La ley de residuos amenaza con castigar con 36 millones al año la gestión asturiana

Sepultar la basura sin más es la gestión más barata, ventaja a la que declara la guerra el anteproyecto de ley de residuos que aprobó este martes el Consejo de Ministros. «Es la clave de bóveda de todo el paquete normativo que tenemos para la economía circular», defendió la portavoz, María Jesús Montero. El texto incluye un nuevo impuesto al vertido que venía encendiendo las alarmas en la industria regional y el Principado.

Según confirman fuentes del Ministerio de Hacienda y de Transición Ecológica, el borrador final insta a cargar con 40 euros cada tonelada de desperdicio municipal no peligroso que acabe directamente en vertedero y 30 si llega tras ser procesada en una planta de reciclaje. En el caso de desperdicios de origen industrial se mantiene un tipo general de 20 euros por tonelada pero «con una moratoria de entrada en vigor para las empresas que tengan sus propios vertederos». En ambos casos el nuevo impuesto no se plantea como algo inmediato, sino que en atención a las alegaciones hechas entre otros por el Principado, se concede un plazo de adaptación.

Aplicar en esos términos el nuevo impuesto supondría una factura mayúscula a la región, de unos 36 millones al año entre lo que significaría para el ciudadano medio, Arcelor y Asza.

El vertedero central de Cogersa recibió el año pasado 360.545 toneladas de bolsas negras, esto es, los desperdicios que los asturianos depositan en el contenedor de residuos mezclados. Con ese volumen y gestión el nuevo impuesto supondría un castigo de 14,4 millones que el borrador insta a repercutir al ciudadano.Si la factura se aplica en función del comportamiento de cada concejo, oscilaría entre los 11 euros por vecino y año de Oviedo, Riosa y Yernes y Tameza (los que menos cantidad de desperdicio ponen en el contenedor de basura mezclada), y los 42 que se cobrarían en Soto del Barco.

En el Principado declinaron este martes hacer comentarios hasta conocer el detalle del texto. La expectativa es que entre el trámite parlamentario que debe seguir el anteproyecto y la moratoria que se le incluya exista margen suficiente para cambiar la gestión de Cogersa. Ello pasa por levantar una planta de basura bruta, instalación que exige 58 millones, reducirá la fracción de desechos que acaban en el vertedero y de la que se está pidiendo ya la licencia de obra. La esperanza es que Cogersa llegue así a tiempo para amortiguar el impacto del impuesto.

En el caso de la industria, Arcelor y Azsa son los más afectados, pues tienen autorizaciones para dejar en sus vertederos hasta 754.000 toneladas al año la primera y 563.000 la segunda. Con el volumen de producción actual, el impuesto les supondría unos 13 millones para Arcelor y nueve para Asza. Es un incremento de costes importante, de ahí que se esté pendiente de la moratoria que se concederá, pero también de si se mantiene la idea de que el impuesto sea finalista.

En sus alegaciones el Principado defendía que la recaudación por este gravamen se cediera a las comunidades autonómicas y que no se le impidiera reutilizar los recursos en forma de ayudas a las industrias afectadas para paliar las consecuencias.

Más allá del vertido, el borrador trae otros deberes. Insta a los alcaldes ha aprobador antes de dos años una tasa que repercuta al ciudadano íntegramente los costes de gestión de la basura, obliga a poner contenedor marrón en todo concejo de más de 5.000 habitantes este año y para 2024 en el resto. Además impone a la hostelería la obligación de ofrecer gratuitamente agua no envasada.