Los empresarios exigen un examen «estrictamente técnico» a los proyectos que piden ser estratégicos

Aprobada el 20 de diciembre, la Consejería de Transición Ecológica, que actúa como ventanilla única para recibir estas propuestas, ya tiene las dos primeras propuestas. EMC pide la declaración de Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER) para explotar la mina subterránea de oro de Salave (Tapia de Casariego), una iniciativa que requiere modificar el planeamiento del concejo. Promete invertir más de 100 millones, crear entre 150 y 200 empleos directos y 800 indirectos. Por su parte Ingeniería Integrada para la Edificación S. L. aspira a ejecutar un Parque Logístico del Aeropuerto de Asturias (PLAA), de 64,5 hectáreas; según sus cuentas la obra costaría 16 millones y habla de 1.000 empleos directos y 2.000 indirectos.

Ambas iniciativas comparten el rechazo del PSOE y de IU a nivel local, las dos formaciones que sustentan el Gobierno autonómico y, por tanto, tienen la capacidad de conceder o rechazar la calificación de PIER. Precisamente desde el partido que lidera Ovidio Zapico se ha tensado la cuerda con el ala socialista en los últimos días con la intención de pactar juntos un marco de aplicación de esta ley.

La situación ha provocado que los representantes empresariales dieran un paso al frente ayer. Coinciden en pedir agilidad a la hora de examinar las propuestas, rigor técnico en la evaluación y objetivar la decisión alejándola de condicionantes políticos.

«Es una buena noticia que la ley empiece a aplicarse», concedió María Calvo, presidenta de la Federación asturiana de empresarios (Fade). «La agilidad en la tramitación es clave», apremió. «En el caso de la mina de Salave, creemos que una inversión de esta magnitud requiere una respuesta rápida y basada en criterios estrictamente técnicos», valoró. Calvo ve «fundamental» que haya «un pronunciamiento claro sobre la adecuación del proyecto y su cumplimiento con la normativa vigente». Sobre el polígono logístico ve necesario aclarar si cumple los requisitos de la ley.

«Lo esencial es que las empresas que plantean inversiones estratégicas en Asturias tengan certezas y tiempos de respuesta razonables», subrayó. «Darles una respuesta rápida y fundamentada no es solo una cuestión económica, sino de seguridad jurídica y confianza», abundó.

Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, apuesta por una valoración de los proyectos sujeta al texto de la ley. «Lo que en ningún caso debe ser obstáculo para esta calificación, es un posible consenso unánime por parte de todos aquellos que un determinado momento decidan opinar», desliza.

«Si queremos una región competitiva, necesitamos un marco normativo que dé certeza», coincide su homólogo en la Cámara de Oviedo, Carlos Paniceres. «Asturias no puede permitirse perder proyectos estratégicos por falta de agilidad administrativa». Paniceres ve «fundamental» que la ley «se aplique con eficacia y con criterios claros para atraer empresas innovadoras y sostenibles».

Daniel Lorenzo, al frente del estamento cameral de Avilés, fue más rotundo: «En nuestra opinión, no se debe de entrar en debate sobre cada proyecto y sobre si gusta más o menos en función de intereses locales, con valoraciones más políticas que técnicas, pudiendo ello poner en riesgo inversiones en el territorio y consecuentemente nuestro futuro». A su juicio el polígono del aeropuerto «deberá ser considerado PIER. Son numerosas las empresas que han trasladado a los promotores y a la propia Cámara de comercio de Avilés su deseo de implantarse en la futura área logística».