La mina paralizada de Cangas del Narcea aclara: «Tenemos hasta dos inspecciones al mes y nunca ha habido una irregularidad»

Explica la empresa que cuando llegó la notificación de la paralización no había habido «ningún acta previa al respecto y habiendo pasado satisfactoriamente todas las inspecciones, la última inspección el 18 de marzo del 2025».

Además, subraya que las medidas adoptadas «no están vinculadas a la Ley general de Minas, que sólo admite la paralización inmediata con un acta previa por deficiencias de seguridad, algo que en la empresa nunca se ha dado, como acreditan sus últimas inspecciones».

En el mismo sentido, la firma asegura que «para la empresa lo más importante son los trabajadores, su seguridad y evidentemente su reputación. Por parte de los trabajadores esta empresa se puede probar que han recibido inspecciones y visitas por parte del servicio de minas al menos una vez al mes o incluso dos, desde el inicio de su actividad, no habiendo tenido ninguna incidencia de seguridad en todo este tiempo».

Así las cosas, la compañía, como ya hiciese el alcalde de Cangas del Narcea, hace ver que «se ejecuta una paralización cautelar contra una sociedad y se paralizarla por un requerimiento de información administrativa, que no tiene nada que ver con la denuncia, que efectivamente ha habido y ha sido contestada en tiempo y forma, justificando que las concesiones mineras administrativas de la sociedad están a nombre de la sociedad que esta explotando el PIC y el Proyecto de Investigación le permite extraer hasta 90.000 toneladas, «no es un Permiso de Investigación» como aseveraba la denuncia.

En el momento de la notificación de paralización, la empresa pidió de «forma urgente la aprobación de unos trabajos mínimos en las instalaciones para su seguridad hasta que se solventara la situación. Trabajos y permiso que ya han sido concedidos por la administración para asegurar las óptimas condiciones de seguridad en las instalaciones mineras».

Insiste la compañía en que «este proyecto es importantísimo para la comarca y en la actualidad da trabajo a más de 65 personas. Tiene un futuro prometedor por la exclusiva calidad de su antracita para usos siderúrgicos, como se puede acreditar».

En cuanto a la suspensión «acordada por la Administración», la empresa estima que «lo es por una mera cuestión documental para tener acreditado la trazabilidad del material extraído en las labores que realiza TYC Narcea».

Y en ese sentido, postula que «la documentación, contratos y certificaciones necesarias para acreditar dicha trazabilidad ya han sido oportunamente presentados a la Administración con competencias en materia de minería».

Es más, desde la empresa se entiende «que la suspensión de la actividad adoptada por la Administración, no tiene ningún soporte en la vigente legislación de prevención de riesgos laborales en general, ni tampoco en la particular de seguridad minera». En esa línea argumental, la firma relata que al Principado «les hemos explicado en detalle las toneladas extraídas y el por qué existen discrepancias entre el material bruto según sale y el material que debe ser entregado para la prueba de homologación, porque sufre un proceso industrial como por ejemplo es reducir las cenizas del material bruto extraído a las exigidas para la homologación, que son de un 14% que, extrapolando a toneladas, se ve que ya existen diferencias».

Por último, TYC Narcea subraya que «hemos sido transparentes, aunque lamentamos que esta trazabilidad nos la requieran ahora y que sepamos, es la primera vez en la historia que piden esto a una compañía. Al menos a nosotros en estos últimos cuatro años , es la primera vez. Esperemos que con las explicaciones recibidas tanto de la empresa siderúrgica que prueba el material como de nosotros, se inicie la actividad a la mayor brevedad, confiamos en la profesionalidad de la administración y de la Dirección General de Minas», y pide «que nos dejen trabajar lo primero que puedan con normalidad y, por supuesto, que nos exijan cuantas cosas consideren en materia de seguridad».

El mismo día que se conoció la paralización, el alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, ya indicó a EL COMERCIO que la paralización de la licencia de explotación de la mina de su concejo «deja con el empleo suspendido a unos 65 trabajadores», lo que sumado a los algo más de tres decenas de afectados en Degaña supone una situación difícil para unas cien familias de forma directa y también pone en riesgo empleo inducido en la comarca. Dicho esto, Fontaniella dio la vuelta al argumento del Principado: «Si paralizan las licencias es porque deben considerar que la propia Administración ha debido de cometer algún error», máxime si no se aclara «que en alguna de las inspecciones que se hayan hecho a nuestra mina se hayan encontrado irregularidades o incumplimientos». «Esto es como si una empresa constructora en Cangas del Narcea sufre un accidente y se paralizan desde la Administración a todas las empresas constructoras de la comarca, cumplan o incumplan las medidas de seguridad», comparó.