Asturias lleva la armonización fiscal al debate sobre la financiación autonómica

El actual modelo de financiación autonómica está vigente desde 2009. En ese momento se introdujo el factor de población ajustada -contempla la dispersión o envejecimiento a la hora establecer el reparto- como el principal criterio a la hora de fijar las cantidades que cada comunidad recibe del Estado para prestar sus servicios bajo los principios de igualdad y equidad entre territorios. Pero este modelo se queda corto y debe ser superado. Sí a atender los factores demográficos, dispersión y envejecimiento, pero, sobre todo, la financiación autonómica debe avanzar hacia a un sistema que atienda al «coste real» de los servicios.

Así lo defendió ayer el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, durante su comparecencia en la comisión de esta área en la Junta General, en la que fijó la posición que Asturias defenderá en la negociación del nuevo sistema de financiación.

Para Peláez es «necesario» acometer esta reforma, puesto que además de que el concepto de población ajustada ya no es suficiente para atender el coste real de los servicios, el actual modelo «es errático» ante los distintos ciclos económicos, como se pudo ver durante las crisis habidas en estos últimos tres lustros.

Fijar un nuevo modelo de financiación es uno de los compromisos de legislatura de la vicepresidenta y responsable de Hacienda, María Jesús Montero. Asturias va con una idea clara: defender un sistema que asegure el coste real y efectivo de los servicios. «Porque no lo es mismo prestarlos en las alas de Asturias que en una zona urbana de Madrid o Barcelona», dijo Peláez. Para ello, considera necesario que primero sea el Estado el que fije la cartera de servicios cuya prestación debe ser realizada en el plano de igualdad. «Debe definir cuáles son, el coste efectivo de los mismos y dotar a las comunidades de los ingresos necesarios para atenderlos», recalcó el titular de Hacienda del Principado.

Esta posición es la misma que mantuvieron la pasada legislatura las otras siete comunidades aliadas de Asturias de cara a la financiación: Galicia, Castilla y León, Cantabria, Aragón, La Rioja, Castilla-La Mancha y Extremadura. Todas ellas en 2021 suscribieron el llamado Acuerdo de Santiago, en el que dejaban clara su defensa de un sistema de financiación que atendiera a las necesidades de cada territorio en función del coste efectivo de sus servicios. Han pasado tres años desde entonces, con cambios de gobierno en varias de esas comunidades (sólo el PSOE mantiene los de Asturias y Castilla-La Mancha, el resto son del PP y en algunos casos, como Castilla y León, junto a Vox). Sin embargo, y pese a las preguntas del portavoz del PP en la Comisión de Hacienda, Andrés Ruiz, sobre si sigue vigente ese compromiso suscrito, Guillermo Peláez considera que las ocho comunidades siguen compartiendo la posición suscrita en el citado documento. «El Acuerdo de Santiago está plenamente vigente», respondió el consejero.

Peláez también destaca que además de esa posición fijada por las ocho comunidades, en el caso de Asturias «partimos con ventaja al disponer de una unidad política» suscrita la pasada legislatura, con un documento firmado por todas las fuerzas con representación en la Junta General -salvo Vox-, que fijaba la posición de Asturias en la negociación del nuevo modelo de financiación. En él se incluían los mismos criterios que ayer defendió el consejero de Hacienda.

Además del criterio de coste efectivo y real de los servicios y de población ajustada, el consejero de Hacienda también anunció que defenderá que el nuevo marco de financiación incluya la armonización fiscal entre todas las comunidades. «Es fundamental que impuestos que gravan la riqueza, como Sucesiones y Donaciones, sean armonizados en todo el Estado para garantizar el principio de equidad», dijo el consejero. En esa armonización también incluye el IVA.

Esta afirmación tuvo respuesta por parte del PP durante el debate, que, eso sí, se desarrolló en el más absoluto clima de respeto que se les presupone a nuestros políticos. Para el diputado popular David Ruiz Riestra esta «homogeneización» -eludió hablar de armonización- supone un «ataque a la independencia» fiscal de cada comunidad e, incluso, advirtió de que esa posición «pone en riesgo» el pacto sobre financiación suscrito en 2021 por las ocho comunidades citadas anteriormente. Recordaba el diputado del PP cómo comunidades gobernadas por el PP, como Galicia y Castilla y León, han bajado, cuando no suprimido, impuestos como Donaciones y Sucesiones. Por ello, David Ruiz pidió a Guillermo Peláez que «orille esta petición para mantener la unidad política».

Por su parte, el consejero, insistió en que esa unidad «no está en riesgo. Las ocho comunidades defendemos disponer de recursos suficientes para atender los servicios».

Guillermo Peláez espera que a lo largo del primer semestre del año pueda celebrarse el primer Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que empiece a hablarse del nuevo modelo de financiación. Será un proceso complicado, con negociaciones «complejas» al confluir intereses políticos y de territorios. De forma implícita, Peláez viene a decir que la negociación del nuevo modelo será larga, con posibilidades incluso de que no se llegue a acuerdos en esta legislatura debido al fragmentado mapa político, ya que el acuerdo deberá ser votado en las Cortes.