El Gobierno de Asturias se acerca al ecuador de la legislatura con diez leyes aprobadas y 40 más en marcha

Desde que los consejeros del presidente Adrián Barbón tomaran posesión en agosto de 2023, van diez normas con rango de ley elevadas al Boletín Oficial. Tres son modificaciones de otras o con temas puntuales (la de Montes, el Colegio de Logopedas y la de coordinación de Policías Locales) y siete sí constituyen pilares del proyecto político del gobierno: las dos de presupuestos de 2024 y 2025, la de Impulso Demográfico, la de Les Escuelines, la de Modificación de la Ley de Turismo, la de Proyectos Estratégicos y la última en cuajar, la de Ciencia.

Ocho de ellas fueron aprobadas en 2024. Desde 2014 la Junta General aprueba una media anual de 9,8 proyectos, consolidándose como una de las cámaras autonómicas que menos normativa propia produce. El contraste es mayor respecto al plan normativo de 2025, recién aprobado, y donde el Ejecutivo detalla que tiene como objetivo sacar adelante 40 proyectos de ley antes de las próximas elecciones. Al ritmo actual, necesitaría seis años para materializarlos, en vez de los dos que tiene por delante.

Que la realidad quede lejos de lo prometido es una constante. De hecho, 18 de los 40 proyectos de ley en preparación (el 45%) estaban en los planes normativos de la legislatura pasada. Es el caso de los borradores de ley de Tasas y de Servicios Sociales, clásicos cuya remisión a la Junta se anunció para el año 2020. Desde 2021 la Cámara espera por los textos de modificación de Régimen Jurídico, Participación Ciudadana, Salud Escolar, Educación, Infancia y Adolescencia, Hacienda y Bibliotecas.

Volviendo al presente, las consejerías de Ordenación del Territorio y Cultura tienen la mayor carga de borradores en curso. La primera, controlada por IU-Convocatoria, elabora los textos de Participación Ciudadana, Ordenación Integral del Territorio (Loita), LGTBi, Vivienda, Consumo de bebidas energéticas y Consumidores. La redacción de los tres primeros comenzó en la pasada legislatura.

También tiene seis proyectos Cultura, que adquirió el rango de consejería hace un año. Reconoce como deberes pendientes las leyes del Museo de Bellas Artes (con objetivo de presentarla en el segundo semestre de 2025), la de los Museos de Asturias, modificación de la Ley de Uso y Promoción del Bable/Asturiano, Sistema Bibliotecario, Archivos y la de estaciones de esquí.

Detrás quedan Hacienda y Ciencia, con cinco proyectos. La primera aspira a formalizar la de Tasas, la de Subvenciones, la de Hacienda, la de Colegios Profesionales y tiene entre sus prioridades una Ley de Mecenazgo, con el compromiso de remitir el texto en este semestre. El propósito es regular los beneficios fiscales y administrativos de quien da dinero a cultura, ciencia y deportes. Se trata de una norma muy demandada por los partidos de la derecha, llegando el PP ha registrar en tres ocasiones propuestas de ley que la izquierda vetó.

Ciencia, por su parte, aspira a llevar a la Cámara textos que regulan las cooperativas, el Consejo Social de la Universidad, el Servicio Público de Empleo, el Serida y ha incorporado a sus deberes una ley de Diálogo Social que quiere aprobar este semestre. El propósito de la norma es «garantizar la participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas a través de órganos participativos y paritarios».