La promotora de la mina de Salave tacha de «subjetiva» la decisión de la Alcaldía de no cambiar el PGOU

Tras recibir un informe jurídico externo, que ella misma califica de «meridiano», la alcaldesa de Tapia de Casariego, Ana Vigón, emitió un decreto por el que quedan inadmitidas las solicitudes de la compañía Exploraciones Mineras del Cantábrico (EMC) para la modificación del plan urbanístico del concejo. Una decisión «valiente» para los afectados, errónea para el concejal de Foro, Guzmán Fernández, y «subjetiva» para la promotora, filial de la multinacional canadiense Black Dragon Gold.

«Esto parece una decisión de la Alcaldía que se arroga funciones que, en principio, le corresponderían al Pleno, al que parece no haber consultado», asegura EMC, que ya se encuentra «analizando la documentación remitida desde el punto de vista jurídico». Una perspectiva desde la que Vigón asegura que nace el decreto, en el que se especifica que «el proyecto minero promovido por la empresa EMC es incompatible con el actual planeamiento urbanístico». Las razones tienen que ver con la especial protección de la que gozan los terrenos, que EMC pide recalificar como Suelo No Urbanizable de Interés Minero. Para lo que se remite a la concesión estatal. «Las concesiones mineras de explotación como Salave son otorgadas por el Estado, con carácter de interés general, e implican la obligación de desarrollar los recursos que en ellas se encuentren», defiende. La alcaldesa, por su parte, sostiene que «cambiar la figura de protección, en un plan general tan relativamente reciente, tiene que estar muy justificado». «El derecho de la empresa a solicitar no significa la obligación de tramitar del Ayuntamiento. Antepongo los intereses generales a los de una empresa. Hay un informe claro y no lo voy a guardar en el cajón», asevera Vigón.

Lo que aún no hay, al término de la legislatura, es respuesta por parte del Principado en lo que a la evaluación de impacto ambiental del Proyecto Salave se refiere. Una luz, roja o verde, necesaria para posicionarse, según mantiene el número uno de Foro. «El artículo 122 de la Ley de Minas dice que ningún organismo puede parar la implantación de una explotación. Si la empresa pide modificar el plan urbanístico hay unos pasos que dar: el primero, pedir el informe ambiental a la consejería. Si dice que el proyecto no cumple, no hay más. Lo que hizo ella fue impedir la entrada de la solicitud y corre el riesgo de que un tribunal conceda licencias sin los pasos adecuados y se pierden garantías», sostiene.

El citado artículo 122 reza que «cualquier prohibición contenida en los instrumentos de ordenación sobre actividades incluidas en la Ley de Minas deberá ser motivada y no podrá ser de carácter genérico». Motivación que, de nuevo, Vigón achaca a la protección de los suelos.

«Cuando se han hecho cosas mal lo criticamos y, ahora, toca agradecer y reconocer a la Alcaldía la valentía de esta decisión ya que nos imaginamos las presiones que puede sufrir por la empresa», sostiene la plataforma Oro No. Una entre el más de medio centenar de organizaciones -incluida la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, y unas 28 ganaderías de la zona- que firman el manifiesto de oposición a la mina.