Los ayuntamientos urgen la ejecución de los 133 millones pendientes de los fondos mineros

La Asociación de Comarcas Mineras (Acom) eludió esta mañana cualquier tipo de responsabilidad sobre la falta de control en la gestión de los fondos mineros, acreditada en el informe del Tribunal de Cuentas conocido esta misma semana. Los ayuntamientos mineros recuerdan que vienen denunciando desde hace tiempo la falta de planificación estratégica para el desarrollo de estos proyectos y también la falta de representación por parte de las entidades locales en las mesas de decisión. Motivos por los que el presidente de Acom España, Mario Rivas, acompañado por el vicepresidente de la asociación, Maximino García, y de la secretaria general técnica, Carolina Morilla, eludieron esta mañana cualquier tipo de responsabilidad en los errores que pudieran haberse cometido, al tiempo que reclamaron mejoras para abordar la gestión de los fondos pendientes de ejecutar. «No asumimos responsabilidad en aquello en lo que no participamos, asumiremos responsabilidad si a partir de ahora tenemos capacidad de gestión», resolvió el también regidor de Morcín, al entender que «carece de sentido» la ausencia de las entidades locales en las mesas de decisión o, en el mejor de los casos, su «presencia testimonial».

Acom pide corregir esta situación para la gestión de los fondos pendientes, pero también para los recursos que puedan venir en el futuro bajo el paraguas de 'fondos verdes' con el objeto de favorecer una transición ecológica justa. El tiempo apremia. Existe una prórroga hasta 2023 para el desarrollo del plan 2013-2018 por el que se comprometieron 133 millones para las comarcas mineras, de los que 97 corresponderían a Asturias, que podrían perderse si antes del 21 de diciembre de este mismo ejercicio el Ministerio de Transición Ecológica y las correspondientes comunidades autónomas no firman los convenios previstos. Una situación que preocupa y mucho a los ayuntamientos.

Temen desde la organización que este plan quede en papel mojado o que, como ocurrió con los dos anteriores (el plan de 1998-2005 se ejecutó en un 53%, aunque el porcentaje en Asturias fue mucho más alto, y el plan 2006-2012 únicamente al 20%), no se desarrolle de forma completa, tal y como afea el Tribunal de Cuenta en su informe. Sin embargo, ante las críticas recogidas en esta auditoría por la escasa ejecución de estos planes y su dudosa efectividad para cumplir con su cometido de reactivación de estas comarcas, los ayuntamientos puntualizan que ese dinero «no llegó para poder gestionarse» y que, «lo poco que llegó», sirvió para «dignificar» unos territorios con la dotación de servicios básicos como saneamiento, restauraciones medioambientales, o depuradoras, anotan a modo de ejemplo, «que debían haberse ejecutado con cargo a los presupuestos autonómicos». Lamentan por lo tanto que no hubiera existido la «adicionalidad» de recursos que se presuponía que iban a recibir estos concejos afectados por el cierre de las minas, pero consideran que no se puede hacer una crítica generalizada a los fondos mineros y que es de justicia reconocer que gracias a estas ayudas estas comarcas ofrecen hoy una imagen muy distinta a la de hace años.

Dicho esto, coinciden en las críticas por parte del Tribunal de Cuentas en relación a la falta de planificación específica de las actuaciones y reclaman a las Administraciones públicas implicadas la necesidad de definir «criterios y objetivos» a partir de indicadores «estadísticos homogéneos» así como «un seguimiento y control del impacto socioeconómico en los territorios». Para ello, proponen la creación de una oficina estadística u observatorio de datos para el «análisis cualitativo y cuantitativo de los planes estratégicos». También comparten con el Tribunal de Cuentas sus críticas a la tramitación administrativa de estas ayudas que, en palabras de Morilla, en ocasiones se convertía en un «caramelo envenenado» para los ayuntamientos, obligados a adelantar el dinero de las ayudas y a hacer frente a los intereses de demora por el retraso de los pagos.