Dos mujeres aceptan un año de cárcel por distribuir imágenes sexuales con un bebé

Dos mujeres de origen marroquí han aceptado una condena de un año de prisión al reconocer haber distribuido por Whatsapp un vídeo pornográfico en el que se veía a una mujer desnuda y una bebé de seis que estaba siendo maltratada. Fueron condenadas por corrupción de menores.

La Fiscalía solicitaba dos años y medio de prisión para cada una de ellas, a sustituir por la expulsión del país con prohibición de regresar a España en cinco años. Minutos antes de la celebración del juicio hubo conformidad entre las defensas y la Fiscalía, que acordaron que las acusadas, residentes en Roquetas de Mar (Almería), reconocía la tenencia del vídeo y su distribución, y aceptaban un año de cárcel pero evitaban la expulsión. 

Una de las acusadas reconoció que remitió el vídeo a la otra acusada y ésta última lo difundió a todos los contactos de su agenda de esta aplicación de mensajería telefónica.

Entre las personas que recibieron el vídeo se encontraba José Ramón Gutiérrez Álvarez, vecino de Pola de Lena, que acababa de cambiar de compañía de teléfono móvil y que, tras llegarle por error, y ver parcialmente las imágenes denunció los hechos ante la Guardia Civil.

Su denuncia derivó en un procedimiento en el juzgado de instrucción de Pola de Lena que dio lugar a la vista oral del juicio celebrado ante la magistrada-juez Paz González Tascón, titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo.

La Fiscalía solicitaba en su escrito de calificación provisional de la causa la condena, a cada una de las acusadas, por un delito de corrupción de menores, una pena de dos años y seis meses de prisión, a sustituir por su expulsión del territorio nacional y prohibición de retorno por un periodo de 5 años.

Sin embargo, la acusación pública llegó a un acuerdo con las defensas de ambas acusadas, por el que éstas admitían que su desconocimiento de la lengua española les había impedido explicar que su verdadera intención no era la difusión de las imágenes, sino «la denuncia de estos hechos tan graves».

Este desconocimiento del castellano y su arraigo en España fue el que les llevó a solicitar una traductora que les transmitió el acuerdo alcanzado para comprender correctamente el término de su contenido.

A su falta de comprensión lingüística unieron también como justificación a su comportamiento para eludir su expulsión del país el fuerte arraigo familiar y laboral que tienen en España y aseguraron que su condición de madres les impediría realizar conductas reprochables como la difusión pública del vídeo.

Al término de la vista, las dos mujeres marroquíes han mostrado su satisfacción y han asegurado a Efe que «no volverá a suceder« y que si ven »una situación igual o similar, iremos a denunciarlo a la Policía o la Guardia Civil».

Ambas acusadas han reconocido que no llegaron a ver el vídeo hasta el final, puesto que contenía imágenes muy fuertes «donde si una es madre y tiene el corazón de una madre no puede actuar así de esa manera».

La mujer que envió el vídeo a su amiga ha confirmado que su única intención era «decirle qué cómo era posible que una mujer hiciera ese video, nada más».

El testigo José Ramón Gutiérrez, que ante el acuerdo alcanzado no tuvo que declarar en sala, ha afirmado a Efe que previamente al envío del vídeo recibió una llamada de audio, que estaba «en un idioma extranjero» y a continuación le llegaron las imágenes que ante su dureza, inmediatamente puso en conocimiento de la Guardia Civil para no tener problema alguno