Los condenados por el 'caso Renedo' maniobran para reducir sus penas

El empresario Víctor Muñiz. /  M. R.
El empresario Víctor Muñiz. / M. R.

Muñiz dice al Supremo que hay «un error» en el fallo y pide que le apliquen el mismo criterio que a Otero. Renedo aspira a lograr una rebaja

RAMÓN MUÑIZGIJÓN.

La sentencia que dictó el viernes pasado el Tribunal Supremo empieza a escribir el capítulo final del 'caso Renedo', al menos en su pleito principal. Existe al margen una investigación judicial iniciada en 2016 que está centrada en los materiales que la Consejería de Educación pagó para equipar con pupitres, pizarras, armarios y otros útiles a una serie de colegios e institutos a los que no llegaron. Las diligencias, no obstante, siguen su curso, interrogando a los directores que estaban al frente de esos centros en los años 2009 y 2010. Se trata de un pleito suplementario que amenaza con agravar el horizonte penal de sus investigados, esto es, el exconsejero José Luis Iglesias Riopedre, su colaboradora María Jesús Otero y los empresarios Víctor Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez.

Los cuatro, unidos a la funcionaria Marta Renedo, se centran sin embargo estos días en gastar los últimos cartuchos que la ley les concede para aliviar las condenas que el viernes anunció el Tribunal Supremo. El primero en aprovechar ese escaso margen ha sido Miguel Valdés-Hevia, el abogado defensor de Muñiz. El letrado ha interpuesto lo que se denomina una «aclaración de sentencia» para impugnar algunos aspectos de la misma.

El que fuera administrador de Igrafo, en efecto, no se cuenta entre los grandes beneficiados por el Supremo. La condena que en 2017 le impuso la Audiencia Provincial era de seis años y seis meses de cárcel, castigo que ahora su recurso redujo en un año y cuatro meses, en parte para compensarle por las dilaciones indebidas que sufrió el procedimiento. Este concepto alivia las penas a quienes han sufrido un proceso judicial que se ha alargado en exceso.

El Supremo mejoró así el resultado para Muñiz, pero menos de lo que lo hizo con los dos grandes beneficiados de la sentencia: el exdueño de APSA, Alfonso Carlos Sánchez (bajó desde los seis años y medio iniciales hasta los dos años y ocho meses), y María Jesús Otero (de los nueve años y medio iniciales se queda en cinco años y cinco meses).

Valdés-Hevia se fija en los razonamientos que beneficiaron a esta última y pide que se le apliquen también a su cliente. Su escrito advierte de la existencia de un supuesto «error» consistente en aplicarle un delito de malversación de fondos según un Código Penal que lo castigaba entre los tres y los seis años, cuando en realidad correspondería ir a una horquilla menor, de entre dos años y tres meses a tres años y cuatro meses. «Así se ha operado en el caso de María Jesús Otero», recuerda. En caso de que no se atienda su argumentación, propone aplicar otro criterio que tendría también el efecto de aliviar la sentencia final.

El letrado de Muñiz es el primero, pero no será el único. El resto de abogados andan al quite con los plazos para sumarse a esa aclaración o plantear otras que puedan mejorar el resultado definitivo. La defensa de la funcionaria Marta Renedo, por ejemplo, esgrimirá la desigualdad que supone no aplicarle a ella el atenuante de dilaciones indebidas del que se han favorecido los demás.

Estos últimos trámites tienen el efecto secundario de alargar por unas semanas el tiempo en el que la causa sigue en manos del Tribunal Supremo. Solo cuando el Alto Tribunal dé por aclaradas y saldadas todas las dudas, trasladará el asunto a la Audiencia Provincial para que se encargue de la fase de ejecución de sentencia. Es la estación final del procedimiento, el momento en el que se dictan los autos de prisión y se exige el pago de multas e indemnizaciones.

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