Fade y las asociaciones del transporte llevan el peaje del Huerna a los tribunales

El dictamen emitido por la Comisión Europea el 17 de julio de 2025 instaba a España a respetar la normativa comunitaria en materia de contratación pública en relación con las prórrogas de las concesiones de la autopista del Huerna y de la AP-9 en Galicia. Esta advertencia abrió la puerta a cuestionar la legalidad de las extensiones otorgadas.

Fade señala que el mantenimiento del peaje supone un sobrecoste continuo para transportistas, autónomos y empresas que trabajan hacia y desde Asturias, afectando especialmente a sectores industriales y logísticos ya sometidos a un incremento sostenido de costes. Subraya, además, que la persistencia de este peaje compromete la capacidad de la región para atraer inversiones en un momento en el que la competitividad territorial es determinante. Por ello, entiende que defender la eliminación del peaje y garantizar un acceso competitivo, seguro y eficiente con el resto del país constituye una «obligación institucional y económica».

Por su parte, el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, reconoció ayer que la petición de reunión con el Ministerio de Transportes para tratar el asunto de los peajes solicitada por Asturias, Galicia y Castilla y León no ha sido atendida. Recordó que el Gobierno del Principad mantendrá la presión política y social y, ahora, administrativa y judicial, después de que el Consejo de Gobierno decidiera el pasado lunes solicitar la revisión de oficio de la concesión, el paso previo para reclamar judicialmente la anulación del peaje.

Por otro lado, el presidente del Principado, Adrián Barbón, rechazó la propuesta del presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, de nombrar un comisionado para mediar con el ministerio de Transportes en el asunto del peaje. «Agradezco su actitud constructiva y siempre aportando en positivo, pero aquí las relaciones lógicas son entre gobiernos», dijo.