Los concejos acusan a Montoro de buscar la «privatización» de los servicios públicos

El Ministerio de Hacienda debería preocuparse del déficit del Estado y despreocuparse de la situación de los ayuntamientos, que tienen superávit. Es el mensaje principal que envía el presidente de la Federación Asturiana de Concejos, Ignacio García Palacios, a Cristóbal Montoro, después de que el departamento que éste dirige haya remitido cartas a numerosos municipios españoles, al menos dos de ellos asturianos, reclamando el cierre de empresas y sociedades que considera en situación de desequilibrio financiero. Mieres -con la empresa de transportes- y Gijón -con hasta cinco entidades- se enfrentan a esa amenaza. García Palacios es muy crítico con la actitud del Ejecutivo que, recuerda, está en funciones.

Y lo es por muchos motivos. En primer lugar, porque en esa situación de 'interinidad' aplica una ley «muy controvertida», la ley de bases de régimen local que provocó en su momento los recursos de 3.000 ayuntamientos ante el Constitucional, que en varias sentencias ya ha tumbado algunos aspectos de la norma. En segundo lugar, porque en la actual situación política, el PP necesita del «diálogo y acuerdo» con otras fuerzas contrarias a aquel texto, por lo que García Palacio, la FACC, la Federación Española de Municipios y Provincias y «el sentido común» piden una moratoria.

Más motivos para el rechazo. El posible cierre de entes municipales, como ya ocurriera con el intento de que los ayuntamientos dejaran de prestar servicios sociales, por ejemplo, nacen de «la intención de intervenir en la autonomía local, que el propio Consejo de Estado ya ha dicho que se debe preservar y respetar». Y no solo eso, sino de la intención de aplicar una «liberalización de servicios, es decir, de privatizarlos». Ignacio García Palacios cree que ese es el motivo último que está tras estas decisiones. «Lo dijeron ellos mismos. Cuando Rajoy tuvo que defender ante Bruselas, en 2014, los presupuestos, transmitió que se había aprobado una ley que favorecería la actividad económica de los ayuntamientos mediante medidas liberalizadoras. Y eso significa privatizaciones». Eso, y la intención de restar poder a los ayuntamientos, asegura.

Si no es por eso, dice, es difícil entender lo que está sucediendo. «Es paradójico que la Administración que más déficit tiene venga a corregir a la que tiene superávit». «Sean ustedes sensatos: aprueben una moratoria. Solucionen los problemas del Estado y dejen a los ayuntamientos», pide. Porque la situación de los municipios, defiende García Palacios, es tan buena que en algún ejercicio ha ayudado a equilibrar las cuentas del Estado. Y mejorarán ahora gracias a la liquidación de los tributos estatales de 2014, gracias a la cual Asturias recibirá 11,6 millones (de los que tres le corresponden a Gijón).

El presidente de la FACC mantiene que los municipios asturianos están en perfectas condiciones para mantener los servicios que Hacienda pone en entredicho. En una interpretación «benévola», Palacios cree que esta amenaza acabará en «moratoria», quizás como pieza de canje en las negociaciones para formar Gobierno. Aún así, advierte: queda una última «bomba» que explotar referente a la ley, lo relacionado al coste efectivo, que puede limitar de nuevo los servicios que prestan los municipios. Por encima de todo eso, el presidente de la FACC confía en que reine «el sentido común» y que esta «patada al caldero» de Montoro se quede tan solo en un intento de «asustar». Eso no evita, dice, que España sí necesita una ley de racionalización de la Administración, «pero no ésta». Y lanza un mensaje final, dirigido esta vez a Foro, «que apoyó esta ley y ahora le vuelve el 'boomerang'».

«Ley del embudo», dice Cascos

Precisamente, el secretario general de Foro, Francisco Álvarez Cascos, se refirió ayer a esta situación. Y lo hizo para denunciar que el Gobierno del PP aplica «la ley del embudo» a Asturias. Recordó Cascos que cuando Foro llegó a la presidencia del Principado, «con Zapatero en el Gobierno y un ministro socialista de Economía, nos encontramos una carta del ministerio que decía que en el primer semestre ya se había consumido todo el déficit del año». Después, «cuando PP y PSOE se pusieron de acuerdo para no aprobar los presupuestos regionales, el ministerio amenazó al Principado con llevar a los hombres de negro. Desde 2011 para acá no recuerdo que Montoro hubiera enviado a ningún hombre de negro con los que amenazó a Foro. No he visto que lo hiciera en 2013, 2014 y 2015, pese a que otras comunidades incumplían la ley, como Cataluña, Valencia y Andalucía. Cuando alguien utiliza para gobernar la ley del embudo, sus opiniones deben relativizarse. Yo relativizo las opiniones de Montoro», dijo Cascos.