Asturias y siete comunidades más se alían para que Hacienda cambie su propuesta de financiación

Ocho presidentes se citan mañana en Santiago de Compostela con un único punto en el orden del día, el modelo de financiación autonómica. La premisa: «No permitiré que sea un frente contra el Gobierno», ha venido repitiendo Adrián Barbón. Lo dice el asturiano pero lo repiten todos los dirigentes socialistas. También el anfitrión, del PP, Alberto Núñez Feijóo, que deja claro que a la entrada del Hostal de los Reyes Católicos –donde se celebra la reunión– no se pedirán carnés: «Somos ocho presidentes de tres partidos unidos por la igualdad de todos los ciudadanos». La camiseta que les une, a PSOE, PP, y PRC, es la defensa de los intereses de la España vaciada.

Lo que se aborda este martes tampoco difiere mucho de lo acordado en la última cita, hace tres años en Zaragoza. Allí se concluyó que la financiación de las comunidades autónomas debe fijarse atendiendo «a sus necesidades de gastos reales». Lo que sí cambia es la foto de familia. En Santiago habrá más comensales a la mesa. A los repetidores de Asturias, Galicia, Aragón, La Rioja, Castilla y León y Castilla-La Mancha, se incorporan Cantabria (por mediación de Adrián Barbón), y Extremadura. No importan las siglas de los partidos, dicen, pero las del PSOE siguen siendo mayoría (cinco). ¿Bueno o malo? Depende de para quien, porque la mayoría tendrán la presión añadida de que el gobierno central es el mismo signo político.

La suma de habitantes de estas ocho regiones representa una cuarta parte de todo el territorio nacional. Pero, y ahí viene buena parte de la batalla, su superficie supera el 60%. Precisamente, el documento sobre el que se está trabajando exige un modelo de financiación autonómica que impulse el reequilibrio territorial entre zonas densamente pobladas y zonas en declive demográfico. «Se aboga porque se incluya el cálculo del coste real de los servicios públicos con el objetivo de que se dote a las comunidades de recursos para prestar los servicios de la misma calidad en todo el territorio nacional», se apunta desde el ejecutivo asturiano.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lleva varios meses repitiendo que la propuesta del gobierno estaría lista para finales de noviembre, y salvo novedad, Moncloa sigue apostando por tener como base el criterio de población ajustada. En este no prima la dispersión, sino que es una variable más para calcular el coste de la prestación de los servicios públicos. Las otras son la población total, su estructura de edad y, si es el caso, la insularidad.

En ese impasse, estas ocho comunidades no son las únicas que han conformado un bloque con intereses compartidos. No queda tan lejos la reunión entre los presidentes valenciano y el andaluz, a los que luego se sumaría Murcia, para pedir que el criterio predominante debe ser el poblacional, el que Hacienda mantiene sobre la mesa. Y luego están las comunidades más ricas, Madrid, Cataluña y Baleares, que aquí sí hacen piña. No han necesitado reunirse, es más, no lo han hecho, pero son incontables las veces que se han quejado de un sistema que las penaliza. Dicen que son las que más aportan sin que eso se vea recompensado. En concreto, Madrid y Cataluña quieren que se tenga en cuenta el coste del nivel de vida en sus comunidades, más alto que en otras, y que por tanto, necesitan una compensación para garantizar la prestación de servicios públicos en condiciones de equidad. De toda esta batalla quedan fuera Canarias –con condiciones específicas de insularidad–, y País Vasco y Navarra –que tienen concierto económico–.

Aunque aquí nadie quiere hablar de frentes, casi ni de bloques, sino de términos amigables como «diálogo» o «defensa de intereses comunes», en Ferraz se temió que esto derivase en un enfrentamiento entre dirigentes del mismo partido. De hecho, en los prolegómenos del 2 de noviembre, cuando originalmente se iba a celebrar la cita de hoy, algunos presidentes del PSOE llegaron a dar un paso atrás. La reunión de la dirección socialista el 5 de noviembre recondujo la situación y ella misma apuntó a reformar el modelo de financiación de tal forma que se garantice una «solidaridad» entre territorios, una «suficiencia financiera», y donde la «capacidad fiscal» no condicione el igual acceso a los servicios públicos.

La posición del PSOE es una de los tantos que se anotó Adrián Barbón en el 40 Congreso de Valencia. La FSA consiguió que se aprobase su enmienda –incorporada al documento político resultante– en la que se defendía un modelo que garantice los recursos suficientes para garantizar a la ciudadanía, «con independencia del lugar donde resida, un nivel equivalente de servicios públicos». De esta forma, los socialistas aparcan en su hoja de ruta el modelo de Ximo Puig (Comunidad Valenciana) y apuestan por el de Asturias, que tiene en cuenta el envejecimiento de la población, la orografía, la dispersión poblacional. En definitiva, el coste real de la prestación de los servicios.

Esa es una de las posiciones de fuerza con las que acude el Principado a la cita de hoy en Santiago. La otra, que tampoco es menor, es el acuerdo, que casi podría calificarse inédito por los pocos alcanzados esta legislatura, de todas las fuerzas parlamentarias –excepto Vox– en torno al modelo que debe defender el gobierno regional. Aunque la rúbrica se produjo el 5 de junio de 2020 ninguno de los firmantes ha salido a pedir que se borre su firma del documento. De hecho, desde el ejecutivo regional insisten en mantener vivo ese pacto: «No nos vamos a salir de ese planteamiento», insisten. Hoy mismo, la presidenta del PP decía que aquel documento seguía en vigor y que, lo que espera de hoy, es que «Barbón defienda convenientemente los intereses de Asturias».

De todas las particularidades a tener en cuenta para calcular el coste real de los servicios públicos, figura la búsqueda de una fórmula de coordinación entre agencias tributarias para luchar contra el fraude fiscal. Lo que figuraba en un primer borrador y, a pesar de la pelea de PSOE, Podemos e IU, se excluyó del consenso, fue la referencia a una armonización fiscal. Ya allí se hablaba de la necesidad de buscar consenso más amplios con comunidades que defendiera un modelo de financiación autonómica similar. «Eso nos dará una postura de fuerza», señalaba la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba.

Ahora, en Santiago, al menos antes de entrar a la reunión, los ocho presidentes comparten la idea de «ser útiles aportando soluciones», pero «desde la complejidad del territorio español».

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