El PP y los viajeros celebran la ley que exige indemnizar más por los retrasos del AVE y el Principado carga contra la iniciativa

La ley se publicará en el Boletín Oficial del Estado en breve pero desde Renfe ya han anunciado que estudian acciones legales para no acatar el nuevo principio. Sostienen en la compañía que el suyo es un mercado liberalizado y que aplicar condiciones específicas a un solo operador le deja en situación de desventaja frente al resto.

En el Principado sintonizan con esa posición. El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, consideró «muy positiva» la aprobación de una ley que, sostiene, «persigue situar a la movilidad como un derecho, ojalá eso lo tuviéramos claro y no hubiera ayuntamientos que la conviertan en una cuestión ideológica». Calvo confía en que la norma favorezca a Asturias, en tanto es una «región periférica con necesita una buena movilidad pública». Eso sí, mostró su reparo a la enmienda sobre la puntualidad de Renfe: «Nos preocupan el uso político, por ejemplo, respecto de los modelos de gestión de una empresa pública como como es Renfe, que tiene que tomar sus decisiones y tener posibilidades de gestionar en un mercado cada vez más competitivo». Desde ese punto de vista el consejero dijo que Asturias «necesita una Renfe fuerte», más capaz así de atender a demandas como la parada adicional del AVE madrugador en Mieres.

En el PP por contra están de enhorabuena. Esther Llamazares, diputada nacional por parte del PP de Asturias, recordó que el ministro Óscar Puente «lo dijo claramente: esta no era su ley. Y tampoco era la nuestra, pero contra la voluntad del Gobierno socialista, el PP ha conseguido mejorarla de forma decisiva, y eso tiene un impacto directo y muy positivo para Asturias». En lo tocante a Renfe, la diputada en el Congreso sostiene que «en una comunidad castigada por retrasos constantes, recuperar las devoluciones por 15 y 30 minutos no es solo una compensación económica: es una medida de presión para que Renfe y Adif mejoren la fiabilidad del servicio».

También están de enhorabuena en colectivos de viajeros como Asturias al Tren. «Nos parece muy positivo; se supone que la puntualidad en los servicios AVE era exquisita, y si no van a ser capaces de mantenerla, igual entonces es mejor dejar de invertir tanto en eso y dedicar más a las cercanías», argumenta su portavoz Carlos García. Desde su experiencia el mercado ferroviario de pasajeros «sigue siendo un monopolio de Renfe, y por eso cuesta un mundo mover cualquier cosa», razón de más para que tenga un trato diferencial, sostiene.

Carlos Fernández, de la Asociación de Usuarios del Ferrocarril y la Movilidad (Affecon) ve también «correcta» la iniciativa, si bien es favorable a extenderla al resto de empresas privadas (Ouigo e Iryo) «así como en los trenes de Media Distancia, cuyo importe se devuelve si el retraso es superior a una hora. Aquí se ve la discriminación a la que está sometida la Media Distancia por no ser Alta Velocidad».

Por su parte los representantes laborales de Renfe critican que el PP no haya aprovechado su influencia en la tramitación parlamentaria para extender la obligación de devolución al viajero al resto de compañías. «Como empresa pública y trabajador nos podría venir bien este incentivo a la puntualidad, el problema es cuando se aplica de forma discriminatoria. Si se obliga a Renfe a devolver también deberían hacerlo los demás», indicó Nacho Guzmán Pérez, de CC OO.