Las administraciones local, regional y estatal tendrán que ser bilingües con la cooficialidad

Uno de los asuntos sobre los que se ha intentado enturbiar el debate es la denominación como lengua propia del asturiano. La explicación es sencilla. Como explica el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, Miguel Presno, «es evidente que es propia porque es una característica de la comunidad autónoma. No hace falta que el estatuto diga que el que castellano, porque eso ya lo dice la Constitución para todo el Estado, es la lengua general. No se está excluyendo al castellano, sino que regula la lengua propia del territorio, el asturiano». Además, el Tribunal Constitucional ya se pronunció en la propia definición de lengua propia, que es la característica de una comunidad autónoma.

En cualquier caso, el hecho de que un ciudadano pueda dirigirse a la adminstración en asturiano, implica que alguien al otro lado tendrá que poder atenderle en la misma lengua. «Se hará de manera progresiva en la administración. No es que en un año esté 100% adaptado en todos los ayuntamientos, las consejerías, etc. Se presupone una cierta gradualidad, aunque el hecho de que sea oficial ya permitirá desde ese momento que cualquiera pueda dirigirse en asturiano», explica Miguel Presno.

Esto, por ejemplo, también se traducirá en que los impresos estén disponibles en sendas lenguas. También, se daría el caso de tener que formar al funcionariado -todos o una parte- con cierta antelación para que dispongan de conocimientos necesarios para atender al público. Ya con el necesario desarrollo legislativo posterior, se analizaría a forma en que se ofertan ese tipo de plazas. El asturiano podría puntuar en el baremo de una oposición, o seguir sin hacerlo y los elegidos acceder a un curso de formación en paralelo a su incorporación.

El también catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, Benito Aláez, «a la espera de lo que establezca la Ley de desarrollo de la cooficialidad, sí sería un derecho 'incondicionado» de los asturianos dirigirse en asturiano a las administraciones en el Principado, por lo que entre tanto no se apruebe o desarrolle un plan general para garantizar ese conocimiento generalizado por el personal al servicio de las administraciones, éstas tendrían que arbitrar puntualmente mecanismos que garantizasen ese derecho al uso». No obstante, Aláez, al igual que Presno, consideran que dada la fácil inteligibilidad del asturiano debería ser un problema. «No es como el euskera», señalan.

Todo ello sería de aplicación para las administraciones autonómica y local, pero también para todo el despliegue que tenga la Administración General del Estado en la región, es decir, lo dependiente de la delegación de Gobierno. Sobre la disposición de formularios en asturiano, Aláez cree que habrá que esperar por la legislación autónomica posterior que determine esa obligatoriedad.

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El catedrático de Derecho Administrativo y presidente de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia, Leopoldo Tolivar, remarca la diferencia respecto a la situación actual. «Con la ley de uso hay unidireccionalidad, te puedes dirigir en asturiano, aunque la administración no está obligada a responderte así». Ahora, añade, «la doctrina es siempre que no hay un deber de hablarlo pero sí las administraciones tienen que ser bilingües para atender a todos los que quieran expresarse tanto en castellano como en asturiano». Tolivar también apuesta por la «gradualidad» y que no será «de un día para otro», pero «podría plantear un conflicto si alguien lo exige desde el día siguiente».