El Principado negocia que los bancos adelanten el pago de daños del lobo
El PP mantiene su propuesta de exportar animales a otras regiones y sostiene que «la única ocurrencia y la más grave» fue proteger a la especie
El Principado sigue batallando en los tribunales para recuperar la capacidad legal de abatir lobos en los lugares en los que las manadas se ceben con el ganado, pero mientras los jueces analizan la cuestión, avanza también en otros frentes. Lo puso de manifiesto esta mañana el consejero de Medio Rural, Alejandro Calvo, quien mantuvo su compromiso de que «en este ejercicio los pagos» para compensar los daños causados por los ataques de los cánidos «se hagan un máximo de tres meses», promesa a la que añadió otra: «Espero poder anunciar que el pago de los daños pueda ser adelantado por entidades bancarias».
Es un sistema que ya funciona con las ayudas de la Política Agraria Común (PAC). Para que las explotaciones cuenten antes con el dinero y dados los ritmos de la administración, una vez hay cierta seguridad de que la subvención se acabará liquidando entidades como la Caja Rural anticipan el dinero sin cobrar intereses. La decisión del Ministerio para la Transición Ecológica de incluir al lobo en el listado de especies silvestres de especial protección (Lespre) implica para la administración estatal que asume una responsabilidad patrimonial por los ataques de las manadas y que además debe resarcirlos en su totalidad, un cambio jurídico que se espera suponga pagar más y antes a los afectados. Son garantías que facilitan la entrada en juego de las entidades bancarias como facilitadores de ese dinero por adelantado.
Calvo explicó en el pleno de la Junta General que el Principado ha puesto además «una línea específica financiable al 100% para la prevención de daños», de forma que todas las medidas de cercados, perros y piensos que los ganaderos quieran adoptar para evitar los ataques del cánido pueden asumirlas sin coste alguno. Los mecanismos compensatorios «no son la solución, pero deben funcionar bien para no generar más problemas», indicó el consejero.
Estos pasos se dan sin abandonar el conflicto judicial abierto con un ministerio, el regido por Teresa Ribera, que en sus orígenes situaba el plan de gestión asturiano como modelo a seguir, según recordó Sergio García, de Ciudadanos. «Mentía», afeó. «Soy una persona paciente, pero mi paciencia tiene un límite, ponga a los suyos en su sitio», conminó el parlamentario de la oposición.
El consejero recordó que por ahora los tribunales han rechazado las medidas cautelares pedidas por Galicia, Castilla y León, Cantabria y Asturias, comunidades que pedían seguir pudiendo abatir al animal. Ahora queda que los magistrados entren en el fondo del asunto y «el resultado final va a demorarse», concedió Calvo. «Seguimos trabajando con el ministerio para buscar una definición fiable a esa disposición ministerial que en teoría da cabida a los controles pero que no podemos materializar porque tenemos medidas cautelares contra nuestro plan de gestión que nos lo impide», argumentó.
Por su parte el PP emitió un comunicado manteniendo la idea expresada por su presidenta, Teresa Mallada, para capturar lobos y llevarlos a otras comunidades sin presencia de manadas. "La única ocurrencia y la más grave fue que el Gobierno del PSOE incluyera el lobo en el Lespre", indicó el diputado regional Javier Brea. El popular salía así en defensa de la propuesta de Mallada, que Calvo volvió a rebajar como una mera "declaración de intenciones". "El consejero debería haber dimitido como su director general", replicó Brea.
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Montes de mano común
En el pleno de la Junta General el portavoz de Foro, Adrián Pumares, también convocó al consejero para que detallara la situación de los montes de mano común. «Se tramitan 19 expedientes, se ha aceptado la clasificación de cinco, rechazado la de cuatro, y tenemos prácticamente finalizados tres expedientes nuevos», detalló Calvo. Recordó que en los 30 años anteriores «solo se clasificó un monte», por lo que reivindicó el impulso político dado a la cuestión. Eso sí, recordó que la mayoría de los casos los peticionarios solicitan hacerse con la titularidad de terrenos que en ese momento son un bien público, motivo por el cual la revisión de la documentación y los argumentos «debe ser muy garantista». El diputado de Foro Asturias reclamó que el jurado actúe de oficio y no solo espere de las peticiones para iniciar los procesos.
Las cuestiones se debatieron con la asistencia en la Junta General de un grupo de productores convocados por Asturias Ganadera.
