El PP respalda al PSOE en la modificación del salario social para convertirlo en paga exprés

La modificación de la ley del salario social que pretende llevar adelante el Gobierno socialista y que busca convertir esta ayuda en una especie de paga exprés vinculada a planes de inserción, contará con el respaldo del PP. La diputada popular Victoria Delgado se mostró, «en principio», a favor de los cambios. «Nos parecen positivos; es algo que veníamos reclamando desde hace tiempo con el fin de desatascar la prestación», indicó. La parlamentaria se pronunció en estos términos tras asistir a la reunión del Consejo Asesor de Bienestar Social, donde la consejera del ramo, Esther Díaz, presentó la nueva disposición, un texto que el Gobierno regional deberá ahora llevar a la Junta General para su aprobación definitiva.

El Principado ha logrado recabar el apoyo del PP, pero no de IU. A expensas de hacer una valoración más minuciosa del documento definitivo dado a conocer ayer, Noemí Martín adelantó que los cambios propuestos por el PSOE «suponen un claro retroceso de la ley del salario social e IU no los va a apoyar». Entiende la parlamentaria de la coalición que el Principado dispone de herramientas suficientes para agilizar la tramitación de las ayudas «sin que tenga que introducir modificaciones sustanciales que perjudican la actual ley». En este sentido, recordó que desde julio pasado, tras la incorporación de 15 técnicos, la consejería dispone de un equipo de 51 personas para la tramitación de las peticiones, lo que unido «al nuevo programa informático», permitiría agilizar, y mucho, el proceso. Martín ofrece datos y asegura, a modo de ejemplo, que el pasado mes de febrero, cuando había menos técnicos y aún no se disponía de la nueva herramienta informática, se tramitaban 1.500 solicitudes, de las que 400 correspondían a revisiones. «Si quisieran, es decir, si invirtieran más dinero, en menos de seis meses podrían resolver el atasco del salario social» en el que actualmente se encuentran inmersas 5.000 personas.

La pretensión del Principado, tal y como avanzó EL COMERCIO, es desbloquear esos 5.000 casos atascados y a la espera de saber si pueden ser acreedores a esta renta básica a la que tienen derecho todos los asturianos que no perciban más de 530 euros mensuales. Para ello, propone modificar la actual ley de manera de introducir una vía de urgencia para que el salario social se abone en «un plazo máximo de dos meses desde la presentación de los documentos y acreditaciones mínimas para ser perceptor». Esta especie de paga exprés, que se tramitará por la vía excepcional, tendría que ser autorizada por el Consejo de Gobierno y, en principio, tendría una duración de doce meses, «prorrogable por otros tantos más». Bienestar Social aclara, llegados a este punto, que «esta limitación temporal que se establece sólo para el trámite de urgencia y en ningún caso afectará a la duración de la prestación del salario social, que seguirá siendo indefinida como contempla la ley».

Más sanciones

Una vez concedida la ayuda por la vía rápida, el Principado tendrá que dictar la resolución definitiva en el plazo máximo de dos meses. Si la prestación recibe el visto bueno, Bienestar Social deberá abonar los atrasos correspondientes pero si el beneficiario incumple los requisitos «deberá devolver las cantidades abonadas».

Es esto, precisamente, lo que critica IU. «Hay un incremento de las sanciones», afirma. Hasta ahora, si el perceptor no cumplía los requisitos se le sancionaba de forma gradual, apartándolo de la prestación primero tres meses, luego seis, y finalmente, un año. Con la modificación propuesta por el PSOE y apoyada por el PP, «quien incumpla no podrá volver a pedir la ayuda en un año», alertó Noemí Martín.

Esther Díaz indicó, a través de una nota de prensa, que los cambios son necesarios para dar una respuesta eficaz al continuo incremento de las solicitudes, que ronda el 10% anual. Además, a lo largo de este año se han recibido, por término medio, 425 solicitudes cada mes.