Asturias creará una lista de servicios mínimos en la zona rural

En la jornada, el vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, presentó lo que es el primer borrador de la futura ley del Reto Demográfico, y abogó, ante un auditorio con una amplia representación territorial y política, por que la norma trascienda el ámbito temporal de una legislatura y pidió, por eso mismo, que se llegue a aprobar con un nivel de apoyo rayano en la unanimidad en la Junta General, porque, como subrayó Cofiño, el de la estructura demográfica de Asturias es «un problema cuya solución es un asunto de décadas» y que debe «trascender a los vaivenes políticos».

Precisamente, el mismo jueves por la tarde el comité de expertos que encabeza el propio Juan Cofiño celebró su última reunión preparatoria del proyecto de texto legislativo. Un encuentro en el que se trataba ya de perfilar, en principio, temas menores y de aportar alegaciones de carácter formal, pero en el que también se introdujeron o reforzaron aspectos que se habían comentado en las jornadas esa misma mañana.

El fundamental, que la norma pueda contar con un sistema de autoevaluación de las medidas legislativas que incluya y su eficiencia, porque se trata de una norma finalista con un objetivo muy claro: Revertir una situación que no solo se da en el medio rural, la de una estructura demográfica caracterizada por un intenso envejecimiento de la población, un adelgazamiento muy notable de las cohortes de edad de entre 20 y 35 años (las más reproductivas, en el caso de las mujeres) y una escasez de nacimientos que indican que, sin medidas decididas de apoyo a la natalidad, Asturias se pasará muchas décadas perdiendo población y también viendo cómo se reduce su tasa de actividad.

Ese sistema de autoevaluación está por concretar, pero tiene visos de orientarse desde la propuesta que hizo la directora general de Planificación, Ordenación y Adaptación al Cambio Social, Ana Fernández Zapico, que propuso aprovechar la experiencia y los recursos del Observatorio del Territorio de la Universidad de Oviedo, del Observatorio de Salud, y del Observatorio de Servicios Sociales, estos dos últimos del Principado. Una combinación de la experiencia y los métodos de estos órganos de forma continuada puede aportar información muy valiosa sobre los efectos de las medidas que contendrá la ley.

Aparentemente de forma paradójica, la elaboración de este nuevo texto legislativo, junto a la ley de Simplificación Administrativa cuya redacción también lidera Juan Cofiño, tiene como primer objetivo reducir la burocracia en torno a la puesta en marcha de actividad económica en Asturias, en particular en las zonas más afectadas por el despoblamiento. En su intervención, que abría la jornada, el vicepresidente regional anotó que «todo está ya legislado», pero por eso mismo también anotó que hay que simplificar, por una parte, la legislación autonómica y con ella la burocracia.

Cofiño subrayó que se trataría de «acelerar todo el proceso, con la intención de poder aprobar la ley durante esta legislatura», pero ya por la tarde, en la reunión del comité asesor, se hizo evidente que el primer borrador precisa aún bastante trabajo para presentar su versión definitiva. El propio vicepresidente del Principado admitió que será muy complicado que el texto pueda iniciar su tramitación parlamentaria «antes de marzo», que es cuando virtualmente concluirá la actual legislatura, puesto que las elecciones autonómicas se celebrarán en mayo próximo y, además, enero es un mes inhábil desde el punto de vista parlamentario.

Por una parte, se trata de homogeneizar un texto en cuya redacción se ha contado con varias consejerías del Gobierno regional, cada una de ellas con su propio lenguaje administrativo. También se explicó en el encuentro de expertos que es preciso concretar más las medidas y, en particular, dejar margen para que en su desarrollo reglamentario se pueda tener una cierta flexibilidad en función de las muy diversas situaciones socioeconómicas que se dan en la región.

El propio borrador, como indicó Cofiño en las jornadas, ya prevé fiscalidades diferenciadas entre concejos o entre comarcas en función de sus diversas situaciones. Dicho de otra forma: todo tipo de ventajas fiscales que la norma, hoy por hoy, deja esbozadas, pero sin una concreción absoluta. Sus pautas indican que se aplicarán, por ejemplo, con reducciones de los tramos autonómicos del IRPF o con incentivos a los nacimientos tanto mayores cuanto más esté afectada la comarca por una mala situación demográfica, para lo que el trabajo de zonificación y de recomarcalización que se afrontará en aplicación de la ley, cuando esta se apruebe, será fundamental.

Por otra parte, y centrado en el ámbito rural, se establecerá un catálogo de servicios públicos y mixtos de obligado cumplimiento por parte de la propia Administración regional. Un ejemplo, entre las propuestas para su inclusión en el borrador está que no haya ninguna población de más de 600 habitantes con una farmacia a menos de 30 minutos. ¿Cómo se obliga a que un profesional farmacéutico acepte ese encargo? Ahí hay terreno para su desarrollo reglamentario.