Los constructores rechazan la futura Ley de Vivienda en Asturias porque «sólo plantea restricciones y sanciones»

El título IV de la ley estará dedicado a la colaboración público-privada y regulará «los mecanismos mediante los cuales la Administración autonómica puede apoyarse en actores privados o del tercer sector para ampliar y gestionar el parque de vivienda protegida y asequible». Pero, a falta de que todo ello se vaya concretando, los promotores son muy críticos.

«A día de hoy, no hay ayudas ni para el promotor ni para el comprador. No se ha actualizado el módulo, que sigue muy por debajo de los costes reales de construcción. No se ha agilizado la tramitación urbanística, que sigue siendo uno de los principales cuellos de botella del sector. Y con todo esto encima de la mesa, el Gobierno plantea un marco aún más rígido, sin resolver lo básico». Tras esta reflexión, lanzan una pregunta: «¿Va la consejería a cumplir el acuerdo de concertación firmado? ¿Van a sentarse a negociar la actualización del módulo o van a romper su palabra y su firma?»

Las posturas están distanciadas y habrá que esperar al periodo de alegaciones para conocer exactamente las propuestas de todos los sectores. Pero por el momento lamentan el contenido de la ley. «No se puede exigir al sector que construya vivienda asequible sin condiciones mínimas para hacerlo. Si no hay rentabilidad, no habrá vivienda. Si no hay ayudas ni agilidad, no habrá resultados. Desde CAC-Asprocon pedimos responsabilidad, cumplimiento de lo firmado y soluciones reales. Asturias necesita vivienda, no sólo leyes que suenan bien».

Las críticas llegaron también desde la oposición parlamentaria. La diputada y portavoz de Vivienda del PP, Susana Fernández, tachó la ley de «ideológica, sectaria e intervencionista». Y adelanta que se van a oponer a cuestiones como «las zonas tensionadas, el tope de precios de alquiler, blindar la vivienda protegida o desproteger al propietario». De intervencionismo habla también Carolina López, de Vox: «El socio comunista de Adrián Barbón tiene como objetivo limitar de manera flagrante la propiedad privada, la protección del propietario. Intervencionismo puro y duro. Han sido las izquierdas las que se están cargando el mercado de la vivienda. Lo que antes era un derecho ahora es un privilegio».

Mucho más templada es la postura de Foro, cuyo secretario general, Adrián Pumares, ve «bien que una vivienda no pierda la protección, porque eso permite contar con un parque público y no descapitalizarlo». Sí pone dos 'peros': rechaza el dirigente forista que toda la vivienda pública sea sólo para el alquiler y advierte de que «sin colaboración público-privada y fiándolo todo a la intervención pública va a ser totalmente imposible contar con un parque público de vivienda adecuado y hacer frente al grave problema de acceso a la vivienda».

Por su parte, Tino Vaquero, secretario de Vivienda y Agenda Urbana de la FSA, califica la ley de «ambiciosa» para «dar soluciones efectivas a uno de los principales desafíos de nuestra sociedad, el acceso a una vivienda digna en condiciones adecuadas y asequibles». Confían el partido del Gobierno en que la ley salga adelante en la Junta «lo más rápido posible y con un amplio consenso». Covadonga Tomé, diputada de Somos Asturies, ya adelanta su apoyo a todas las medidas «progresistas y absolutamente necesarias, después de años de total ausencia de políticas de vivienda y de permisividad con la especulación que nos han abocado a la situación actual».