Explotados a 2,25 euros la hora trabajada

«En condiciones de trabajo lamentables». Así se encontraban, según el Cuerpo Nacional de Policía, cuatro ciudadanos de origen boliviano empleados en una imprenta en Tremañes. Carecían de contrato laboral, cotización a la Seguridad Social y material y vestuario de protección adecuado para la actividad de serigrafiado que desarrollaban. El empresario les pagaba 2,25 euros la hora.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado detuvieron a un hombre (E. F. M.) y a dos mujeres (M. C. V. D. y L. M. S. N.) acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores. El cabecilla, vecino de Gijón de 66 años, «había dejado deudas anteriormente en la Seguridad Social que ascendían a 40.000 euros». Según explicaron fuentes de la Comisaría de El Natahoyo, las deudas no pudieron ser cobradas y a consecuencia de las mismas, «para poder seguir facturando con aquellas empresas con la que el detenido tenía negocios, colocó como autónoma al frente de la empresa a otras de las arrestadas». «Es lo que se denomina 'mujer de paja', pues en realidad era una empleada que se había dedicado siempre a la limpieza y a la estética», añaden en el comunicado.

La tercera persona detenida es «la encargada del control de los trabajadores, pago de los mismos y supervisión de la producción».

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de noviembre a raíz de las denuncias interpuestas por la víctimas, quienes relataron a los agentes la situación insostenible en la que estaban trabajando. A la irregularización de su situación en la que se encontraban, se suma que carecían de material de protección, «quedando constancia que en la instalación de Tremañes se trabajaba con serigrafiado y la consiguiente emanación de vapores». Además, para «calentar la nave se utilizaba una turbina, que funcionaba con gasoil, cuyos gases se respiraban por los allí presentes, además del calor asfixiante que generaba en el ambiente».

Lesiones por trabajos

En su relato de lo ocurrido, los afectados narraban que «cuando no cumplían con el trabajo deseado por el detenido, eran obligados a realizar otro tipo de trabajos manuales que en algunas ocasiones generaron lesiones de carácter de carácter leve». La Policía añade que en determinadas circunstancias los trabajadores eran cedidos «como mercancía» para que desarrollasen actividades para otros empresarios, amigos del arrestado.

La jornada laboral habitual comenzaba a las ocho de la mañana y se prolongaba sin descanso hasta las cinco de la tarde. En total, nueve horas por 20,25 euros y una jornada exhausta. El detenido y las dos compinches se valían, supuestamente, «de la necesidad que se encontraban los ciudadanos bolivianos».

Las pesquisas llevadas a cabo por el Cuerpo Nacional de Policía de Gijón permitieron conocer el entramado que se había creado «para la explotación y el lucro por parte de los detenidos» de una empresa dedicada al trabajo con cartón, papel y artes gráficas.