«Aún me pregunto qué querían con el 'Petromocho', no había forma de estafar»

Era un proyecto que venía persiguiendo con ansiedad el Gobierno asturiano desde hacía varios años, pero con contactos fallidos con distintos inversores. Sitges (que había actuado de mediador y tenía intereses en la operación, pues compartía con José de la Serna Gasset la sociedad Ibérica de Combustibles y quería desplegar una red de gasolineras por todo el país) había rescatado un informe la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei) sobre las posibilidades que existían para instalar una planta petroquímica en las inmediaciones del puerto de El Musel. Dicho estudio consideraba viable su puesta en marcha. Tenía en cuenta su situación estratégica y los 600 kilómetros de distancia entre las refinerías del norte del país: Petroliber, en La Coruña, y Petronor, en Somorrostro (Vizcaya).

Con esta idea como origen, el proyecto se presentaba aquel 18 de mayo como todo un rayo de esperanza para una sociedad que estaba sufriendo con dureza la consecuencias de la reconversión. Cabe recordar que el Gobierno socialista de Rodríguez-Vigil se encontraba en un momento de debilidad tremendo. En los dos años que llevaba gobernando había perdido el respaldo de Izquierda Unida y los sindicatos ejercían una enorme presión como consecuencia de la fuerte crisis que atravesaba Asturias. La región estaba sumida en la zozobra política y la inestabilidad social.

Se necesitaba un macroproyecto industrial que permitiera, además, dar continuidad a la política activa de búsqueda de inversiones que tan satisfactoriamente había emprendido su antecesor en el cargo, Pedro de Silva, con la instalación de DuPont de Nemours, de Thyssen en Mieres y la consolidación de Suzuki en Asturias con nuevas inversiones. Todos estos proyectos representaban la capacidad que tenía Asturias de convertirse en receptora de multinacionales. Eso sí, con una elevadísima inyección de subvenciones.

Según el intermediario galo, el banco saudí estaba dispuesto a invertir 366.000 millones de pesetas en la planta petroquímica, que se construiría entre 1994 y 1996 y generaría 1.100 puestos de trabajo directos y otros 5.000 inducidos. Aprovecharía El Musel para recibir materias primas y las transformaría en productos petroquímicos. Especialmente gasolina sin plomo, que sería exportada al sur de Europa. «Será similar al construido en Port Arthur, en Texas (...). El consorcio árabe al que represento es superior a las Siete Hermanas o imperios como Shell o Exxon».

Ya al salir de la rueda de prensa los periodistas intercambiaban opiniones. A la noticia le faltaba poso. Mientras el periodista de este periódico Chema Fernández regresaba de Oviedo con el contrato suscrito entre el francés y el consejero y con el nombre del SIB muy claro, en la redacción de EL COMERCIO Ángel M. González y Marco Menéndez empezaron a profundizar en la identidad del promotor. La primera sorpresa fue cuando James Mauham, representante del SBI en Londres, afirmó desconocer la operación.

A esta les siguió, esa misma noche, que la Cámara de Comercio de Texas no tenía conocimiento de la supuesta refinería que los supuestos inversores habían desarrollado en Port Arthur, ni tampoco el responsable de actividades portuarias de dicho emplazamiento de inversiones petroquímicas saudí en el Golfo de México. Eran todas norteamericanas.

Al día siguiente, era el propio director general del SIB en Londres, Michael Ladenburg, quien negaba de forma rotunda a los tres periodistas la participación del banco en dicha operación. Pese a las llamadas que Ladenburg hizo a Zapico para aclarar el asunto, el Principado insistía en que no había posibilidad de engaño. En conversaciones de este diario con el Ejecutivo salió a relucir el que decía que era auténtico alma mater de la inversión: el príncipe saudí Abdullah Ibn Faisal. Según sus datos, era uno de los propietarios del banco. Algo que, de nuevo, negó el SIB, quien hizo llegar un fax confirmando que no tenían conocimiento de dicha transacción.

Fue el inicio de un escándalo político sin precedentes, que se ha conocido popularmente como 'el Petromocho'. Una semana después de aquella presentación y tras el riguroso trabajo periodístico que puso de manifiesto la ingenuidad en la que había caído Zapico, Rodríguez-Vigil dimitía. Su consejero de Industria también. Lo hacía de noche, tras el debate de Felipe González y José María Aznar en la televisión (días antes González le había dicho: 'Si no has pagado, no dimitas'). En su carta Rodríguez-Vigil explicaba que en política y en un momento en el que «cada vez era más necesaria la transparencia y claridad en la cosa pública» no bastaba con ser honrado, sino que también había que responder «con dignidad ante los errores propios o de subordinados».

Transcurridas tres décadas desde entonces, ¿con qué perspectiva ve Rodríguez-Vigil aquel episodio? «Era algo absurdo, un disparate, pues no había posibilidad de que robaran nada. Y cuando eso es así, sin obtener ningún tipo de ventaja, quedas atónito. Por eso se pica», explica el expresidente, de 78 años. «Engañaron al consejero (por Zapico), a Julio Paquet, a Manuel Alperi... Gente de primer nivel. Todavía es el día en que me pregunto qué querían hacer porque no había manera de estafar ni una sola peseta. Todo lo que se podía sacar había que pagarlo con certificaciones de obra».

Y hasta tres veces repite la palabra 'nunca' cuando se le pregunta si se arrepintió alguna vez de haber dimitido. «Hice muy bien alejándome por completo de cualquier actividad política. Me ha servido mucho para conocer a la gente y para situarme en un escepticismo militante». Un «escepticismo 'voltairiano' (de Voltaire)» sobre «la política regional, la cultura regional, los políticos...».

Su decisión de renunciar al cargo sigue considerándose un ejemplo de ética en el ejercicio de la política. «Es que pertenezco a una familia que es republicana desde mediados del siglo XIX y donde hay un esquema moral muy riguroso. Pertenezco a una cultura no tanto del republicanismo político como del republicanismo moral y eso tiene unas connotaciones y una forma de ser. Lo peor que puedes hacer es el ridículo. Y aunque tú no hayas movido los hilos del ridículo caes en el ridículo, lo mejor es irse». «A mí -continúa- no me costó ningún trabajo». Rodríguez Vigil, abogado, era funcionario del Cuerpo de Administradores del Estado.

«Además, no tenía ninguna gana de seguir tampoco. Estaba harto, por otro lado». Ya entonces, en una entrevista con EL COMERCIO antes de que estallara el caso, Rodríguez-Vigil apuntaba que «estos cargos... para quien los ambicione. Creo que estas cosas se asumen por sentido de la responsabilidad» y mencionaba, como lo hace ahora, una novela de Alan Sillitoe, 'La soledad del corredor de fondo'. «Hay una frase del hospiciano que se me quedó grabada. 'Fulanito, ¿por qué corre? Fulanito corre porque tiene que correr'. Cuando ves que estás corriendo porque tienes que correr lo mejor es sentarse en una piedra y dejar de correr. En esa actitud moral estaba entonces por muchas razones».

De la actual clase política dice «no ser precisamente un fan. El grupo complejo que hizo la política de los primeros años de la Transición no tiene nada que ver con la gente de ahora. Ni en formación, ni en estatus profesional, ni en ideas ni en proyectos a largo plazo. La mayor parte de los proyectos que se realizan fueron diseñados entonces. En Sanidad se sigue pedaleando en el camino que diseñe. Y han pasado años».

El mismo día de su renuncia, el propio Rodríguez-Vigil encargó tomar «cuantas medidas sean precisas para aclarar cada uno de los extremos que han llevado a esta situación». Se constituía así una comisión de investigación de la que formaron parte, entre otros, Gaspar Llamazares y Xuan Xosé Sánchez Vicente.

«Era inevitable: por la implicación del Gobierno y lo que pudo haber fallado para darle credibilidad a sus promotores, pero tuvo poco contenido al verse frustrado el burdo engaño», afirma Llamazares. «Fue una comisión amarga, en especial para mí y para IU, que vio frustrado su primer intento de condicionar al Ejecutivo de Vigil en minoría en el momento álgido de la reconversión industrial. No obstante, condicionó la actitud de los gobiernos posteriores ante las iniciativas de reindustrialización».

Y añade Sánchez Vicente: «Hubo mucho ruido en la comisión contra el Gobierno por la gestión, la incompetencia... Pero no hubo más que eso, críticas, porque había poco que 'morder', ya que no salió ningún duro para ningún sitio. No hubo más engaño que esa ficción en la que nadie sabía qué pretendía Lauze, si representaba a alguien o no y quién había detrás». El francés fue condenado a una multa de 250.000 pesetas y un año de cárcel. No llegó a entrar por edad y se declaró insolvente. Tenía antecedentes por estafa y falsificación de documentos.