Paula Álvarez, directora de Gestión de Derechos Sociales: «El salario social es ya la última puerta a la que llamar»

–Para usted, el 23 de julio pasado fue un día importante.

–Día histórico absoluto. El de la implantación de la nueva herramienta de dependencia.

–¿La Historia Social Única Electrónica?

–Sí, la HSUE ya está implantada en los servicios sociales municipales. Bueno, está implantada la herramienta, ahora estamos en fase de migración, cruce de datos, depuración... Pero va a significar un hito en la gestión.

–Pero esa herramienta ya la anunció en su día Pilar Varela, cuando era consejera de Bienestar.

–Pero hay que tener en cuenta que, salvo para una parte del sistema de la dependencia y para la gestión del salario social básico, me atrevería a decir que había la nada más absoluta en herramientas informáticas en esta consejería. Una que es la tercera en presupuesto detrás de Educación y de Salud.

–En la era del bizum choca que la Administración no tenga herramientas informáticas.

–Pero es que es así. Llevamos casi dos años, desde que se adjudicó el contrato de la HSUE, con cargo a los fondos europeos MRR, diseñando las características que tiene que tener esta herramienta.

–Pero entre el anuncio de Pilar Varela y la puesta en marcha ha habido toda una legislatura por el medio. Cierto que es la de la covid, pero...

–Nos olvidamos rápido de eso, de la covid, que todo lo paralizó. Pero tenemos ejemplos buenos de la HSUE.

–Diga.

–Cómo los valoradores de dependencia van a poder tener rutas más eficientes para poder hacer más valoraciones. Con que cada uno haga más valoraciones mejorará el actual mayor problema en la gestión.

–¿Cuál es?

–Las valoraciones. Bueno, estaba también en la parte administrativa, pero en febrero hemos pasado a veinte profesionales de la gestión del salario social a la del sistema de dependencia. Eso se ha notado ya.

–Según su jefa, la consejera Marta del Arco, ha bajado de 336 días de retraso a 299.

–Son 299 días de media, hay áreas más ágiles que otras. Hay que tener en cuenta que la demanda se incrementó un 10%, frente a la media estatal del 5 %. Tenemos una media de mil solicitudes al mes.

–¿Y cómo se gestiona eso?

–Llevábamos dos años sin incrementar personal. Estábamos implantando todo un sistema de gestión del personal por objetivos para controlar dónde se requerían refuerzos. Y, mientras, veíamos cómo se iban incrementando el número de solicitudes. Por eso este año se reforzó la plantilla con once puestos de nueva creación. Son profesionales que hacen la visita a domicilio, aplican el baremo y, además, elaboran el Programa Individual de Atención.

–El PIA.

–Exacto. Además de estos once hemos incorporados los veinte que son de gestión. Hemos pasado de 120 a 143. Eso ya se está notando. Pero estamos haciendo más cosas.

–¿Cuáles?

–Estamos en coordinación con la Consejería de Salud pues uno de los objetivos es que las personas no tengan que pedir el informe de salud a su médico de Atención Primaria, sino que ya lo obtengamos por interoperabilidad. Ese es un objetivo.

–De todas maneras, con mil solicitudes al mes y la progresión al alza que se prevé en los próximos años, ¿143 profesionales no son pocos?

–Están muy justos, sí

–Es decir, necesita más.

–En dependencia todo personal es bienvenido. El 28 % de la población tiene más de 65, aunque esa edad no es un indicador de dependencia ni de dependencia potencial, como se viene usando.

–El Imserso lo hace.

–No estamos muy de acuerdo y la realidad nos lleva a defender esa postura. En una comunidad con tanta política de prevención. Pero no descarto solicitar un programa de refuerzo para el próximo año.

–La consejera dio por seguro que cumplirán el plazo de 180 días antes del fin de la legislatura.

–Son cuatro meses los que tenemos que recortar. En dependencia tenemos un equipazo que trabaja contrarreloj, pero si vemos que la demanda nos supera solicitaré más personal. Y ahí estaré guerrera.

–La oposición suele decir que esta es la consejería del caos.

–Visto desde fuera, el desconocimiento puede llevar a pensar eso, pero esta consejería tiene una carga de gestión enorme. No solo en el acceso a los derechos, –dependencia, salario social...–,sino la gestión de los centros. Son muchísimos contratos, muchísimas personas que atender. Porque no hay que perder de vista que desde esta consejería se gestionan servicios a personas. En la entrevista de la que habla, le preguntó usted a la consejera por el bono social térmico y le sorprendió que hubo más de 100.0000 peticiones.

–Cierto, pero algunos llevan tres año a la espera de respuesta.

–Es que no solo es el volumen de peticiones, sino que también las comercializadoras facilitaron números de cuenta que no se correspondían con el titular de la ayuda o, incluso, de entidades desaparecidas. Nos pasaron cuentas de Banesto.

–Si desapareció hace décadas.

–Por eso hemos tenido que requerir a 22.000 personas y estamos en la fase de validar sus cuentas. ¿Llevamos el 70% de las peticiones abonadas? Sí. ¿Acabaremos el año con el 90%? Creo que sí. Estamos en una planificación realista. Pero los números son esos: más de 100.000 solicitudes de ayuda al bono social térmica, más de 52.000 de dependencia, más de 7.000 de salario social y más de 9.000 de Pensiones no Contributivas (PNCs). Más todo lo que tiene que ver con la financiación a las entidades municipales y sociales. El hito ha sido lograr acuerdos plurianuales con las primeras. El objetivo es hacerlo también con las segundas.

–Volviendo a la dependencia. La paga al cuidador familiar, ¿se puede subir?

–El importe de las prestaciones económicas de la ley depende del grado de dependencia y de la capacidad económica individual de la persona. ¿Se puede subir? Sí.

–¿Cuánto?

–Estamos estudiando hacer dos tramos de prestación económica de cuidados en el torno familiar. Uno, que es el actual, los que están atendidos por un familiar y, otro, para los que tienen contratada a una persona empleada del hogar. Si no tiene la formación, pero se compromete a obtenerla, podríamos elevar la cuantía de esa prestación. Porque queremos fomentar la profesionalización.

–Pero hay nóminas de 220 euros al mes por cuidar a una persona 24 horas, 365 días.

–Claro, pero el sistema tiende a promover los servicios profesionales. Esta prestación nació como excepcional y queremos que siga siéndolo.

–La que sí ha crecido es la figura del asistente personal.

–Sí, somos la quinta comunidad autónoma con más porcentaje de España.

–¿Cómo funciona?

–En Asturias, las cuantías son más elevadas que las que marca el Estado. Esta figura llega a todas las personas, con dependencia o discapacidad, a partir de 3 años, para garantizar la vida independiente.

–¿Y cuáles son las cuantías?

–Independiente de la capacidad económica, una persona con grado III de dependencia, percibe más de 800 euros si contrata un asistente personal. Y puede llegar a cobrar hasta 1.000.

–¿Está estancada la ley?

–Está estancada su financiación y en parte, el consenso necesario de la sociedad y de sus responsables de realizar una apuesta decidida por los cuidados de larga duración y su dignificación. Nos preocupa la progresión del sistema en todos los sentidos: calidad y cobertura y seremos firmes en su defensa, dentro y fuera de Asturias. Nosotros queremos que en esta legislatura quede aprobado el nuevo decreto. Estamos gestionando y planificando a la vez.

–¿Y cuidar a quien cuida?

–Otra asignatura pendiente. Tenemos en mente mejorar su atención en múltiples facetas. Con nuevas tecnologías.

–Ya nadie le da la lata con el salario social.

–Hemos pasado de 22.500 expedientes antes de la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a 7.034. Un 65% menos.

–¿Quién solicita hoy la ayuda asturiana si existe la nacional?

–Está actuando como una renta mínima que da cobertura a la situación de vulnerabilidad a la espera de saber si le conceden el IMV. Que es la ayuda que tienen que solicitar todos, salvo los mayores de 65 años, que deben pedir la PNC. También hay personas que no cumplen los requisitos del ingreso mínimo.

–De estos 7.000 de los que habla ¿cuántos dependerán exclusivamente de la ayuda regional?

–Calculamos que a finales de año tendremos unos 6.000 que es, si nos remontamos a las estadísticas del inicio del salario social, la misma cifra de 2005.

–¿Cuál es la nómina media?

–509,63 euros.

–¿El Principado ya ha recuperado todos los anticipos que dio mientras se tramitaba el ingreso mínimo?

–Hemos revisado 15.000 expedientes. De no haberse implantado el ingreso mínimo vital, Asturias tendría que invertir 250 millones en salario social. Este año acabaremos con 44.

–¿Ha sido un alivio para usted que el Principado haya renunciado a gestionar el IMV?

–No fue un alivio, sino un ejercicio de realismo. Todas las comunidades autónomas dijeron lo mismo, que lo asumían, pero ninguna lo ha hecho. ¿Por qué?

–Por que vieron el follón en el que se metían.

–No, porque el diseño de la gestión del IMV está hecho para procesos automatizados. Y en esos, en la relación que el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) tiene con la Agencia Tributaria y la Tesorería de la Seguridad Social, no le gana ninguna comunidad autónoma. Si tuviéramos competencias si lo podríamos plantear, con el único objetivo de evitar el único efecto indeseable: generar cobros indebidos. Lo de tener que solicitar ambas prestaciones quizás la podemos evitar. Vamos a empezar a trabajar en ello.

–¿Cómo?

–Que se tramite la petición desde aquí. Ya lo hicimos cuando entró en vigor el IMV, de manera masiva, con 8.500 peticiones. Ahora estamos viendo cómo podemos llevarlo a cabo.

–Hablamos de salario social, pero ya lleva integrados los complementos vitales.

–Cierto. Una familia que está en régimen de alquiler, que tenga dos menores a su cargo tiene derecho al salario social básico, al complemento vital a familias con menores. que incrementa un 10% la cuantía que le corresponde del módulo de salario social y, además, al complemento de ayuda al alquiler lo que le evita tener que concurrir a convocatorias que se promueven desde la Dirección General de Vivienda y que tiene un importe máximo de hasta 250 euros al mes.

–¿A una familia le interesa solicitar el salario social?

–No puede interesarle. El salario social es la última puerta.

–¿Ahora mismo nadie compatibiliza ya ambas ayudas?

–Nadie. Hay 114 que están cob rando salario social, pero ya nos han comunicado que les llegó el ingreso mínimo. Ojo, que nosotros no eliminamos el salario social. Está, en términos futbolísitcos, en el banquillo, por si tiene que volver a salir en el futuro.

–A los perceptores del salario social ¿ya no se les insta a buscar empleo?

–La idea de autonomía personal no solo tiene que ir ligada a personas con dependencia o discapacidad. La autonomía debería ir ligada a las políticas de bienestar social en general. La búsqueda activa de empleo debe ir ligada a las prestaciones. Acabamos de suscribir el tercer convenio con el Sepepa.

–¿En qué consiste?

–Tiene tres puntos, promover la incorporación sociolaboral de las personas en situación de exclusión social. Lo desvinculamos de percibir o no el salario social, porque está también el ingreso mínimo. Porque de las experiencias anteriores extrajimos conclusiones.

–¿Cuáles?

–Que el que mucho abarca, poco aprieta. Que la intensidad de la intervención tiene que ser muy elevada. No sirve una llamada. Tiene que se prolongada en el tiempo, de constancia. Y, también, que había muchas personas a las que nos dirigíamos con ofertas de formación o de empleo que, para no participar, alegaban motivos de edad o conciliación.

–¿Entonces?

–En esta nueva etapa decidimos actuar donde se concentran mayores nichos de desempleo, que es en los jóvenes menores de 30 años, y personas que provengan de países extracomunitarios. ¿Por qué?

–Eso le pregunto yo.

–Porque entendemos que se puede trabajar desde el inicio con ellos. Las personas que forman parte de unidades familiares que cobran rentas mínima tienen que tener oportunidades. Es obligación de la Administración promover cualquier medida para su incorporación social y laboral.

–¿Cómo lo van a hacer?

–Hay un programa que surgió de los MRR como experimental por el Sepepa, y que ahora está consolidado.

–¿Cuál?

–Insertastur, que son itinerarios de inserción sociolaboral para personas con especiales dificultades, donde estamos derivando a jóvenes menores de 30 años. Para ello nos va a ayudar mucho la Historia Social Única.

–¿De qué manera?

–Porque estamos diseñando el nuevo Plan Personalizado de Incorporación Social y Laboral, que partirá de un diagnóstico, pero partirá también de un mapeo de todas las medidas que ya hay. En este convenio Para ello se crearon ocho equipos de coordinación sociolaboral en el territorio, formado por directores de oficinas de empleo y coordinadores de servicios sociales y representantes de los ayuntamientos donde les hemos pedido que en este año todos muestren sus cartas.

–¿Que cada uno cuente lo que tiene?

–Exacto... Tenemos estos programas para estas personas... Estamos preparando la convocatoria de ayudas al Tercer Sector con cargo al IRPF, y ahí financiamos muchos proyectos con esta finalidad. Vamos a alimentar la historia social para que cuando la profesional de Servicios Sociales municipales tenga que realizar una intervención con esa persona sepa qué tiene en su territorio para poder elaborar un itinerario real.