«Es una denuncia política», se defiende el concejal llanisco José Herrero, acusado de contrataciones irregulares

Los tres acusados de llevar a cabo y prorrogar contrataciones irregulares de diferentes servicios deportivos en el Ayuntamiento de Llanes se declaraban inocentes esta mañana, durante la primera sesión del juicio que se sigue contra ellos en el Penal 1 de Oviedo. Al secretario y portavoz municipal del PSOE llanisco, José Herrero, le acusan la Fiscalía del Principado y el propio consistorio de haber prorrogado indebidamente los contratos de un médico deportivo y una fisioterapeuta y de haber contratado a un nutricionista sin seguir el procedimiento establecido. Él, sin embargo, negó haber llevado a cabo ninguna contratación de forma personal, ya que «carecía de esas competencias y se encargaba la Concejalía de Contratación». La propuesta de contar con un nutricionista, indicó, se la hizo el coordinador de Deportes y fue él también quien eligió a la persona que se hizo cargo del servicio. En relación a las prórrogas de los servicios ya existentes cuando él llegó al cargo de concejal de Deportes en 2007, aseveró no saber en qué condiciones fueron contratados ni tampoco quién se encargaba de renovarlos.

Herrero reconoció que durante el tiempo que fue concejal de Deportes no se cuestionó por qué los mismos profesionales llevaban tanto tiempo prestando el servicio, pues «no sabía que esos contratos no se podían prorrogar» e indicó que él daba el visto bueno a las facturas que presentaban porque ya estaban firmadas por el coordinador y «confiaba plenamente en los funcionarios». En este sentido, destacó que «desde que en 2003 se iniciara el servicio de medicina deportiva nadie del Ayuntamiento con conocimientos jurídicos, y hay varios, puso ningún reparo ni dijo que estuviera mal». «Estoy absolutamente seguro de ue ninguno de nosotros tres -en referencia a él mismo y los otros dos acusados- sacamos un solo euro de todo esto, solo nos movía el querer mejorar los servicios municipales», recalcó. E indicó que se trata de «una denuncia política» que el actual alcalde, Enrique Riestra (Vecinos por Llanes) presentó «después de que en un Pleno preguntase por qué se habían dejado de prestar estos servicios al haberme llegado quejas de los vecinos».

El coordinador de Deportes, por su parte, insistió en que sus propuestas «no eran vinculantes», ya que él dependía completamente de los diferentes concejales del ramo. Las contrataciones del médico y la fisioterapeuta, indicó, se llevaron a cabo en 2003 desde la Concejalía de Deportes y él «nunca» fue consultado. En cuanto al nutricionista, indicó que fue una petición que le hicieron los monitores de las escuelas deportivas. «Me plantearon que sería bueno contar con un especialista que hiciera dietas para los niños con obesidad que tenían en sus equipos y yo se lo trasladé a José Herrero, quien me dio el visto bueno y me pidió buscar a alguien, preferiblemente del concejo, que se pudiera hacer cargo», relató ante el magistrado. Así lo hizo, aseguró, y tras consultar con una clínica privada que presta servicio en el municipio pero sin resultado, le recomendaron a quien finalmente terminaría prestando el servicio tras presentar un presupuesto y una memoria que al concejal le parecieron correctos. «Yo hablé con él, pero no le contraté», se defendió el funcionario, e insistió en que «me limité a hacer lo que me pedían y nunca, nunca participé en ninguna contratación».

Por último, quien fue concejal de Deportes entre 2011 y 2015, Emilio Carrera, manifestó no saber «ni quién ni cuándo se creó el servicio de medicina deportiva». «Yo me encargaba de temas de más importancia, para este tipo de cuestiones tenía una confianza ciega en el coordinador y casi ni me enteraba, pero sé que nadie nunca dijo que estuviera mal». Respecto a las renovaciones, el exconcejal aseveró que «no había reuniones para decidirlas ni órdenes concretas, sino que era ya una inercia, pues todos ellos son grandes profesionales, el servicio funcionaba bien y la gente estaba encantada».

El juicio continuará el jueves con la declaración de varios testigos, entre ellos la concejala de Deportes durante el pasado mandato, Marisa Elviro (Vecinos por Llanes). Las acusaciones consideran que los hechos son constitutivos de un delito continuado de prevaricación y piden nueve años de inhabilitación para los tres acusados, que en el caso de Herrero supondrían la pérdida de su condición de concejal y en el del coordinador de Deportes, de su puesto de trabajo.