Asturias intenta reducir el ajuste «al mínimo» pero aumentará la deuda en 666 millones

Tan sólo cuatro días después de obtener el visto bueno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, la consejera de Hacienda y Sector Público, Dolores Carcedo, ha tenido que someter el plan de ajuste exigido desde Madrid a un nuevo examen, el de los diputados asturianos, durante su comparecencia en el pleno de la Junta para detallar el Plan Económico-Financiero de Reequilibrio 2012-2014. Ante el Parlamento, pormenorizó el contenido de un documento que, según dijo, pretende «repartir los efectos de unas restricciones excepcionales con la mayor equidad posible». El plan, que combina actuaciones sobre los ingresos y los gastos del Principado se compone de medidas que se aplicarán a corto y medio plazo con el objetivo, señaló Carcedo, de que «los ajustes afecten menos a quienes menos tienen». Por eso, ante las peticiones de austeridad que al Gobierno regional le exigen desde todos los flancos, la consejera se mostró rotunda: «Iré al mínimo ajuste necesario para garantizar el objetivo de estabilidad presupuestario. Nada más».

Aún así, Carcedo no se abstrajo de un marco restrictivo con el que no está de acuerdo, pero que obligará a reducir el gasto corriente del Principado en 130 millones con respecto a 2011, las inversiones en 326 millones y que, además, hace necesario un endeudamiento de 666 millones de euros.

Asturias, que ha pasado de unos presupuestos consolidados que se movían entre los 4.000 y 4.500 millones de euros a los 3.843 de este año, ha de hacer frente a un ejercicio, en su opinión, «excepcional». Porque si el año pasado la dinámica de gasto se situaba en un -3,64 % de déficit sobre el PIB, ahora hay que reducirla al -1,5%. Es decir, explicó la consejera, «debemos pasar a un déficit de -345 millones de euros desde uno de -843». Y todo esto, claro, en un escenario donde las arcas públicas han ido recibiendo cada vez menos dinero desde el inicio de la crisis.

Este fue uno de los temas en los que profundizó Carcedo. Aunque, a juicio de la titular de Hacienda, la economía asturiana «no participó en igual medida de los excesos de la burbuja inmobiliaria y se presenta ahora menos vulnerable a la terrible resaca de aquellos excesos», la situación es grave. Recordó, bien es cierto, que Asturias tiene una deuda del 9,7% del PIB, cuando otras comunidades rondan el 13,5% y que durante los cuatro años de crisis «ha demostrado capacidad para generar ahorro bruto positivo incluso en ejercicios tan difíciles como 2009 o 2010», por lo que está «en mejores condiciones» para soportar el ajuste. Pero eso no cambia el hecho de que se prevea una caída de 98 millones de euros en los ingresos de este año, con respecto a los de 2011. Aunque, justificó, sin las decisiones tomadas durante los últimos años que en su opinión amortiguaron el descenso, «el ajuste en el gasto debería incrementarse en 78 millones más».

La misma cifra, 78 millones, que el Principado pretende ganar a través de las medidas correctoras de los ingresos. La subida del IRPF a las rentas superiores a los 70.000 euros, el aumento del 10% del impuesto de Patrimonio en todos sus tramos, la duplicación del céntimo sanitario, la liquidación por sentencia de la cuenta sanitaria reclamada en 2002 o la venta de patrimonio -que incluye las sedes de la Administración regional en Bruselas y Madrid-, entre otras medidas, suponen más allá de los 78 millones previstos para 2012, casi 48 millones de ingresos para 2013; 52 millones, para 2014, y 65, para 2015.

Las acciones correctoras de los gastos incluyen el cumplimiento de los dos reales decretos aprobados por el Gobierno central y que suponen un recorte en la educación y sanidad españolas de 10.000 millones de euros. La consejera de Hacienda anunció ayer que la Administración regional recurrirá ante el Tribunal Constitucional dichas normas, después de que el Consejo Consultivo encontrase evidencias de que con ellas se habían violado las competencias autonómicas.

Los gastos

Pero, al margen de los reales decretos, el Principado ha tomado otras muchas decisiones para reducir las partidas de gastos. Entre ellas, la reestructuración de centros educativos, la racionalización del gasto farmacéutico, la ampliación de la jornada laboral a todos los empleados públicos o la supresión de 44 de estas plazas -medida, por cierto, fuertemente criticada por la oposición por insuficiente-, que supondrán en total un descenso en los gastos corrientes de 130 millones de euros y de 326 en los gastos de inversión. De estos, puntualizó Carcedo, «128 corresponden a proyectos que terminaron en 2011, cuyo nivel de inversión no se puede recuperar porque en este momento no existe capacidad presupuestaria para hacerlo». Hay una serie de inversiones, completó la consejera, que el Principado se ve obligado a reprogramar «por dos razones imperiosas». Se refería al propio plan de ajuste y al momento del ejercicio presupuestario en el que ya se está, iniciado el segundo semestre del año.

De ahí que el Gobierno haya solicitado al Parlamento su permiso para solicitar un crédito extraordinario, que figuraba en el crédito inicial de las cuentas de 2011, con la intención de salvar una mínima inversión en los presupuestos de este ejercicio.

Aparte de medidas ya anunciadas, como la supresión del IAE, la venta de acciones de la empresa Sedes o la venta de participación en Hoasa, Ditasa y Sociedad Inmobiliaria del Real Sitio Covadonga, la consejera no dio más detalles sobre su plan para reordenar el sector público. Advirtió, eso sí, que las actuaciones estarían orientadas a «eliminar duplicidades y mejorar la gestión, eficiencia y eficacia de los entes, empresas, fundaciones y organismos» que dependen de la Administración. Dijo que una ley del sector público recogerá las condiciones generales de las distintas unidades del sector público, regulando el número y retribuciones del personal, el número de miembros de los consejos o el régimen económico financiero.

Carcedo entiende, así lo hizo saber, el rechazo a estas medidas de «sindicatos, empresarios, grupos parlamentarios, ciudadanos, partidos y empleados públicos, a quienes se ha pedido ya demasiados esfuerzos». Pero pidió a todos un esfuerzo para «elevar la mirada y dirigir una visión de conjunto al escenario que compartimos». Porque la situación «lo requiere». La consejera zanjó su intervención, tajante: «No duden de un trabajo hecho con criterios de equilibrio y con sentido de la responsabilidad».