Dos ganaderos de Ribadedeva afrontan seis años de prisión por verter purines en la cueva del Pindal

El promotor y el titular de una explotación ganadera de Ribadedeva se sentarán el miércoles en el banquillo de los acusados, al considerarles la Fiscalía autores de vertidos de purines en la cueva del Pindal. La vista oral está señalada en el Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo, a las 9.30 horas. Está previsto que continúe el día 19. A ambos, el fiscal les pide seis años y tres meses de prisión por cuatro delitos, entre ellos contra el patrimonio y contra el medio ambiente.

El ministerio fiscal sostiene que los acusados, el promotor de una explotación ganadera ubicada en suelo clasificado por el PGO de Ribadedeva como «no urbanizable de protección de Costas», y su titular, carecen de licencia de la actividad que llevaban desarrollando desde mediados de la década de 1990. Según Europa Press, de haberse solicitado oportunamente, en la medida en que la ubicación de la estabulación se incardina en el entorno de protección de la cueva del Pindal la legislación patrimonial aplicable hubiera impedido su desarrollo, al resultar incompatible con la adecuada conservación del BIC.

La cueva del Pindal es una de las grandes joyas del arte paleolítico y está catalogada como Patrimonio de la Humanidad, como el resto de pinturas rupestres de la cornisa cantábrica. Goza de la máxima protección prevista en la normativa vigente, ya que está declarada como Bien de Interés Cultural y se encuentra incluida en la lista de Patrimonio Mundial desde 2008. Cabe recordar que en estos momentos se encuentra cerrada, al detectarse recientemente grandes cantidades de gas radón en su interior.

Cree la Fiscalía que los acusados se han extralimitado en los usos del suelo en contra de la zonificación o uso urbanístico de terrenos calificados como «suelo no urbanizable de costas», sin ajustarse a las determinaciones de la licencia municipal concedida el 29 de marzo de 1995 por el Ayuntamiento de Ribadedeva, y que realizaron obras que han modificado la cuenca del arroyo La Llongar.

Así, prosigue la Fiscalía en su escrito de acusación, construyeron un camino de acceso a los comederos, que ampliaron generando un terraplén que evita que el arroyo de La Llongar, en caso de crecida, se disperse por toda la vaguada, de forma que concentra su cauce y el arrastre de material contra un sumidero ubicado junto a la explotación y en el área de infiltración directa de la cueva. De ahí que, en caso de inundación, el barrizal concentrado de purines en la zona de comederos se moviliza hacia el punto de escape natural (el sumidero). Así ocurrió en el mes de octubre de 2019, cuando se generó un socavón que supuso la entrada en la cueva del Pindal de sedimentos.

La explotación, prosigue el ministerio público, concentra una cantidad de purines «importante» y en épocas de lluvia, cuando se activa el curso de agua subterráneo, «se ha apreciado el olor a estiércol, lo que evidencia la conexión entre estos fenómenos exteriores y el interior de la cueva».

Los titulares de la explotación «incumplieron» la orden de suspensión de la actividad, decretada por la autoridad municipal el 10 de diciembre de 2019, y desoyeron el requerimiento del 27 de noviembre de 2019 del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias de proceder a la succión del agua concentrada en la charca mediante una cuba, con el fin de evitar un destaponamiento natural que provoque la entrada en tromba a la cueva, continuando su desarrollo hasta, al menos, el mes de febrero de 2021.

El importe de la limpieza, análisis de los daños, ingresos perdidos por el cierre durante dos meses y jornadas de trabajo del personal que tuvo que abandonar sus tareas habituales ascendió a 10.199,32 euros.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de cuatro delitos: contra el patrimonio histórico, contra la ordenación del territorio, contra los recursos naturales y el medio ambiente y otro de desobediencia. Por ello, solicita que se condene a cada uno de los acusados por el delito contra el patrimonio histórico a la pena de un año y seis meses de cárcel, debiendo restaurar el bien dañado o bien indemnizar al Principado de Asturias por el coste de la restauración si la hubiese llevado a cabo.

Por el delito contra la ordenación del territorio, la pena que se pide es de dos años y tres meses de prisión, además de una multa de 18 meses con una cuota diaria de 20 euros. Por el delito contra los recursos naturales, la pena de dos años y seis meses de prisión, multa de doce meses con una cuota diaria de 20 euros y por el delito de desobediencia, multa de doce meses con cuota diaria de 20 euros.

Además, se reclama que indemnicen conjunta y solidariamente, al Principado de Asturias con 10.199,32 euros en concepto de limpieza, análisis de los daños, ingresos perdidos por el cierre durante dos meses y jornadas de trabajo del personal que tuvo que abandonar sus tareas habituales; con 2.940,30 euros por el coste del informe de análisis químicos y microbiológicos de sedimentos, y por los daños causados en la cueva que, en su caso, se acrediten en ejecución de sentencia.

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