La exclusión de la concertada de los fondos extraordinarios encona el conflicto

El plan del Principado de Asturias para regresar a las aulas en septiembre y su decisión de destinar todos los fondos extraordinarios a la enseñanza pública ha vuelto a poner en pie de guerra a la escuela concertada. La vieja batalla se recrudece y todo apunta a que finalizará en movilizaciones en la calle o en los tribunales. O en ambos. La consejera de Educación, Carmen Suárez, ya salió en defensa de la decisión del Ejecutivo regional. Y ayer lo hizo el propio presidente del Principado, quien aseguró en la Junta General que no tiene nada en contra de la enseñanza concertada pero que «nos corresponde gestionar la red pública». Y añadió que ni siquiera para esa red serán suficientes los 30 millones de euros que Asturias va a recibir del Gobierno central para la educación, una cifra con la que se deben sufragar las nuevas contrataciones de docentes, el desdoble de aulas, la digitalización y adquisición de nuevos equipos...

Pero los argumentos del presidente regional ni gustan ni convencen a la escuela concertada asturiana. En concreto, a Escuelas Católicas. «Al gobierno autonómico le corresponde gestionar la educación sostenida con fondos públicos, lo cual incluye también a los centros concertados», respondió ayer Simón Cortina, presidente de la entidad. Tanto Barbón como la consejera anteriormente han hecho referencia al mantenimiento de los conciertos educativos, vigente en las condiciones actuales hasta 2023. «De lo que hablamos ahora no es el concierto educativo, sino del acceso a una financiación adicional que servirá para hacer frente a las necesidades surgidas por una situación excepcional derivada de la pandemia de la COVID-19, que afecta por igual al alumnado de la red pública y al alumnado de la red concertada», aseguró ayer Cortina. «Ambas redes responden a la legalidad educativa vigente y la educación concertada sostenida con fondos públicos es un instrumento que garantiza el derecho de las familias a elegir el centro de educación que quieren para sus hijos».

La situación, parece evidente, no se va a solucionar con el debate público. Los titulares de los colegios concertados han dejado claro que no se van a quedar de brazos cruzados, los padres de dicha red han amenazado con los tribunales y ayer también lo hizo el PP. Por su parte, Vox acusó al Principado de «despreciar y abandonar» a 30.000 alumnos.