PSOE-IU: Gobierno de coalición en Asturias

Zapico dispondrá de unos 100 millones de presupuesto y siete direcciones generales

Ovidio Zapico se situará como consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Sociales, cartera que se formará con áreas ahora repartidas en otros tres departamentos. Además de una viceconsejera, todo apunta a que tendrá bajo su control directo siete direcciones generales y un presupuesto que ronda los cien millones. Quedan adscritas a su departamento las empresas públicas Vipasa y Sedes, además del Instituto Asturiano de la Juventud y el de la Memoria Democrática.

Todo apunta a que la vigente Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, que se ubicaba en la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial y tiene a la arquitecta Sonia Puente al frente, será dividida en dos. Ahora el área dispone de 4,5 millones de presupuesto. El interés de IU no reside tanto en los recursos económicos que conlleva, como en su capacidad para regular determinadas actividades, como los proyectos eólicos del occidente. Esta dirección dispone ahora de tres servicios y tiene adscrita, entre otras, la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio (CUOTA), foro fundamental para influir en la planificación de los concejos.

La dirección mejor dotada económicamente de las que quedan bajo control de IU es la de Vivienda, ahora pilotada por Fermín Bravo desde la Consejería de Derechos Sociales. Cuenta con un presupuesto este año de 79,3 millones, además de llevar adscritas Vipasa, Sedes y la Fundación Estudios Calidad Edificación Asturias (FECEA).

La actual Consejería de Presidencia también cede parte de sus atribuciones al nuevo departamento. La vigente Dirección de Emigración y Memoria Democrática, que lleva Jorge Olmo, se partirá en dos, para que la segunda área quede en la consejería de Zapico. Ahora Olmo cuenta con 2,1 millones.

En principio la consejería de IU también absorbe la actual Dirección de Juventud, Diversidad Sexual y Derechos LGTBi, que venía liderando Marcos Torre. El dibujo en el que trabaja la coalición pasa por dividir en dos este departamento. También asumiría la nueva consejería la actual Dirección General de Gobernanza Pública, Transparencia, Participación Ciudadana y Agenda 2030, que hasta ahora venía gestionando José Antonio Garmón.

Fuera de la gestión directa de IU queda esta vez Bienestar Social. Pese a ello, la coalición se ha asegurado de reflejar en el documento su prioridad por agilizar la tramitación en dicha consejería: «Abordaremos un cambio estructural en la organización y funcionamiento del Sistema Asturiano de Servicios Sociales que garantice su universalidad y le dote de agilidad administrativa». El cambio se blindaría con «la Ley de Servicios Sociales, que profundizará en la eliminación de cargas burocráticas y en la agilidad en el acceso a derechos y prestaciones».

El documento resuelve uno de los conflictos que separaban a Convocatoria y el PSOE: la Ley de Calidad Ambiental. La coalición de izquierdas llevaba en su programa derogarla, pero asumió que con tres diputados debía rebajar sus expectativas. Finalmente, el texto se limita a recoger que los partidos negociarán el futuro desarrollo reglamentario de la norma y crearán una unidad técnica de apoyo a los ayuntamientos para facilitarles la supervisión de las nuevas figuras de control ambiental de la ley.

El preacuerdo previene futuras piedras en el camino. En anteriores coaliciones fue una fuente de enfrentamiento la gestión de los residuos, para la que los socialistas proponían una incineradora como instalación finalista. La fuerza de IU en otras legislaturas llevó a un Plan de Residuos que toca renovar, lo que pasa por debatir si toca incorporar nuevos sistemas de procesado de basura. Las partes se comprometen a consensuar el nuevo plan 2025-2030 evaluando «la necesidad de infraestructuras adicionales de instalación de residuos», aclarando dónde se pondrían y cuál sería su capacidad.