El Principado evaluará a sus funcionarios y retirará el destino al que repita suspensos

El vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, presentó ayer a los sindicatos su borrador de ley de empleo público, texto diseñado como una pieza más de la reforma de la administración en la que se ha embarcado. Su objetivo es negociarlo con las centrales y remitirlo a la Junta General a final de año, para poder lograr su aprobación a mediados de 2022, según les expuso.

La propuesta crea el puesto de subdirector general, acota los casos en los que cabe la selección por libre designación, fija plazos máximos en los procesos de selección y tiene en el sistema de evaluación una de sus grandes novedades. El texto establece que los empleados públicos serán sometidos a un examen que mida su rendimiento y conducta.

La propuesta no delimita por ahora quién hace el examen ni qué es exactamente lo que se tendrá en cuenta, más allá de describir que lo que se quiere es comprobar el desempeño y dedicación de una forma objetiva y por todos conocida. La definición final dependerá de la negociación o el desarrollo reglamentario. Eso sí, ya se avanza que el resultado de la prueba tiene consecuencias.

Para quienes lo superen genera derecho a cobrar el nuevo plus por productividad, que sería de aplicación a los funcionarios del grupo A y B al año siguiente de la aprobación de la ley, lo que de cumplirse el pronóstico de Cofiño sería a partir de 2023. Según el informe de personal de los últimos presupuestos, descontado el ámbito docente son alrededor de 1.300 los empleados públicos en esos grupos.

El borrador no acota la cuantía de ese complemento. Señala que la bolsa de dinero que habrá para este reparto se fijará en el presupuesto autonómico, los criterios serán aprobados por el consejo de gobierno, y que luego cada consejero se encargará de aprobar las cuantías a cada departamento y empleado.

Hay, por tanto, un incentivo positivo, pero también otro negativo. Aprobar la evaluación es un requisito para mantener la titularidad de los puestos obtenidos por concurso. En la propuesta hecha a los sindicatos, dos suspensos consecutivos supondrá también la pérdida del destino al que esté adscrito el funcionario de carrera evaluado. La ley impide expulsarle de la función pública, pero se le penalizará con un cambio de destino.

Otra de las novedades del sistema que propone el borrador estriba en que la Administración se impone plazos máximos para resolver sus procesos de selección. En el caso de las ofertas públicas de empleo (OPE) las plazas deberán tener dueño antes de tres años. En los concursos, no podrían pasar más de seis meses.

Tal y como avanzó este periódico, el borrador incluye la creación de un nuevo puesto en el escalafón: el de subdirector general. Se trata de un alto funcionario que ayudaría al director a coordinar sus servicios. Solo se prevé su creación donde existan al menos cuatro jefaturas de servicio y a este nuevo personal directivo se le seleccionaría por libre designación de entre los funcionarios de carrera del grupo A, subgrupo A1.

El borrador restringe la libre designación, permitiendo solo acudir a ella para esas subdirecciones generales, y de forma excepcional, para las jefaturas de servicio siempre que se justifique, así como los conductores de los consejeros, y los directores de centros.

Una de las metas de la norma es facilitar la carrera horizontal, pero también aquilatar los supuestos en los que la administración puede aplicar una movilidad forzosa de su plantilla. En el caso de funcionarios en puestos no singularizados, se abre la puerta a cambiarles de área por necesidades de servicio siempre que no se les cambie de concejo. Un cambio activado por esta razón no podrá durar más de un año según el planteamiento inicial hecho a los sindicatos.

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