Los catedráticos reivindican su universidad: «La educación privada solo beneficia a quien puede pagarla»

Ocho de los 27 catedráticos firmantes han presentado públicamente la iniciativa, que llega en una semana en la que la Universidad de Oviedo pliega filas en esta defensa. El lunes fue el Consejo de Gobierno el que sacó adelante por unanimidad una declaración institucional. Mañana hará lo propio el Claustro. Ya lo hicieron empleados de la universidad y sindicatos. De forma paralela, el Gobierno ha anunciado un decreto mucho más restrictivo con la apertura y mantenimiento de los proyectos privados. Ha sido, sin duda, una semana clave para este debate.

Los catedráticos lamentan el «progresivo abandono de los servicios públicos y la supeditación de la labor universitaria a intereses privados». Unos proyectos, los privados, en los que en cualquier caso han querido diferenciar. Admiten los profesores que hay en España grandes universidades privadas. Y, de las iniciativas que están por llegar a Asturias, 'salvan' la de la Universidad Europea, que «será una auténtica universidad, con diez titulaciones de cinco campos del saber y cumpliendo la ley», en un campus de Gijón. No opinan lo mismo de los anunciados centros adscritos de la Antonio Nebrija, en Avilés, y la de la Alfonso X, en Oviedo (si bien esta última no ha presentado aún nada oficial ante el Principado). En ambos casos, dicen, se trata de «un fraude de ley», de «trucos que bordean la ley, que no cumplen con lo recogido en la última reforma universitaria». Añaden un dato: «A las universidades públicas no se les permite abrir un centro adscrito en un distrito universitario que no es el suyo».

En la rueda de prensa han comparecido los catedráticos Isabel Carrera Suárez (Filología Inglesa), Santiago García Granda (exrector de la Universidad de Oviedo, de Química Física), José Manuel Recio Muñiz (Química Física), Emilia María Durán Almarza (Filología Inglesa), José Manuel Paredes Castañón (Derecho Penal), Francisco Erice Sebares (Historia Contemporánea) , José Ramón Villar Flecha (Ciencias de la Computación e IA) e Ignacio Loy Madera (Psicología Básica).

Sobre la mesa, la preocupación porque «va a saltar por los aires la igualdad de oportunidades que debe caracterizar a cualquier institución educativa» y, en el caso concreto del grado de Medicina, «se permitirá que una minoría pueda saltarse las horas de estudio y acceder a una titulación homologada a golpe de talonario». Y la pregunta tan repetida en estos meses: «¿Dónde realizarán las prácticas el alumnado de las universidades privadas?», que es la pregunta que el propio Rectorado se hace.

Porque el interés mayoritario de las universidades privadas para Asturias pasa por esos estudios, Medicina y Enfermería principalmente, «sabiendo de la necesidad de profesionales existente, causada por una mala planificación de los recursos, unido al aumento de la sanidad privada en nuestra comunidad con la llegada de nuevos hospitales privados».

Como profesores que son (como queda dicho, el escalafón más alto), han querido también defender los exigentes requisitos que deben cumplir. «La Universidad de Oviedo cuenta con estrictos requisitos de acceso para su profesorado, que buscan asegurar los máximos criterios de calidad en la docencia y la investigación». Y esas dos cuestiones, calidad docente e investigación, son elementos fundamentales que faltan, aseguran, en muchos de los proyectos privados, «supuestas universidades», en las que esas cuestiones son «criterios secundarios».

A partir de aquí, ponen la pelota en el tejado del Gobierno del Principado de Asturias. «La Universidad de Oviedo es un referente. Del Principado depende que lo siga siendo», han dicho. Y han añadido: «Asturias debe decidir si quiere sumarse a una tendencia que ahora se está corrigiendo». «Nuestro gobierno autonómico debe hacer gala de la excepción que supone Asturias como baluarte en el acceso a la educación pública, elevándola al grado de virtud y alejándose de los cantos de sirena de la iniciativa privada». Lamentan los catedráticos la «competencia desleal» de las privadas, el «enorme esfuerzo que están realizando algunos sectores por ensalzar la importancia y el valor de las privadas», y el hecho de que el nuevo decreto que ha anunciado Pedro Sánchez llega «diez años tarde». Porque «ya hay muchas universidades de dudosa calidad en marcha» y no está claro que «puedan ser reevaluadas. Es muy complicado. Hay muchos intereses en marcha».

Con todo ello, se dirigen a todo «el personal docente, administrativo, estudiantado, miembros de la comunidad educativa y ciudadanía a adoptar una resolución decidida por el fortalecimiento de nuestra universidad, una universidad de calidad, pública y accesible para todos y todas».