Los empresarios asturianos reclaman más ambición a la 'ley simplifica'

«Esta reforma es un paso necesario, pero no el destino final», dijo la presidenta de la Federación asturiana de empresarios (Fade), María Calvo. «Les animamos a ir mucho más allá», incitó. Recordó que lo que ahora se pretende modificar es una norma de 1995 y que desde entonces ya han habido cambios a nivel nacional. Uno de los que más agradeció fue una ley de 2009 «que ya establecía la declaración responsable como regla general para el inicio de actividades. Pero en Asturias, pasados más de quince años, aún no hemos asumido lo que ya nos decía Europa: que el control real del cumplimiento normativo viene del seguimiento eficaz, no de exigir columnas de papeles».

Criticó en ese sentido que el borrador proponga una tasa por realizar la declaración responsable. «Si sustituye una autorización previa, no debería suponer un coste adicional», dijo. Calvo instó a convertir en obligaciones sobre cada consejería los «principios generales» que se proponen en materia de programación administrativa. «Toda consejería debería tener medidos sus plazos medios de tramitación, identificar los cuellos de botella y publicar los datos como se hace con los plazos de pago o las listas de espera sanitaria».

Abogó por reducir los plazos para resolver trámites, algo en lo que coincidió también Álvaro Ordás, secretario general de la Cámara de Comercio de Gijón. Daniel González, presidente de la de Avilés, exigió más «concreción» a la ley y previno que tramitarla «no significa que la burocracia mejore; de poco ayuda establecer una ley para proyectos de interés regional estratégico si luego se tardan meses en valorarlos», deslizó.

El jurista Javier Junceda redujo el texto una mera reproducción de temas que ya están en la normativa nacional, quedándose así muy lejos de otras regulaciones autonómicas: «Ni de gatopardismo puede hablarse en este caso, ya que esta ley no cambia nada para que todo siga igual; se ha perdido una formidable oportunidad para apostar de verdad por una reducción de las cargas burocráticas, una pesada mochila sobre las espaldas de los ciudadanos».