El funcionario creó un entramado con su mujer y sus hijas para blanquear los pagos

En un informe que se encuentra dentro del sumario del caso -al que ha tenido acceso El Diario Montañés-, los investigadores diferencian los fondos y patrimonio obtenido de manera ilícita por la familia Diez del Río del patrimonio lícito, así como la forma en la que los investigados han tratado de ocultar ese origen ilícito, blanqueándolo, para darle una apariencia de legalidad e introducirlo en el circuito económico legal.

De esta manera, los agentes de la Policía Nacional realizan una «estimación provisional» sobre los fondos recibidos a través de la mujer del funcionario, Beatriz del Río (en libertad con cargos y sin pasaporte), su hija Cecilia Diez (22 años) y la empresa «ficticia» de fotocopias Parivara Lagani. «Fondos procedentes de sociedades cuyos responsables se conciertan con el jefe de servicio de Carreteras al objeto de ser adjudicatarios de licitaciones públicas, y justificados por una supuesta actividad profesional o empresarial que no consta que haya desarrollado ni Cecilia ni la mercantil en cuestión».

En los registros domiciliarios, los agentes han hallado diversas facturas emitidas por Cecilia y la empresa de la que es socia a las mercantiles Rucecan y La Encina y Cannor (implicadas en la trama). Los conceptos de los trabajos facturados son 'servicios de fotocopias, reproducción de planos, encuadernaciones, preparación de todo tipo de documentos...'. «Para disimular la procedencia del dinero que va haciendo aumentar rápidamente el patrimonio familiar y darle una apariencia de legalidad, el funcionario utilizó primero a una de sus hijas, Cecilia, de alta en el régimen de trabajadores autónomos, declarando la realización de las actividades citadas anteriormente. Dicha actividad declaraba ejercerla en el domicilio familiar, a pesar de que durante ese periodo Cecilia estaría cursando estudios universitarios en Madrid».Además, los agentes señalan que en la entrada y registro del domicilio social de Parivara Lagani (el domicilio familiar), únicamente se halló una fotocopiadora que estaba guardada en un trastero, que se encuentra en la planta de garajes: «Había material posado encima de la fotocopiadora, lo que indica que no se le da uso».

Tampoco se hallaron medios propios del desarrollo de la actividad empresarial declarada, ni otros con los que pudieran llevarse a cabo servicios de fotocopias, reproducción de planos, encuadernaciones, preparación de todo tipo de documentos, delineación, ingeniería, marketing y/o publicidad.

Según refleja el sumario, Cecilia declara unos ingresos de 135.559 euros para el ejercicio 2020 y de 34.971 para 2021 que suman 170.531 euros. «En ambos años estos ingresos proceden en exclusiva de Cannor, Rucecan y La Encina, por lo que todo indica que la declaración de esa actividad pretende ser una justificación para introducir en el circuito económico legal importantes cantidades de dinero procedentes de comisiones ilegales cobradas por cuenta de su padre».

Por otro lado, al igual que su hermana Sofía, Cecilia es también receptora de importantes cantidades de dinero procedente de donaciones realizadas por sus padres, «lo que se refleja en la evolución de su patrimonio financiero».

Además, los investigadores apuntan que la mujer del funcionario percibe nómina y consta como asalariada desde 2019 de una de las empresas implicadas, La Encina, si bien, como se ha constatado a través de las intervenciones telefónicas y vigilancias realizadas, «no realiza actividad laboral alguna». Las nóminas percibidas por Beatriz del Río sumarían 70.482 euros.

«Lo mismo ocurre con la empresa que sustituye a Beatriz y Cecilia en el cobro de cantidades procedentes de empresas adjudicatarias, esto es Parivara Lagani, entidad con una claro perfil instrumental que es utilizada por Diez para dar apariencia de legalidad a unos ingresos procedentes de empresas adjudicatarias de obras públicas, intentando desvincular el origen de esos fondos de su propia persona y de su familia», considera la Policía Nacional, que apunta que el funcionario «está canalizando al menos parte de los fondos procedentes de sus actividades ilícitas a través de dicha empresa».

Desde su constitución en julio de 2021, la mercantil recibe pagos de las empresas adjudicatarias investigadas. En ese periodo, apuntan los agentes, los gastos declarados por la empresa ficticia que pudieran estar relacionados con el desarrollo de alguna actividad empresarial ascienden a 7.396 euros.

Teniendo en cuenta que durante el registro en su vivienda los agentes de la Agencia Tributaria y de la UDEF hallaron 529.400 euros en dinero efectivo «cuyo origen se desconoce y no está justificado por ninguna actividad lícita», se estima que los fondos obtenidos de manera ilícita por la familia Diez del Río ascienden a un total de 1,4 millones de 2019 a 2022.

«De estos ingresos obtenidos de manera ilícita, la familia ha intentado dar apariencia de legalidad a gran parte de ellos (869.530 euros), a través de la nómina de Beatriz, los ingresos imputados a Cecilia y los imputados a Parivara Lagani».

No obstante, los investigadores han detectado que ya en los años 2015 y 2016, los ingresos presuntamente ilícitos del funcionario se canalizan a través de su cónyuge Beatriz, que recibe en 2015 de Rucecan 50.973 euros y en 2016, 18.818. En total, 69.791 euros.

«En todas las actividades declaradas por Beatriz del Río, los únicos ingresos de clientes que declaran operaciones son a su vez empresas adjudicatarias de obra pública, no figurándole declaraciones de compras o gastos de empresas relacionadas con las actividades declaradas, lo que lleva a concluir que dichas actividades pretenden ser una justificación para introducir en el circuito económico legal importantes cantidades de dinero procedentes de comisiones ilegales cobradas por Miguel Ángel Diez». Con todo esto, los investigadores de la Policía Nacional llegan a la conclusión de que si tras el estudio y análisis de la documentación incautada se apreciara la comisión de un delito continuado -y no únicamente del periodo comprendido a partir de 2019-, las cantidades obtenidas por Beatriz del Río con origen en actividades ficticias y para retribuir los servicios prestados por su marido de forma ilícita a la empresa que se los imputa (Rucecan) «formarían parte de la cuantificación del patrimonio obtenido de forma ilícita por la familia Diez del Río, que en total ascendería a 1.468.721 euros».