala como errónea la decisión misma de expropiar el palacete, «que se inició sin fundamentar suficiente y ponderadamente los intereses públicos en juego». De hecho, el único informe que decide acudir a la enajenación forzosa, de septiembre de 1996, alega que «se ha propuesto no otorgar la aprobación» de la modificación del PGOU que pedía Del Fueyo, porque chocaba con la que pedía el Tenis. Para la Universidad, el interés público brilla por su ausencia. Es más, no sabíamos para qué la queríamos. El concejal de Urbanismo, José Agustín Cuervas-Mons, admite en comisión esa semana, que no se ha hecho una valoración -«en el momento procesal (sic) oportuno la habrá», dice- y tampoco una previsión de uso del palacete, que «se decidirá también en su momento».

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