Asturias blinda a las mujeres rurales para evitar el éxodo femenino del campo

Marcos explicó que «es un texto legislativo que tiene un valor simbólico, político y práctico de primer nivel. Es un compromiso asumido por el presidente del Principado y una herramienta clave para afrontar el reto demográfico». Definió el Estatuto de la Mujer Rural como «un proyecto de ley que reconoce una realidad, las mujeres en el mundo rural siguen enfrentándose a múltiples barreras que dificultan su participación en órganos de decisión y provocan migraciones».

Por ese motivo, afirma que el Estatuto «no es una declaración de buenas intenciones», sino que incluye «el reconocimiento jurídico y social que define quiénes son y articula un régimen de derechos para ellas». Suma, además, «un acceso prioritario a las ayudas públicas. Recoge también aspectos relacionados con el empleo y la formación. Acceso a la Seguridad Social, acceso a la digitalización...» enumeró el consejero de Medio Rural.

El texto apunta a la clave del problema: la conciliación y los cuidados. Marcelino Marcos afirma que se intenta «favorecer la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el ámbito doméstico y facilitar que las mujeres puedan participar en la vida pública sin renunciar a su proyecto personal». No se olvida, además, de «medidas contra la violencia de género», puesto que las agresiones machistas en el mundo rural son aún las grandes silenciadas.

El compromiso es «promover la carrera profesional y el acceso a puestos directivos de las mujeres rurales, que también constituirán un grupo prioritario en los planes de formación para el empleo. El Ejecutivo apoyará la creación de empresas de economía social, el acceso de las mujeres a la titularidad de las explotaciones agrarias, el trabajo autónomo femenino y la profesionalización de actividades artesanales».

El Estatuto de la Mujer Rural no fue la única iniciativa que sacó adelante el consejero de Medio Rural y Política Agraria. También un gasto extraordinario de un millón para ayudas a la repoblación de montes quemados. «Con esta nueva partida, este año se destinarán, en total, más de cinco millones al desarrollo de zonas forestales por parte de particulares y empresas», explicó.

El reparto de fondos es el siguiente: reforestación y creación de superficies forestales: 1,6 millones; creación y mantenimiento de sistemas agroforestales: 400.000 euros; prevención de daños a los bosques por incendios forestales, desastres naturales y catástrofes: 200.000 euros; reparación de los daños causados por incendios forestales, desastres naturales y catástrofes: 1,2 millones.; inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales: 400.000 euros; inversiones para el incremento del potencial económico de los bosques: 200.000 euros.

Además, también se aprobaron 4 millones más para «resolver el primer proceso selectivo de las ayudas del plan Incorpórate al Agro, que apoya la incorporación de jóvenes a las labores de la agricultura y la ganadería, en el marco del plan estratégico de la Política Agraria Común (PAC)». Tal y como explicó Marcelino Marcos, «inicialmente, la convocatoria contaba con un presupuesto de nueve millones: seis para el proceso selectivo finalizado en diciembre y tres para el segundo, que culminó el mes pasado». Pero hubo que ampliar la partida, «al recibir 198 peticiones de las que 165 ya han sido evaluadas favorablemente por parte del personal técnico encargado de su tramitación». De ellas, 101 afectan a jóvenes agricultores y otras 64 a nuevos profesionales que se incorporan a las tareas del campo.

La ampliación de crédito permite aumentar hasta los trece millones el presupuesto para apoyar en relevo generacional en el medio rural: diez millones se destinarán al primer período de solicitudes y tres al segundo.

También se aprobaron dos expedientes que suman 992.985 euros para la mejora de dos vías de titularidad municipal en los concejos de Belmonte de Miranda y San Martín del Rey Aurelio. Por una parte, se ha aprobado un gasto plurianual de 926.295 euros para las obras de mejora del acceso de Vigaña a Las Estacas, en Belmonte de Miranda. El proyecto consiste en reparar seis kilómetros de vía para facilitar los desplazamientos entre ambas localidades y evitar que el tráfico pase por la capital del concejo, como ocurre en la actualidad. La Consejería de Medio Rural y Política Agraria asumirá esta actuación, financiada en un 60% con recursos del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader).

Por otra parte, se ha acordado conceder una subvención de 66.690 euros al Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio para la mejora del vial de acceso a Escobiu, de titularidad municipal. El proyecto, que aumentará la seguridad del camino, consistirá en la estabilización de la plataforma y la reposición del firme mediante la instalación de una losa de hormigón. Los fondos destinados al proyecto corresponden a la Consejería de Movilidad, Cooperación Local y Gestión de Emergencias.

Igualmente, el Ejecutivo ha acordado otorgar una ayuda de 39.460 euros a la agrupación de solicitantes de la concentración parcelaria privada de El Villar, en Villanueva de Oscos, que se efectuó sobre 210 hectáreas repartidas en 137 parcelas. Los terrenos concentrados se destinan a uso ganadero y forestal. El Principado, por su parte, está tramitando la obra de la red de caminos para finalizar la actuación.

Iba a ser el Consejo de Gobierno de la Inteligencia Artificial, pero se convirtió en el de la mujer rural. No obstante, el Principado aprobó ya el decreto «para regular la inteligencia artificial (IA), algo que sitúa Asturias entre las comunidades pioneras en el uso de la tecnología al servicio de la ciudadanía», explicó Guillermo Pelaéz. Entiende el portavoz del Gobierno que el Principado « refuerza así su posición como referente en el empleo responsable y transformador de la IA para mejorar la calidad de vida de la población, la eficacia de los servicios públicos y la relación entre la ciudadanía y la Administración».

El objetivo de la norma es doble. Por un lado, asegurar que la IA se utilice en la Administración de forma ética, segura y respetuosa con los derechos fundamentales. Por otro, impulsar su desarrollo de manera responsable y controlada. Para ello, el decreto introduce una figura clave: el sandbox de inteligencia artificial, un entorno de pruebas seguro y controlado en el que se podrán ensayar nuevos sistemas antes de su implantación definitiva.

Esta legislación abre la puerta a una Administración más ágil, proactiva y capaz de anticiparse a las necesidades de la ciudadanía, todo ello bajo control público y con garantías: cualquier sistema de IA deberá ser transparente y respetar la autonomía humana.

Una de las claves del decreto es su carácter participativo. En este sentido, ha sido elaborado por un grupo de trabajo presidido por la vicepresidenta, Gimena Llamedo, e integrado por representantes de las consejerías y del Gobierno central, expertas universitarias, sindicatos, empresas y profesionales del ámbito tecnológico.

El texto presta especial atención a los sectores en los que la IA puede marcar la diferencia, como la sanidad, los servicios sociales o la gestión administrativa, y da amparo normativo a futuros proyectos como Cova o la introducción de la IA en la nueva plataforma miPrincipado.

Además, se apuesta por una gobernanza compartida: los recursos tecnológicos del Principado estarán a disposición de los concejos, para extender los beneficios de la IA a todo el territorio. También protege el conocimiento generado por la Administración, con el propósito de evitar su cesión a sistemas opacos o privados.

Finalmente, el Consejo de Gobierno dio también luz verde a un gasto de 10,7 millones para convocar subvenciones destinadas a la ejecución de programas con fines sociales por parte de entidades sin ánimo de lucro. Las ayudas, que se concederán en régimen de concurrencia competitiva, permitirán dotar de estabilidad financiera al tercer sector, dado que antes de que finalice este año las organizaciones ya sabrán con cuántos fondos cuentan para desarrollar sus proyectos en 2026.

Responde al anuncio realizado por la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, y sitúa, según explicó Peláez, «a Asturias entre las primeras comunidades en adelantar los plazos». Los fondos para esta convocatoria proceden de los propios presupuestos del Principado y de la asignación del 0,7% del IPRF y del impuesto sobre sociedades. El reparto inicial se divide en diferentes proyectos: longevidad activa, inclusiva y significativa: 1.225.000 euros; garantía de derechos de la infancia y la familia: 2.360.000 euros; promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia: 2.932.000 euros; inserción social e inclusión activa de población de especial vulnerabilidad: 4.000.000 euros; y participación solidaria de la ciudadanía: 183.000 euros.