El Principado alega que la Iglesia impone a los profesores de Religión

Aunque fueron el padre Chus y el Arzobispado de Oviedo quienes más expectación crearon en torno al juicio celebrado ayer por la mañana en el Juzgado de los Social número 1 de Gijón, lo cierto es que hubo una tercera parte implicada en el asunto del despido del sacerdote: el Gobierno del Principado. El abogado Pablo Rodríguez Porrón, encargado de defender la postura de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, rechazó ayer que ésta tuviese algún tipo de responsabilidad en la expulsión del profesor.

El letrado recordó que el padre Chus no accedió a la docencia sobre la base a criterios de méritos e igualdad, como ocurre habitualmente con el profesorado, sino por su condición de sacerdote, en virtud del acuerdo entre el Gobierno español y la Santa Sede de 1979. En ese sentido, Rodríguez Porrón recalcó que los nombramientos y ceses de los docentes que imparten Religión y Moral católica en los centros públicos de la comunidad autónoma asturiana «vienen impuestos».

«Me sorprendió»

«Me sorprendió muchísimo la actitud de 'ni pincho ni corto' que ha mostrado la consejería», manifestó el abogado del sacerdote, Viliufo Díaz, quien recordó que el Padre Chus, como es conocido, «está vinculado a la Administración del Principado y al Arzobispado por contrato laboral para prestar servicios a jornada completa como profesor», tarea que venía desempeñando en el Fernández Vallín y el Jovellanos.