«Sería un error no tomar medidas extraordinarias contra esta quinta ola», sostiene el consejero de Salud

El consejero Pablo Fernández se mostró esta mañana muy contundente en la comisión parlamentaria de Salud: «No tomar medidas frente a esta quinta ola del coronavirus sería un grave error». Se refería a las medidas extraordinarias acordadas por el Consejo de Gobierno para tratar de contener la pandemia en los concejos con una evolución epidemiológica más grave. Se trata, por un lado, de implantar el toque de queda y, por otro, de limitar las reuniones sociales.

El hecho de que la tasa de contagios en el grupo de 15 a 29 años sea de 2.000 casos por 100.000 habitantes o que la incidencia en mayores de 65 años se haya triplicado -situándose ahora en el máximo nivel de alerta- justifican, según explicó Fernández, la decisión del Principado de «ir más allá» en sus medidas restrictivas. «Son cifras inasumibles», aseguró.

También advirtió de las altas tasas de ocupación hospitalaria, «no como una psicosis, sino como un hecho objetivo». Es más, el informe remitido esta mañana por el Ministerio de Sanidad sobre la situación de Asturias es «más preocupante» que el anterior, expuso el consejero. Si hace unos días se hablaba de que los picos de hospitalización se iban a prolongar hasta el 18 de agosto, los nuevos datos apuntan a que «no vamos a tener que quitar medidas sino poner otras nuevas».

Las explicaciones del consejero, que rindió cuentas ante los grupos políticos para cumplir con la nueva Ley de Salud, coincidió con la resolución de la Fiscalía en la que se hacía público el informe de la Fiscalía sobre las medidas extraordinarias propuestas por Salud. El órgano judicial, que se pronuncia a petición del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), considera «desproporcionado» el toque de queda, pero sí se muestra partidario de limitar las aglomeraciones.

Dicho informe, en cualquier caso, es preceptivo pero no vinculante. La última palabra la tendrá el TSJA, al que el Principado ha tenido que pedir autorización porque las restricciones que propone afectan a derechos fundamentales como el de movilidad o reunión. El alto tribunal asturiano tiene de plazo hasta mañana, domingo, para dirimir el asunto.

Fernández se remitió precisamente al nuevo marco legislativo que obliga a pedir autorización a los jueces tras decaer el estado de alarma en España para responder a las críticas de los grupos políticos que ven una respuesta tardía del Gobierno autonómico contra esta nueva ola pandémica. «El marco normativo es diferente y eso es lo que nos ha llevado por este camino. Las medidas de mayor dureza no se autorizan si no están vinculadas a una incidencia acumulada y tienen un alto nivel justificativo», sostuvo. Es decir, «si no propusimos estas medidas hasta antes no estábamos en condiciones de argumentar la proporcionalidad que requieren los tribunales y ahora sí».

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