IU y PSOE de Castrillón piden retirar del Pleno la votación sobre la empresa de alquiler de vehículos

Por ello, ambos grupos políticos han presentado un escrito conjunto en el que solicitan que se aplace su votación.

Entre las principales dudas y preocupaciones recogidas en el escrito destacan las «contradicciones» que aparecen en los informes jurídicos municipales, que en poco tiempo habrían cambiado de criterio de forma significativa sin justificación clara «generando así inseguridad jurídica». Asimismo extienden sus dudas sobre la tramitación de este expediente como una simple rectificación de errores, «dado que podría afectar a terceros interesados que deberían tener la oportunidad de presentar alegaciones».

Por todo ello, piden que el expediente quede sobre la mesa y se aplace su debate para una próxima sesión plenaria y que se solicite un informe jurídico de la Secretaría municipal que despeje todas las dudas existentes. En caso de que no fuera así, sugieren recabar asesoramiento jurídico externo para garantizar la legalidad del procedimiento.

Tanto PSOE del concejo como Convocatoria por Castrillón trasladan su interés en que toda la gestión se realice con «la máxima transparencia, la seguridad jurídica y el respeto al procedimiento administrativo, especialmente en expedientes que afectan a terceros y que pueden tener consecuencias patrimoniales y judiciales para el Ayuntamiento». «No vamos a permitir que se tomen decisiones precipitadas ni al margen de la legalidad, poniendo en riesgo el interés general ni comprometiendo la responsabilidad de la institución pública», manifestaron los portavoces.

Desde ambos grupos se insiste en que una actuación responsable y rigurosa es esencial para salvaguardar los derechos de los ciudadanos y evitar futuros conflictos jurídicos que podrían dañar la imagen y las arcas municipales.

«Exigimos al equipo de gobierno del Partido Popular que actúe con seriedad, aclare todas las dudas existentes y garantice que cualquier decisión se adopte con todas las garantías legales, evitando cualquier atisbo de opacidad o improvisación», concluyeron.

Este asunto, que cuenta con la disconformidad manifiesta del concejal de Urbanismo, Gustavo Prieto, ha llevado a que el alcalde Eloy Alonso haya asumido estas competencias. Cabe recordar que este proyecto, junto al aeropuerto de Santiago del Monte, se inició en 2018 y en 2024 se aprobó el estudio de implantación y un plan especial, pero un error en la certificación catastral lo retrasó.