25-N: Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
El 80% de las asesinadas en casos de violencia de género no había denunciadoMejorar la protección tras la ruptura y a las víctimas que no denuncian, las nuevas violencias digitales y la mejora de las unidades de valoración, deberes pendientes
Entre la tristeza de saber que es una «realidad absolutamente insoportable» y el «moderado optimismo» que produce el análisis de determinados datos. Así transcurrió ... la primera jornada del Congreso '20 años de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género', que tuvo lugar ayer en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo. Una mañana en la que juristas, expertos y políticas analizaron los diversos puntos de vista de la ley, de la situación en la que se gestó, de qué ha ocurrido en estas dos décadas y de cuáles son los retos a afrontar.
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Ante un público eminentemente joven, nacido ya bajo el amparo de esta ley, quisieron recordar algunos de los participantes cómo era aquella España de hace 20 o 30 años, en la que Ana Orantes, su estremecedor relato en televisión sobre el infierno de malos tratos vividos y su cruel asesinato colocaron a la violencia de género en la agenda pública. Aquel país en el que los 'problemas de un matrimonio' se solucionaban en casa. De aquella España en la que no había, por supuesto, datos de violencia de género ni feminicidios (ni siquiera se usaban estos términos), en los que un inusual informe del Defensor del Pueblo recogía en 1996 que se habían registrado 13.198 denuncias de mujeres. En 2023 fueron 200.000. En los últimos años, además, se repite un mismo patrón: ocho de cada 10 mujeres asesinadas no había denunciado, recordó Javier Teruelo, decano de Derecho
De datos y avances hablaron en la inauguración la directora general de Igualdad, María Jesús Álvarez; el director general de Innovación y Cambio Social, José Antonio Garmón; la coordinadora del máster en Protección Jurídica de las Personas y los Grupos Vulnerables, Dolores González, y el rector, Ignacio Villaverde. Álvarez dio cifras de este «fenómeno estructural basado en la desigualdad» y en una lucha en la que Asturias es «un referente estatal». Muchas veces se recordó la unanimidad lograda para la aprobación de la ley y para el Pacto de Estado contra la Violencia. Quizás, como dijo Garmón, «éramos más capaces de llegar a acuerdos».
María Jesús Álvarez, Directora general de Igualdad: «Es una realidad absolutamente insoportable e incompatible con los derechos democráticos»
Se habló mucho de las víctimas mortales, pero también de aquellas mujeres a las que «la ley ha salvado la vida. Posiblemente no lleguemos a saber cuántas, pero son muchas», dijo la directora general. Como se habló también del doble peligro de regresión que hay en estos momentos. Desde Ignacio Villaverde, que mencionó los «gritos que intentan acallarnos y ensombrecer esta lucha» hasta Javier Teruelo, que criticó a quienes «se atrincheran en modelos pasados», los participantes advirtieron de uno de esos peligros, el de la involución.
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Por otro lado, varias de las representantes políticas pero, sobre todo, el decano de Derecho, hablaron de esas otras formas de violencia que afectan a las más jóvenes. Teruelo se refirió a un «'modelo moderno' de desigualdad y machismo, en el que la complacencia de la mujer es muy relevante», con un papel importante de las redes sociales y de característicos modelos de «música y control».
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Javier Teruelo, recientemente condecorado recientemente con la Cruz Distinguida de primera clase de la orden de San Raimundo de Peñafort, mostró algunos datos de su última investigación, esos en los que se apoya para asegurar que «hay razones para un moderado optimismo» si se analizan las cifras de los últimos diez años. Puso sobre la mesa varias cuestiones, como el papel de los extranjeros en los datos de feminicidios, la edad media de los agresores, el aumento de las denuncias... Pero llamó la atención sobre la «paradoja» de que aquello que se debe hacer y a lo que animamos a las víctimas, esto es, denunciar, supone un aumento del riesgo, por lo que instó a mejorar las «estrategias de acompañamiento en el proceso de ruptura». Y, por otro, la necesidad de proteger, acompañar y valorar el riesgo de las víctimas que no denuncian en comisaría pero sí han pedido apoyo en otro ámbito.
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La última mesa redonda de la mañana fue para la 'Reflexiones desde el ámbito judicial'. En la misma, María Eugenia Prendes Menéndez, fiscal superior del Principado, destacó que la ley «nos puso en el camino correcto», pero mencionó los «muchos flecos» pendientes, entre ellos mejorar el número y funcionamiento de las unidades de valoración.
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