El Principado aprobará una ley para poder pagar un plus a sus funcionarios más productivos

El Principado sigue quemando etapas en su lucha por modernizar la Administración. El primer paso fue desbloquear los concursos que reducirán la proporción de trabajadores temporales dentro de su plantilla. El segundo es una 'ley ómnibus' que está a punto de aprobar y que aligera la burocracia en procesos urbanísticos y de evaluación ambiental. El tercer frente en el que se trabaja es un anteproyecto de Ley de Empleo Público que remitirá a la Junta General en el segundo semestre.

El texto aspira a romper con varias de las rigideces que ahora lastran al Principado. Una de ellas pasa por premiar al trabajador que más trabaja. «No pretendemos hacer grandes revoluciones pero sí modificar cosas en la dirección correcta», presenta el vicepresidente, Juan Cofiño.

La idea que madura es que la nueva norma respete la existencia de un salario base «para todo el mundo, que es algo que está en la legislación, pero sobre ello pongamos una capa de variable al menos para todos los puestos de gestión singularizables y evaluables por objetivos». Ese complemento no se limitaría a directores generales o jefes de servicio; «eso sería lo mínimo, pero queremos ir también más abajo, situar en la ley una posibilidad que, por cierto, ya tiene la Administración General del Estado».

El proyecto exige identificar dentro del Principado «los puestos que son relevantes a efectos de gestión y someterlos a objetivos anuales, transparentes, claros», detalla Cofiño. Es algo «que hace la inmensa mayoría de las empresas y la Administración General del Estado», insiste.

El vicepresidente deja abierto el porcentaje de salario que podría ir ligado a este cumplimiento de objetivos, pero sostiene que «debe ser lo suficientemente relevante como para que actúe de elemento motivador, como ocurre en el resto del mundo». Con todo, el sistema que valora no dejaría cerrada la cuantía de ese plus para cada puesto de gestión, sino que apunta más bien a «que exista una bolsa de dinero, y que sea el presupuesto y los departamentos los que decidan qué volumen de recursos adscriben a esta finalidad».

Cofiño es consciente de las resistencias que puede suscitar un sistema como este, pero fija posición: «Para mí este es un elemento imprescindible, innegociable, aunque lógicamente lo negociaremos».

El equipo convocado por el vicepresidente para dar forma al anteproyecto ha llegado también a la conclusión de que el nuevo texto debe dejar por escrito qué jefaturas de servicio y puestos similares deben quedar reservados a la libre designación. «Aunque a veces tiene mala prensa, quien está en la gestión sabe que este sistema de provisión es a veces necesario; será polémico pero creo firmemente en ello», argumenta.

La libre designación permite al director general elegir a sus jefes de servicio de entre los funcionarios que tienen la escala y nivel requeridos, y estén interesados en el puesto. Es un sistema que suscitó debate durante los gobiernos de Vicente Álvarez Areces. Sus partidarios lo reclamaban como fórmula para evitar que el funcionario se estanque en puestos claves. Sus detractores consideran que promueve a empleados más dóciles.

Los nombramientos por esta vía han sido objeto de diferentes sentencias y la idea es que la futura ley especifique y blinde los puestos en los que cabe su aplicación. «Hay que dejar por escrito los casos en los que sea posible», indica Cofiño. El debate está abierto pero se piensa en incluir algunos puestos de jefatura de servicio y «una figura de nueva creación a la que estamos dando vueltas, que sería un coordinador o subdirector general», anticipa el vicepresidente. El nombre está abierto, pero la idea es que por debajo del director general existe un funcionario de referencia coordinado al resto de jefes de servicio.

Además de la retribución variable, la delimitación de la libre designación y ese nuevo puesto aún en busca de nombre, el anteproyecto aspira a romper los candados que dificultan mover al personal hacia las áreas más sobrecargadas. Ello pasa por «organizar la Administración sin tantos cuerpos y escalas, suprimir compartimentos estancos, simplificando de forma que luego podamos hacer una relación de puestos de trabajo (RPT) con un concepto más horizontal», avanza el vicepresidente.

Se trata de un enfoque que permitiría por ejemplo hacer equipos de contratación que pudieran centralizar el trabajo ahora disperso en cada consejería. La ventaja de la reorganización es que debe facilitar la movilidad, tanto en términos de promoción como de cambio de área. «Queremos que un profesional que entre para hacer una cosa no se quede 25 años en la misma silla, que pueda tener una carrera horizontal y vertical; se trata de hacer más atractivo trabajar para el Principado y al mismo tiempo poder adscribir los medios donde hacen falta», avanza Cofiño.

Novedades de la futura ley de empleo público

Plus de productividad. Sería de cuantía variable, ligado al presupuesto y prioridades de cada departamento, para los puestos donde se pueda medir el rendimiento.

Figura de coordinador. Funcionaría como subdirector general, funcionario de referencia para todos los jefes de servicio.

Flexibilidad para cambiar de área. Se simplificarían los actuales cuerpos y escalas, reduciendo su número y permitiendo al profesional tener una carrera horizontal y vertical.

Libre designación. El texto definiría las funciones y puestos que se pueden proveer por este sistema.

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