«Asturias solo tiene dos juzgados de violencia, cuando necesita cinco»

En los papeles aún no están cambiados los nombres, pero la treintena de juristas asturianas que conforman Abogadas para la Igualdad ya han aprobado que desde enero de 2022 Almudena López (Canarias, 1977) pasará a ser la presidenta. Sustituye en el cargo a Elena Ocejo (Oviedo, 1964), que queda, no obstante, a su lado. «No somos una entidad jerárquica. Tenemos cargos porque nos obliga la ley, pero es cierto que ahora hacemos el traspaso. Un traspaso generacional», explica Ocejo.

Presidenta entrante y saliente demuestran que el espíritu que llevó en 2008, con María Martín a la cabeza, a la fundación de esta asociación, la primera y única de juristas asturianas, sigue en pie. «La asociación nació tras un congreso de abogadas, porque vimos que era necesario implicarse».

Una implicación que se centró en dar cuerpo a las causas generales, como fue trabajar (y lograr) por el cambio de titular en el juzgado de violencia contra la mujer de Oviedo, en 2015, «aunque lo hicimos con otras 17 asociaciones», y la querella, en 2017, contra el psicólogo forense también de Oviedo. «Fue archivada, pero esa persona ya no está en el puesto que ocupaba».

Pero, si algo convierte en imprescindible en la lucha contra la violencia machista a la entidad, sin ánimo de lucro, es que ejerce de acusación popular en todos los feminicidios de la región. «Lo somos porque entendemos que cuando matan a una, nos matan a todas».

La decisión de participar en todas las causas abiertas por feminicidios en Asturias la tomaron «tras una manifestación que hubo en Madrid en 2015». Rememora Ocejo la multitudinaria concentración de más medio millón de personas en la capital el 7 de noviembre de aquel año, en contra de los crímenes machistas, en la que Asturias tuvo un papel especial, con la presencia de las integrantes del Tren de la Libertad.

«Llegamos todas el domingo a Asturias con el ánimo alto, exultantes, habíamos visto mucha unidad y, sobre todo, muchas jóvenes en la protesta».

Una alegría que duró hasta el lunes. «Se descubrió el asesinato de Isabel Márquez, en Oviedo. Fue terrible», dice en referencia al asesinato a golpes de mancuerna de Isabel Márquez a manos de su pareja, Jorge Portillo. En 2017, su asesino fue condenado a 22 años y medio de prisión.

Un juicio para la historia del derecho asturiano porque fue el primer caso en toda España «en el que se aplicó el agravante de género». Desde aquel, en todos los casos de feminicidio en Asturias han estado presentes las integrantes de Abogadas para la Igualdad. Una decisión que les cuesta dinero «en algunos juzgados te piden una fianza para presentarte», se hacen cargo del gasto de los procuradores y muchas, «muchas horas de trabajo», ya que «los procedimientos pueden durar hasta dos años y medio», explica Almudena López.

Su presencia en estos casos supone «el plus de la especialidad», que realizan «de forma gratuita y sin subvención», que las convierte en el mejor equipo para hacer una radiografía de la situación. «El mayor problema con el que nos encontramos es la falta de formación en general en todo el sistema. Todavía hay muchas personas que no saben lo que es violencia de género y la ningunean. Esa falta de formación hace que siga existiendo un maltrato institucional a las mujeres».

Porque, como explica Almudena López, «el Código Penal, por sí solo, no va a solucionar el problema. Esto pasa por formación especializada, pero por la educación en igualdad desde la infancia». Algo que, recuerda Elena Ocejo, «viene recogida en la propia Ley Integral. Es una de sus patas, pero está todavía sin desarrollar». Ambas tienen claro que para lograrlo «es necesaria inversión».

Una inversión necesaria «para cumplir la ley» no solo en materia de educación, «sino de medios del sistema». Recuerda Ocejo que «la ley dice que debe haber un juzgado de violencia sobre la mujer en cada partido judicial. Eso significa que debería haber 16 en Asturias». Una cifra, coinciden ambas, en que quizá sea imposible de lograr, «pero lo que sí está claro es que Asturias tiene solo dos juzgados (Gijón y Oviedo) cuando por volumen de trabajo necesita, como mínimo, cinco», explican, para atender la demanda de Avilés, Siero y ambas cuencas.

Así, añade Ocejo, «lograríamos más personal especializado» y se evitarían, apunta López, «casos como el que viví el otro día: víctima de violencia de género esperando en un juzgado desde las 10.30... A las 12 la fiscal ni tenía los autos ni había podido hablar con las partes, porque estaba en otros juicios. Al final, estuvimos en el juzgado hasta las dos de la tarde».

También piden cambios en la aplicación de la ley. «Uno de los delitos más habituales es el quebrantamiento de la orden de alejamiento o de protección. Al final, casi le sale gratis al autor. O muy barato», explican.

A la hora de pedir mejoras, también miran las juristas a los medios de comunicación. «En el trato a la víctima, al agresor. En los verbos utilizados. Y también en los programas que se emiten, con relaciones tóxicas. Da una información a la juventud muy equivocada».

La única subvención que reciben es para un proyecto con las reclusas internas en el Centro Penitenciario de Asturias. «Desde 2010 les ofrecemos asesoramiento, talleres sobre feminismo, violencia de género, igualdad...».

Una igualdad que no existe para las reclusas. «Las 80 están todas en un mismo módulo, pese a la diferencia de edad, de situación personal, sanitaria, tipo de delitos. Nos dicen que es así porque son pocas, pero realmente ocurre porque son mujeres».

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